El juez federal Federico Villena busca determinar en los próximos días la situación judicial de los diecinueve tripulantes del Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, afirmó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR. El magistrado ya cuenta con la información de las cajas negras, parte de las pericias de los teléfonos de los tripulantes y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo pero también surgió un elemento que vincularía al avión con una de las empresas sancionadas por sus vínculos con el terrorismo internacional.
Algunos de los pasos a seguir son determinar a qué compañía pertenece legalmente el avión y qué hablaron el piloto y copilotos durante el último vuelo, cuando el avión despegó de Ezeiza hacia Montevideo pero debió regresar a Argentina. Villena debe determinar si hay pruebas de espionaje o actividades ilegales en Argentina.
La causa judicial por el avión de matrícula venezolana varado en Ezeiza desde el 8 de junio dejó a la Argentina en una situación política desventajosa, surfeando entre Venezuela y los Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos con ambos países, enfrentados por la alianza de Nicolás Maduro con el régimen iraní, entre otras razones.
Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.
Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.
La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y va a ser analizada en las próximas horas. Permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.
Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.
Informes
El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada.
Durante el allanamiento a la aeronave el jueves último, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo, afirmó una fuente de la investigación a elDiarioAR, que prefirió no especificar por el momento de qué elemento se trata.
El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.
El venezolano Víctor Pérez Gómez, el gerente general de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes investigados, presentó una denuncia contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing antes de que interviniera la Justicia en el caso y como parte de la documentación que respalda su versión adjuntó un contrato denominado “Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA” y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este expediente contra Glinsky aún no ha sido abierto y la fiscal Incardona debe determinar si considera que debe iniciarse una investigación, explicó la fuente del caso.
Sin embargo, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.
El juez Villena ya solicitó a Emtrasur que acredite la propiedad del avión con documentación, que la compañía venezolana no ha aportado por el momento.
Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.
El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.
La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.
Se corrigió error de tipeo en Aerolíneas Argentinas el 20 de junio a las 14.36.
ED