Durante casi 50 días, el Poder Judicial se negó a intervenir en un hábeas corpus contra el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando finalmente un juzgado tomó cartas en el asunto, la Cámara Federal de Apelaciones porteña sentó las bases para continuar frenando la actuación judicial que busca poner límites al protocolo de orden público y a la represión desmedida y arbitraria de las fuerzas de seguridad. “El caso roza la denegación de Justicia”, dijo a elDiarioAR una fuente de los tribunales de Comodoro Py.
Al menos cinco juzgados y tres tribunales han intervenido ya en el expediente y sólo uno de los juzgados ha aceptado su competencia para analizar la presentación de la legisladora porteña Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST). El caso ya pasó por cuatro fueros distintos durante los últimos dos meses, de acuerdo al análisis realizado por este medio. Actualmente, interviene el juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó la competencia pero cuya continuidad la Cámara Federal porteña puso en duda este jueves.
La presentación de Fierro fue realizada el 18 de diciembre. Fue el primer planteo de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”. La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
La iniciativa prohíbe que sean cortadas calles y rutas. El protocolo establece que los efectivos de las fuerzas de seguridad “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” y que tendrán “especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. La fuerza que utilicen los agentes “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”, aclara la normativa.
Lo cierto es que la última aplicación del supuesto protocolo de orden público distó mucho de la letra escrita. Las fuerzas de seguridad que actuaron durante las manifestaciones por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso actuaron de manera desproporcionada y abusiva, según surge de las imágenes tomadas por camarógrafos y fotoreporteros, además de grabaciones de manifestantes y transeúntes.
La aplicación del protocolo provocó castigos físicos y lesiones a los manifestantes, puso sus vidas e integridad física en riesgo y terminó con detenciones arbitrarias. Más de 20 periodistas y reporteros gráficos terminaron heridos con balas de goma disparadas de forma directa a sus rostros y cuerpos.
La medida “amenaza derechos políticos”, sostuvo Fierro en su presentación, quien solicitó a la Justicia que suspenda el protocolo. Este es el derrotero del hábeas corpus:
- 18/12: El primer juzgado que debía intervenir fue el Juzgado Federal Número 1, con competencia electoral porque el MST hizo la presentación en calidad de partido político. El juzgado rechazó su competencia en el hábeas corpus y envió la presentación a otro fuero: el Contencioso Administrativo Federal, donde se tratan las demandas contra el Estado Nacional.
- 20/12: La Cámara de Apelaciones de dicho fuero, que sortea los expedientes, envió el caso al Juzgado Número 7 en lo Contencioso Administrativo Federal, pero el 20 de diciembre, el fiscal declaró la incompetencia del fuero y el juez envió la presentación al fuero Criminal Correccional Nacional, que entiende en delitos penales comunes.
- 22/12: Dos días más tarde, el juzgado correccional número 28 devolvió el expediente al juzgado 7 en lo Contencioso Administrativo Federal. El habeas corpus fue enviado entonces a la Cámara de Apelaciones de dicho fuero. Sin embargo, el derrotero del expediente seguiría su camino.
- 27/12: El tribunal decidió que debía cambiar de fuero: lo envió de regreso a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Correccional.
- 9/1: Tras varios pedidos de la legisladora Fierro, el fiscal general aceptó la competencia pero se negó a habilitar la feria para tratar el caso con urgencia.
- 11/1: La Cámara de Apelaciones en lo Criminal Correccional habilitó la feria. Envió el hábeas corpus al juzgado número 29. El juez lo rechazó y se devolvió al juzgado 28, que había intervenido en diciembre.
- 16/1: Fierro le solicita al juez del 28 que se declare competente.
- 31/1: Casi dos semanas más tarde el magistrado se declaró incompetente y lo envió a la Justicia penal federal: Comodoro Py. Cae por sorteo en el Juzgado Federal Número 7.
- 5/2 El juez federal Casanello dictó las primeras medidas y solicitó al Ministerio de Seguridad que expliqué los fundamentos jurídicos del protocolo.
- 6/2 El Ministerio responde la solicitud y en base a su respuesta el magistrado dicta una medida cautelar limitando el protocolo, solicitando a la Ministra que arbitre los medios necesarios para instruir a las fuerzas de seguridad a ajustar su accionar a la Constitución Nacional. Fijó una audiencia entre las partes.
- 14/2 Bullrich, Fierro, la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello se reunieron en audiencia, que continuará el miércoles 21.
- 15/2 La Cámara Federal de Apelaciones porteña declaró la nulidad de la medida cautelar que había dictado Casanello a pedido del Ministerio de Seguridad y le pidió al juez que fundamente su competencia. Pocas horas más tarde, la cartera de Bullrich realiza un trámite que no había hecho hasta el momento: pidió al magistrado que se declare incompetente para apartarlo de la causa.
- 16/2 La fiscal Ochoa rechaza el planteo de incompetencia al igual que el juez Casanello, quien continuará a cargo del expediente al menos hasta los próximos días. Su continuidad dependerá de la Sala II de la Cámara Federal porteña.
ED/DTC