En la antesala de la marcha federal en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno decidió salir al cruce de los gremios universitarios en pie de lucha. Mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el veto será total y repitió el argumento del equilibrio fiscal, el mismo que utilizan para todas las iniciativas que impactan en el presupuesto del Estado, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, planteó este lunes que “hay que ser responsables” ya que “los recursos son finitos” y aseguró que “se vienen dando aumentos todos los meses, incluso por arriba de la pauta general del Estado”.
La Casa Rosada se prepara para una semana clave en su pulseada con las universidades. Alumnos, docentes y rectores se alistan para la movilización que tendrá lugar este miércoles 2 de octubre, una demostración de fuerza que inquieta al oficialismo, pero sobre todo a Sandra Pettovello: la ministra de Capital Humano teme que el conflicto escale al punto de repetir la foto de la masiva marcha federal del 23 de abril. Esta vez, la chispa que encendió la pradera fue el anuncio del veto presidencial al proyecto de ley, que el Senado aprobó el pasado 13 de septiembre y que Milei ya anticipó que dejará sin efecto, al igual que hizo con el aumento de las jubilaciones.
Desde que la notificación llegó a Balcarce 50 proveniente del Senado, comenzó la cuenta regresiva de 10 días hábiles que tiene el Presidente para definir su postura, la cual fue reafirmada este lunes por el jefe de Gabinete. “El Gobierno tiene una función definida, no va a hacer nada que afecte al equilibrio fiscal. Quienes sostienen lo contrario deben decir de dónde salen los recursos”, apuntó Francos durante una entrevista con Radio Mitre.
Por su parte, el subsecretario Álvarez señaló que algunos gremios no reconocen los aumentos otorgados y que utilizan como referencia un sistema de empleo público (SINEP) que representa “una porción muy chica del Estado”. Además, en diálogo con Futurock, aclaró que los recientes incrementos salariales no están relacionados con la marcha, sino que se dieron “incluso sin haber llegado a un acuerdo”. “En julio, en la administración pública fue del 3,5%, mientras que en empleados de universidades fue de 7,5%”, indicó el funcionario al frente de la relación con las universidades.
Álvarez también criticó el proyecto de financiamiento porque, a su entender, introduce al Poder Legislativo en una discusión que debería permanecer en el ámbito de las paritarias. “Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó, para después denunciar que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”.
En tanto, en relación a la polémica sobre la cantidad de alumnos no registrados que abrió el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al decir que las universidades “inventan” alumnos para cobrar fondos, Álvarez señaló que una revisión de los datos del sistema de información universitaria reveló que alrededor de 600.000 alumnos no tienen registros de materias cursadas. “Son alumnos que figuran como alumnos, pero cuando pedís datos de la materia, tienen cero datos cargados”, precisó.
“En los últimos 10 años viene creciendo la matricula, pero la cantidad de graduados se mantiene igual. Incluso hay universidades que tienen menos graduados, como la de San Luis. Llama la atención que tengan más recursos, personal, presupuesto y misma cantidad de graduados”, sumó, sin rehuirle a la confrontación.
En los últimos días, Torrendell y Álvarez fueron quienes más preocupados se mostraron internamente por lo que puede llegar a suceder este miércoles. Ambos se reunieron el martes de la semana pasada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de analizar la situación y delinear una estrategia de cara al conflicto, sobre todo en el plano salarial. Sin embargo, las tratativas fueron infructuosas.
El Presidente tiene tiempo hasta el jueves para vetar la norma sancionada por el Congreso. Ese día vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a la marcha de este miércoles 2, que esta vez tendrá como epicentro a la Plaza de los Dos Congresos, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.
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