HASTA DÓNDE LLEGA LA TRAMA
La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.
Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.
La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.
Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?
Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.
Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?
Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.
En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.
Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.
Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.
Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.
“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.
Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.
-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.
-Yo tampoco lo entiendo.
Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.
Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.
Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.
Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.
La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.
Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.
La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.
La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.
Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.
En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.
ED
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