La influencia que acumula Nicolás Posse sobre el área de Inteligencia, uno de los tantos nichos de interés del todopoderoso jefe de Gabinete de Javier Milei, obliga a prestar particular atención a las políticas ligadas al espionaje promovidas por La Libertad Avanza. A través del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, un hombre de su extrema confianza, el ex Corporación América acaba de decidir avanzar con una iniciativa que puede acarrear tensiones puertas adentro del Gobierno: la de unificar el trabajo de las distintas áreas de inteligencia del Estado en la emblemática sede central de la ex SIDE, ubicada sobre la calle 25 de Mayo, a escasos metros de Casa Rosada.
Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del organismo, la AFI busca “mudar” las oficinas de Inteligencia Militar y de Inteligencia Criminal —ambas direcciones dependientes de las carteras de Defensa y de Seguridad, respectivamente— para que trabajen juntas en un mismo espacio físico. Sus nuevas autoridades defienden la medida como una manera de “eliminar barreras”, además de “profesionalizar” al sector y facilitar la coordinación en las tareas de prevención frente a las denominadas “nuevas amenazas” (terrorismo y narcotráfico).
Sin embargo, pese a ya haber existido una reunión para coordinar la implementación de la iniciativa, cerca de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, plantean dudas acerca de su legalidad. Aducen que, si lo que busca Sívori es que las tres áreas se integren de manera “orgánica y funcional”, se debería llevar adelante una modificación de la ley de Inteligencia. Es algo negado de manera tajante por la AFI. “No cambian las funciones de las direcciones, por lo que no requiere reforma”, explicaron ante la consulta de elDiarioAR. De acuerdo con lo que sostuvieron desde de la agencia, el “trabajo coordinado” es justamente uno de los objetivos estipulados en la ley 27.126 votada en 2015 en medio de la conmoción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
¿Acaso en el entorno de Bullrich interpretan la jugada de la AFI como una extensión del brazo indiscreto de Posse en asuntos que consideran potestad exclusiva del Ministerio de Seguridad? Es una sospecha que no se corresponde con la postal de unidad exhibida por ambos funcionarios durante la reciente visita a Buenos Aires del director de la CIA, William J. Burns. El jefe de Gabinete y Burns habían tenido su primer acercamiento en enero pasado, en medio del viaje que realizó a Washington el funcionario argentino. Uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Milei es fortalecer los lazos con las agencias internacionales y replicar varios de sus modelos, por eso ponen como ejemplo de éxito la centralización lograda en materia de inteligencia por los Estados Unidos.
Lo cierto es que en aquel encuentro convocado por Sívori a principio de marzo, con el fin de comenzar a formalizar la integración de las direcciones que conforman el Sistema de Inteligencia, la ministra Bullrich no estuvo sola. La acompañó su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. Luis Petri, en cambio, no contó con la presencia de Marco Alberto Constenla, un comodoro retirado de la Fuerza Aérea que había sido nombrado unos pocos días antes como secretario de Estratégica Militar. El cónclave, que tuvo lugar en Casa Rosada, transcurrió bajo la atenta supervisión de un funcionario de la Jefatura de Gabinete de estrechísima relación con Posse, tan gravitante como tapado: el brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional.
Director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa entre 2015 y 2019, Antelo es apuntado como el responsable del desembarco de un nutrido grupo de exmilitares en varios puestos claves de conducción de la AFI. Por ejemplo, en la actual estructura del organismo, quien se encuentra inmediatamente por debajo de Sívori, a cargo de la Secretaría de Producción de Inteligencia Nacional, es un coronel mayor retirado que entre 2013 y 2015 estuvo al frente de la Agrupación Inteligencia de Campo de Mayo.
Pese a que constituye un hecho inédito en 40 años de democracia, como analizó el CELS en un informe, en el Gobierno desdramatizan la presencia castrense en “La Casa”. Lo justifican con el argumento de que todas las personas que fueron designadas en la AFI a lo largo de los últimos meses ya no formaban parte de las Fuerzas Armadas y que están allí porque cuentan con algún grado de experiencia en materia de espionaje. Es justamente ese punto el que desata mayor polémica: con figuras formadas en el ámbito de la inteligencia militar a cargo de los principales resortes de un organismo dedicado a la inteligencia civil, el límite entre la defensa nacional y la seguridad interior podría quedar, en la práctica, desdibujado.
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