La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman de Juntos por el Cambio (JxC), una medida solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía, en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio de la titular del Senado el 1 de septiembre pasado.
Por mayoría, el tribunal de apelaciones decidió revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, y habilitar la medida, aunque ahora para hacerse efectiva requiere autorización de la Cámara de Diputados por la Ley de fueros, indicaron fuentes judiciales.
La expectativa de que pueda encontrarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja. Se debe, entre otras cosas, por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados querellantes cuando se realizó la audiencia para reclamar que se realizara de todas formas.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes votaron a favor de autorizar la medida, demarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-”, según surge del fallo.
La búsqueda de información en el celular del diputado deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron los camaristas.
Para ello, -explicitaron Bruglia y Bertuzzi- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo - imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
La “pista Casablanca”
La denominada “pista Casablanca” o “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara baja, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que el legislador haya pronunciado dicha frase.
La reunión en el bar Casablanca frente al Congreso Nacional, que en principio fue desconocida por las asesoras de Milman es sus respectivas declaraciones testimoniales, fue probada por imágenes de cámaras de seguridad y luego reconocida por ellas mismas.
A mediados de mayo, otra mención en el expediente puso a Milman bajo la lupa: su exsecretaria Ivana Bohdziewicz dijo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad, titular en uso de licencia del PRO y candidata a presidenta, Patricia Bullrich.
Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.
“El secuestro del aparato celular del diputado Milman, encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi.
“Ya hemos dicho (en resoluciones anteriores) que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”, remarcaron los jueces.
Sin embargo, Mariano Llorens, el tercero de los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal porteña, opinó que no había material probatorio suficiente que habilitara a avanzar con una medida como la que pedían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Rívolo.
“No hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, sostuvo el camarista.
“No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal”, argumentó Llorens.
LC con información de agencia Télam