Un grupo de intelectuales afines al Frente de Todos emitió un documento de respaldo al Gobierno y especialmente a la fracción referenciada en el presidente Alberto Fernández. El texto se titula “La unidad del campo popular en tiempos difíciles” y comienza con la pregunta en torno a: “¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una fuerte capacidad de interpelación social?” El espíritu del manifiesto puede sintetizarse en una de sus tesis: “Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente”. Uno de los fundamentos últimos de la presunta necesidad de esta moderación en el momento presente es la inexistencia de procesos de movilización social y política comparables a los que se produjeron en otros tiempos, ya que “la política consiste —afirma el documento— en crear posibilidades y en diseñar nuevos caminos. Sin embargo, esa creación surge de las vivencias y las movilizaciones de la sociedad”.
El dato curioso o por lo menos llamativo es que a lo largo de todo el texto no aparece mención alguna al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está en el centro del debate político de la hora. Lógicamente, el tema está implícito en el documento, pero no se lo nombra. Es una misiva que apoya un pacto que, sin embargo, no puede nombrar.
Dos experiencias demasiado recientes como para ser ignoradas desmienten los argumentos de este elogio a la sobriedad.
En 2015, el griego Alexis Tsipras llegó al Gobierno de la mano de una coalición autodenominada de “izquierda radical” (Syriza). Su ascenso se produjo tras seis años de planes de austeridad que afectaban a varios países de Europa luego de la crisis económica de 2008. La coalición se presentó como una alternativa por izquierda a los partidos del llamado “extremo centro” (Nueva Democracia y Pasok) que se alternaban en el poder para implementar el mismo programa neoliberal. A la cabeza de la administración, Tsipras gobernó en contra de la hoja de ruta que había prometido y hasta de las decisiones de su propio pueblo, como sucedió tras el referéndum en el que ganó el no a las condiciones que quería imponer la famosa Troika (Banco Europeo, Comisión Europea y FMI), por más de un 61% de los votos. La propuesta de actuar con moderación, regido por la ley de hierro de la “ética de la responsabilidad” y en función de una negociación que no provoque males mayores no detuvo el ímpetu salvaje de la Troika, sino que evidenció la debilidad del gobierno griego, su falta de consistencia y otorgó mayores posibilidades a un adversario que exigió más y fue por todo. La economía griega quedó hundida, su soberanía entregada y su sociedad hipotecada. El corolario fue el amplio triunfo de la coalición de derecha Nueva Democracia en las elecciones generales de 2019. El nuevo Gobierno implementó el Tercer Memorándum (acordado por Tsipras), impuso una relativa paz social (basada esencialmente en la desmoralización provocada por el fracaso de Syriza) y reforzó las reformas neoliberales: privatizaciones, precariedad en las relaciones laborales y reforma de las pensiones.
El segundo ejemplo no es más cercano en el tiempo, pero sí en espacio: Brasil. “Con esfuerzo, Dilma Rousseff logró que el PT apoye su duro programa de ajuste”, titulaba la periodista Eleonora Grossman un artículo publicado en el diario Clarín en junio de 2015. Dilma había optado por una estrategia de fuerte contracción económica. Ya en su discurso de asunción había afirmado: “Más que nadie sé que Brasil necesita volver a crecer. Los primeros pasos de este camino pasan por un ajuste en las cuentas públicas, un aumento del ahorro interno, la ampliación de las inversiones y el aumento de la productividad”. Para fortalecer esta perspectiva, la expresidenta de Brasil designó al banquero ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. El plan de ajuste provocó el malestar social, a fines de 2015 la popularidad de Dilma se había desplomado y era bajísima en todos los sectores de la sociedad brasileña, incluso en el norte y el nordeste (un bastión lulista) donde el apoyo a la expresidenta se derrumbó hasta llegar a un 10%. Sobre esa extrema fragilidad política actuó el golpe institucional que la desalojó del Gobierno y que no operó en el vacío.
Por último, y contra esta evidencia de la historia reciente, los “girondinos” argentinos apelan a la pasividad social como fundamento de necesidad de la moderación. Es un argumento recurrente muy emparentado con el de la famosa “correlación de fuerzas” y que se parece demasiado a una profecía autocumplida. Entre otras cosas, porque no indaga sobre las casusas de la presunta “desmovilización” (que en el caso argentino es relativa si se toman los acontecimientos que fueron desde la toma de tierras en Guernica hasta las protestas ambientalistas) y no la explica.
Sobre este punto es tan falaz el razonamiento que asegura que las bases (sindicales o sociales) siempre están dispuestas a la acción contra las direcciones que frenan, como la proposición contraria: que las direcciones siempre expresan genuinamente el sentir y la disposición de sus bases. Si esto último fuera cierto, habría que caer en la cuenta de que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no quieren pelear nunca jamás porque esa fue la actitud de la CGT en los últimos años.
Pero, además, ¿a cuántas acciones, movilizaciones o huelgas convocaron las direcciones de los sindicatos o “movimientos sociales” y no recibieron el respaldo de sus bases? La última acción colectiva de magnitud con una convocatoria relativamente digna (y amplia) tuvo lugar en diciembre de 2017 contra la reforma previsional del macrismo y logró una participación contundente al punto que se transformó en el principio del fin del Gobierno de Mauricio Macri. La mayoría de los dirigentes sindicales y sociales trabajó para reconducir esa calle hacia el Palacio. Como sucede con el argumento de la “correlación de fuerzas” la cuestión culmina en un círculo vicioso: se trabaja con ímpetu para la desmovilización y luego hay que moderarse porque la sociedad está desmovilizada. Se responsabiliza a la sociedad de las propias (in)decisiones de la política.
La experiencia histórica y la dinámica socio-política, sin embargo, le dan la razón a una de las afirmaciones del documento de quienes proponen el discreto encanto de la cordura: “La moderación no es buena o mala en sí misma”. Es verdad, lo que no tiene es remedio.