Un allanamiento realizado este jueves en la sede local de AstraZeneca para obtener copia de las computadoras del laboratorio agudizó la tensión en los tribunales federales de Comodoro Py y retrasó la exposición de la compañía en el Congreso, que debe rendir cuentas sobre las demoras en la entrega de vacunas contra el Covid-19, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales y legislativas.
A casi tres semanas de la audiencia informativa en la que los proveedores de vacunas contra el coronavirus debían comparecer en la Cámara de Diputados, AstraZeneca y las autoridades aún no han podido confirmar cuándo expondrá la farmacéutica aliada de Oxford para explicar las demoras en la entrega de las dosis pactadas en el contrato con el Estado nacional, confirmaron fuentes del oficialismo en la cámara baja.
Mientras continúan las negociaciones entre el equipo del presidente de Diputados, Sergio Massa, y representantes extranjeros del laboratorio, la reunión que se esperaba poder concretar este martes seguiría dilatándose al menos una semana más, confió una fuente al tanto de las conversaciones. La dilación tiene un motivo central: la Justicia federal allanó este jueves la sede de AstraZeneca en Buenos Aires en busca de una copia de las computadoras y comunicaciones entre la sucursal local y la casa matriz.
La medida, que desencadenó una interna entre los magistrados que intervienen en el expediente, terminó con resultados truncos, según pudo confirmar este medio de dos fuentes directas de la causa.
El fiscal Guillermo Marijuan investiga si AstraZeneca habría cobrado los adelantos millonarios del Estado nacional (un total de US$53,8 millones) a sabiendas de que no podría cumplir con la entrega de las vacunas. El contrato firmado en 2020 establecía que el laboratorio debía entregar 22,4 millones durante el primer semestre de 2021, pero las vacunas recién comenzaron a ingresar al país a fines de mayo y tras la apertura de la causa judicial. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró en la causa que el contrato no estaba incumplido mientras las vacunas comenzaran a llegar antes de fines de junio, como terminó sucediendo.
La causa ha generado varios roces entre el fiscal y el juez del caso, Julián Ercolini, en torno a las medidas requeridas por Marijuán, en especial por los pedidos de allanamiento a la sede local de AstraZeneca, que se concretaron este jueves con resultados inesperados: los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron para realizar una copia forense (back up con cadena de custodia) del contenido de todas las computadoras del laboratorio pero cuando llegaron no encontraron nada, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes con acceso directo al expediente.
Los representantes de AstraZeneca les informaron que debido a la modalidad de trabajo remoto por la pandemia, las computadoras que buscaban se encontraban en los domicilios de sus ejecutivos y empleados, afirmó una de las fuentes del caso. La fiscalía no cuenta con los datos de esos domicilios y no prosiguió con la medida, explicó una fuente judicial. Tampoco cuenta con los datos del servidor o precisiones sobre los dominios de los correos.
El pedido de allanamiento había sido solicitado por el fiscal el 17 de mayo. Entonces, el juez lo denegó y sostuvo que existen medidas menos invasivas para obtener las comunicaciones virtuales entre los ejecutivos de AstraZeneca.
Marijuan apeló ante la Cámara Federal porteña y el tribunal tomó una decisión recién este miércoles, un mes más tarde. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi fallaron a favor de Marijuán y declararon la nulidad de la decisión del juez Ercolini de buscar medidas alternativas al allanamiento y secuestro de las computadoras, según el fallo al que accedió elDiarioAR.
Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para ayudar a poner fin a la pandemia.
Tras el fallo de la Cámara, el juez ordenó a la PFA realizar una copia forense de los CPUs de AstraZeneca en el lugar, sin secuestrar las computadoras físicas y evitar la “parálisis” de la compañía, explicó una fuente judicial.
El allanamiento tenía como objetivo acceder a las comunicaciones y correos electrónicos entre cuatro de los ejecutivos de AstraZeneca en Argentina -quienes participaron de las negociaciones con el ministerio de Salud- y sus jefes a nivel global “que se mantuvieran con posterioridad a la celebración del contrato y hasta la actualidad” sobre la entrega de dosis, según consta en el expediente.
Esta semana, tras una segunda orden del juez Ercolini, el ministerio de Salud se comprometió a entregar esta semana copia de los correos electrónicos que las autoridades del organismo mantuvieron con los cuatro ejecutivos de AstraZeneca investigados en la causa. Con esa información, además, el fiscal podrá conocer las direcciones de e-mails y solicitar acceso a través de Microsoft, dijo una fuente del expediente a este medio.
La hipótesis del fiscal se centra en que la farmacéutica podría haber incurrido en delitos contra la administración pública al cobrar un adelanto millonario sin poder garantizar la entrega de las vacunas o incluso dilatando las entregas pactadas en el contrato con Argentina para marzo y abril, a pesar de haber cobrado US$53,8 millones.
En el juzgado, sin embargo, prefiere dar pasos con pie de plomo. En la Cámara Federal lo saben, y dicen no ser ajenos al contexto del avance de este expediente, aseguró una fuente del tribunal de apelaciones con acceso al expediente. Prudencia, riesgo, politización, son algunas de las palabras que evocan en el juzgado y en los despachos de los camaristas que intervienen en la causa, quienes, al pasar, mencionan también la buena relación entre el fiscal y Massa. “Existen otros mecanismos o medios de obtención y/o protección de la prueba que sugiere el señor fiscal menos intrusivos que el peticionado, por lo cual disponer la medida pretendida se advierte desproporcionada con la afectación al derecho constitucional que se pretende”, sostuvo el magistrado al denegar los allanamientos en mayo.
El juez tampoco autorizó el secuestro de los teléfonos celulares de los ejecutivos. “Llevarse las computadoras del laboratorio, como de cualquier empresa, implica paralizarla, en un contexto en el que lo central es garantizar la provisión de vacunas y actuar con prudencia”, explicó una fuente judicial ante la consulta. Marijuan, en cambio, señaló “la necesidad y la urgencia de la medida”, que entendió “se encontraba suficientemente fundamentada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino”.
Existen otros mecanismos o medios de obtención y/o protección de la prueba que sugiere el señor fiscal menos intrusivos que el peticionado.
En su declaración como testigo en la causa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que el laboratorio no estaría incumpliendo el contrato mientras comenzara a entregar vacunas antes del 30 de junio y que AstraZeneca tenía demoras en las entregas a nivel mundial debido a problemas con insumos en el extranjero y con controles de calidad.
Los retrasos en las entregas del laboratorio fueron a nivel mundial, explicó la ministra Vizzotti en la causa.
“Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para ayudar a poner fin a la pandemia”, sostiene AstraZeneca en su sitio web. Voceros de la compañía explicaron que la empresa se comunica con los medios a través de sus comunicados oficiales.
La medida se encontraba suficientemente fundamentada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino.
Negociaciones en Diputados
AstraZeneca y otros cuatro proveedores de vacunas contra el Covid-19 debían comparecer ante Diputados el 8 de junio, pero sólo se presentaron ante los legisladores el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y el presidente de Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, a cargo de la producción local de la vacuna Sputnik V.
En los últimos días, el rumor entre los legisladores era que este martes una alta ejecutiva de AstraZeneca en México se conectaría en una audiencia virtual con los miembros de las comisiones de Salud y Legislación General de Diputados. En el bloque oficialista afirman que esta no será una buena semana y que creen que se concretará recién a mediados de julio.
Un representante de AstraZeneca, quien dialoga para coordinar la audiencia, le adelantó a sus interlocutores en el Frente de Todos (FdT) que tienen “la mejor predisposición” para concretar la reunión; que no pudieron estar presentes el martes 8 de junio, fecha en la que estaban citados “bajo apercibimiento de ley” para comparecer por “problemas internos con el área de compliance”, que les demandó más tiempo para preparar su exposición ante los diputados; y que preferían postergar el encuentro del martes mientras esté fresco el efecto de los allanamientos ordenados este jueves en la sede de la compañía.
El jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, tiene cita con las comisiones de Salud y Legislación General el 8 de julio para exponer sobre los contratos de las vacunas con diferentes laboratorios, fecha en la que Massa también podría coordinar con AstraZeneca.
Rusia y China: la espera diplomática
Los diputados de la oposición ya presentaron hace unos diez días su pliego de preguntas para enviar al Fondo Ruso de Inversión y al Instituto Gamaleya, en Rusia, por vía diplomática. Lo mismo harán con China, por el contrato con Sinopharm. Fueron las pautas que establecieron ambos laboratorios ante la citación de Massa.
Sinopharm ya cumplió con la entrega de 4 millones de dosis en febrero-marzo; y firmó otro contrato por otras 6 millones de vacunas y acaba de firmar un acuerdo comercial con el Ministerio de Salud de la Nación para proveer 24 millones de vacunas más al país en tres tandas. En la más cara del mercado: US$20 la dosis.
En el caso de Rusia, la diputada Graciela Ocaña, por ejemplo, incluyó entre las preguntas del interbloque de JuntosxelCambio que se informe “el plazo de espera entre la aplicación de la primera y la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en Federación Rusa”; “si se cumplirá con la entrega de las segundas dosis de la vacuna” y “el porqué de las demoras existentes en la actualidad”; y “cuáles han sido los estudios realizados para establecer el periodo de 3 meses entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna en la Argentina, dado que según detalla el estudio científico publicado en la Revista The Lancet, el plazo óptimo de espera sería de 21 días”; entre otras preguntas a las que accedió este medio.
También para mediados de julio, los diputados esperan poder escuchar e interrogar al representante de otro de los proveedores de vacunas que firmó un convenio con el Estado nacional: el mecanismo denominado Covax, que cobró un adelanto de US$32,1 millones para proveer unos 9 millones de vacunas pero que también viene atrasado en las entregas.
Además, en el equipo de Massa evalúan escuchar también a representantes de Moderno y Cansino, dos de las vacunas ya autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), según una fuente del oficialismo en el Congreso.
ED