Tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto que pone reglas a las protestas de empleados aeronáuticos y en medio de la disputa entre el Gobierno y los gremios de pilotos y aeronavegantes, sobre todo con los que nuclean a trabajadores de Aerolíneas Argentinas que endurecieron las medidas de fuerza las últimas semanas en reclamo de mejoras salariales y contra los despidos en la empresa, Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió este lunes la postura sindical y vaticinó que el conflicto “se va a poner mucho peor”.
“El Gobierno está jugando todas la cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares”, afirmó el gremialista en una entrevista con radio Mitre.
Según Biró, la medida dada a conocer por la gestión Milei y explicada en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es “ilegítima” y su sindicato acudirá “a la Justicia local porque el derecho de huelga es fundamental y solo está regulado si existe peligro de la vida”. Y agregó: “También vamos a recurrir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho de huelga es fundamental”.
Este mismo lunes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de Biró: “Cualquier persona que escucha esas declaraciones puede concluir que es amenazante. Lo único que han hecho es complicarle la vida a la gente y a la empresa. Vamos a hacer todo para que estas prácticas se terminen en Argentina”, remarcó el vocero.
En ese sentido, el gremialista, el Gobierno libertario “se ha encargado de tratar de instalar que somos el enemigo público número uno. Cuando no nos asiste la razón tienen un brazo muy poderoso y crean realidades con el lenguaje”, se quejó, al tiempo que analizó que el oficialismo “está buscando alternativas para forzar una privatización de Aerolíneas Argentinas y busca tener a favor la opinión pública generando conflictos y teniendo de rehenes a los pasajeros”.
Asimismo, aclaró que el reclamo “es salarial, no tiene nada de político y no tiene nada de intereses oscuros ni nada de ninguna reivindicación de las cuestiones que están en los convenios colectivos de trabajo, mucho menos con esto que llaman privilegios. Es recomponer los salarios”, insistió.
Biró también sostuvo que en APLA se quedaron sin paritarias en noviembre y diciembre del año pasado. En lo que va del año, estamos 77 puntos debajo de la inflación“, remarcó.
Qué dice el decreto del Gobierno
El Gobierno nacional oficializó este lunes mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei la declaración de la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial.
Así lo dio a conocer bien temprano el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al argumentar que después de las medidas de fuerza que llevan a cabo los empleados de Aerolíneas Argentinas y diversas agrupaciones gremiales que nuclean a pilotos, tripulantes de cabina y servicios de carga y descarga de equipaje, “reclamando por los pasajes en clase ejecutiva para sus familiares (recordemos que reciben pasajes no solo los familiares sino incluso los jubilados de la empresa y se dan incluso para la luna de miel de los empleados), el decreto 831/24 firmado por el presidente Javier Milei publicó este lunes la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 que decreta la esencialidad del transporte aerocomercial”.
De acuerdo a la explicación del funcionario a través de su cuenta de la red social X, “de ahora en más se seguirá el siguiente proceso: si una empresa (Aerolíneas, Intercargo) quiere hacer paro debe avisar con 5 días de anticipación. Se forma una comisión que en 24 horas deberá definir los vuelos que se mantendrán durante la medida de fuerza, que no pueden ser menor al 50% de los vuelos afectados durante la huelga y garantizando la conectividad en las rutas que cuenten con un solo servicio”.
Asimismo, de acuerdo al DNU, “si la comisión no logra un acuerdo, la Secretaría de Trabajo definirá qué servicios deben mantenerse”.
Según Sturzenegger, “lamentablemente el Congreso denegó la posibilidad de privatizar una empresa, que aun manejándose en un contexto de total libertad comercial reitera su vocación de empacharse de privilegios propios a costa del contribuyente. Por suerte a partir del Decreto 831/24 no podrán afectar más los derechos de todos los argentinos”, sentenció el Ministro.