La disputa política por el regreso a las clases virtuales o la permanencia de los alumnos en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires se definirá, por el momento, en dos frentes centrales en la Justicia, que tendrán que decidir quién tiene razón en su planteo: la Ciudad de Buenos Aires o el Ejecutivo Nacional, según los fallos, resoluciones, dictámenes y fuentes consultadas por elDiarioAR. Todo indica que, además, la disputa en la instancia federal podría terminar también en el máximo tribunal del país, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. ¿Qué pasará mientras tanto con las clases hasta que la Justicia se expida?
Hasta este martes por la mañana, los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria de la Ciudad debían continuar asistiendo a las escuelas de manera presencial. Así surge de los escritos analizados y la consulta a las autoridades de Nación, de la Ciudad y fuentes judiciales de la Corte. La definición más urgente vendría del fuero federal, sostienen en el máximo tribunal.
Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra la provincia de Buenos Aires.
Este escenario actual fue ordenado por la Justicia porteña el domingo por la noche y dispuesto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta horas más tarde, que debió acatar la orden que tanto esperaba: el Ejecutivo porteño apoya la presencialidad en las aulas al sostener que las clases en las escuelas no generan más contagios de Covid-19 en relación a otros ámbitos de la Ciudad, dijo el jefe de gobierno porteño en una conferencia de prensa.
En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, evaluaba acudir a la Corte Suprema bonaerense para presentar su amparo contra el decreto del gobernador Axel Kicillof, que replicó la medida de Alberto Fernández en su territorio, según informó uno de sus asesores la mañana del martes. Pero este mediodía la municipalidad informó en un nuevo comunicado que seguirá insistiendo con su planteo en una instancia inferior al máximo tribunal bonaerense: la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro. Mientras tanto, hasta que no intervenga la Justicia, en la Provincia las clases serán virtuales hasta al menos el 30 de abril.
Las dos instancias judiciales que deben tomar una definición sobre la problemática que mantiene a millones de porteños en vilo son la Corte Suprema de la Nación, por un lado, y la Justicia federal con asiento en la Capital Federal, por el otro (intervendrá Esteban Furnari, juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal). En esta última, en la Corte plantean que eventualmente también podrían tener que intervenir, pero que quien define en lo inmediato sobre las clases presenciales o virtuales es el fuero federal y que el máximo tribunal intervendría luego si una de las partes presenta un recurso extraordinario ante la Corte.
Ambas instancias resolverán, al mismo tiempo, sobre dos cuestiones diferentes: si el decreto de Alberto Fernández es o no inconstitucional (lo debe determinar la Corte) y, por otro lado, si se ordena a la Justicia porteña inhibirse de intervenir ante la falta de competencia en la materia. El Ejecutivo también pidió al fuero federal anular el fallo dictado por tres camaristas de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó el domingo por la noche sostener la presencialidad en las escuelas porteñas (es el planteo sobre el que deberá fallar el juez federal, si hace lugar al pedido realizado este lunes por el Ejecutivo Nacional en el fuero federal).
Pero primero corresponde resolver si hay un conflicto de competencia entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad. Según una fuente de la Corte, le corresponde a una instancia inferior: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal. Luego el fuero federal debería resolver si debe revocar la cautelar ordenada en el fallo del domingo y revertir la orden de abrir las escuelas porteñas. La Corte intervendría en esta causa sólo ante un recurso extraordinario de alguna de las partes, sostiene la fuente consultada en el máximo tribunal. “Muchos de los conflictos de competencia suelen llegar a la Corte”, explica una fuente del máximo tribunal.
Se trata de dos causas diferentes y van a correr por vías paralelas, explicó una fuente del máximo tribunal del país.
Causa I
En la Corte, el fallo girará en torno al decreto de Fernández, que dispuso el regreso a las clases presenciales en la Ciudad y parte del conurbano bonaerense (el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA) ante el sostenido incremento de casos positivos de Covid-19 en los últimos dos meses.
El gobierno de la Ciudad busca dejar sin efecto ese decreto. Si el máximo tribunal declara que la orden presidencial es inconstitucional (como planteó el gobierno porteño), las clases seguirán siendo presenciales. De lo contrario, podría obligar a Rodríguez Larreta a acatar lo que ordenó el Presidente en el decreto.
¿Qué pasa con las clases mientras la Corte decide? Como ya existe un fallo de la Justicia porteña y como las causas van en paralelos y son dos expedientes distintos, las clases en la Ciudad siguen siendo presenciales hasta que la Justicia (en la Corte o en el fuero federal) falle lo contrario.
El máximo tribunal aún no falló sobre el fondo de la cuestión: si declara o no que el decreto de Fernández que obliga a la Ciudad y el AMBA a regresar a la virtualidad escolar
Lo que hizo la Corte este lunes fue habilitar el análisis del caso: dijo que es competente para tratar el planteo de la Ciudad. Ahora deberá analizar el fondo y fallar sobre el planteo de la Ciudad. Ese fallo podría definir si el decreto que impuso la virtualidad es o no constitucional y por lo tanto, si la Ciudad y la provincia de Buenos Aires están obligadas o no a acatarlo.
Antes de fallar sobre el fondo, la Corte necesita escuchar los argumentos del Ejecutivo Nacional a favor de la legalidad del decreto para imponer esta medida sobre la educación de dos jurisdicciones. Por eso, este lunes la Corte comunicó al Estado Nacional que tiene un plazo de cinco días para realizar su presentación.
Causa II
En la otra instancia que interviene, el fuero federal, todo gira en torno al fallo del domingo por la noche. El Ejecutivo Nacional se presentó este lunes ante ese fallo de la Justicia porteña (la Cámara de Apelaciones en los contencioso administrativo de la Ciudad ordenó al gobierno porteño continuar con las clases presenciales, a pedido de una fundación que presentó un amparo).
La jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, planteó al juez federal Esteban Furnari que los tribunales porteños no tendrían potestad para decidir contra la medida dispuesta por el Presidente y que el magistrado federal debe ordenar a la Justicia porteña que se inhiba de intervenir. Si el juez hace lugar a dicho planteo, debe solicitar a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad (el tribunal que falló el domingo) que le remita la causa y se inhiba.
Si el tribunal porteño se rehúsa, la disputa entre ambos se define en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal, que interviene en las demandas contra el Estado Nacional, y que deberá determinar quién es competente en la causa. Mientras tanto, la orden del tribunal porteño dictada el domingo sigue vigente y las escuelas siguen abiertas, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. Esta última fuente considera que la Corte debería intervenir en última instancia para destrabar el conflicto sobre la competencia. En el máximo tribunal, respondieron ante la consulta que antes deberá intervenir un tribunal de apelaciones inferior a la Corte, que recién intervendría si una de las partes interpone un recurso extraordinario para que lo analicen los jueces supremos.
Ahora bien, si el juez federal falla en contra del planteo de Nación, el fallo del domingo quedaría firme, aseguró una fuente de la Corte. El resultado para los porteños es el mismo: las clases siguen siendo presenciales, por ahora.
Aceite y aceto
A esta ensalada jurídica se suma un segundo planteo ante el fuero federal. Luego de la presentación de Nación, la exministra Patricia Bullrich se presentó ante el mismo fuero con un planteo contrario. Interviene, por el momento, otro juez, par de Furnari. Bullrich planteó que se declare inconstitucional el decreto de Fernández. Es el mismo argumento de la Ciudad ante la Corte, pero en el fuero federal, una instancia inferior pero que puede actuar con mayor rapidez que el máximo tribunal en caso de un amparo. Ahora bien, como Bullrich no es una damnificada directa del decreto presidencial, el juez deberá analizar si tiene entidad para presentar ese amparo.
En el Palacio de Justicia, sede de la Corte, también se hablaba este lunes de una presentación del ministerio de Salud de la Nación solicitando que la Justicia de la Ciudad se declare incompetente para intervenir en el caso (a pesar de que ya lo hizo con un amparo específico, el de la fundación). La cartera de Carla Vizzotti presentó un escrito ante el tribunal que falló el domingo para solicitar que el fuero se abstenga de seguir interviniendo, según el escrito al que accedió ese martes elDiarioAR. La ministra fue en el mismo sentido que la Jefatura de Gabinete pero en una vía distinta: se lo pidió directamente a la Justicia porteña, mientras que Jefatura lo planteó en el fuero federal. Una estrategia doble.
¿Qué pasa en Provincia?
A este escenario, se sumó este lunes otro frente pero relacionado con las clases en la provincia de Buenos Aires. Luego del decreto de Fernández, el gobernador Axel Kicillof firmó su propio decreto para ratificar la virtualidad de las clases en su jurisdicción.
El intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri (Junto por el Cambio), presentó este lunes al mediodía un amparo ante la Justicia de San Isidro solicitando que declare inconstitucional el decreto de Kicillof y habilite que continúen las clases presenciales en los municipios afectados por la medida del gobernador, según el escrito al que accedió este medio. La respuesta que obtuvo Jorge Macri este martes es que su amparo contra la gobernación debe plantearse ante la Corte Suprema bonaerense, máximo tribunal de la Provincia.
“Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra PBA”, informaron el martes al mediodía. Acudirá a la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro para apelar el fallo del juez de primera instancia que rechazó su competencia para tratar el amparo.
Trasfondo del trasfondo
La decisión de la Corte de este lunes se tomó en el marco de una pelea jurídica: si el máximo tribunal es o no competente para decidir sobre los planteos que hace el gobierno de la Ciudad contra decisiones del Estado Nacional. La resolución a favor de intervenir fue por mayoría, no fue unánime: la jueza Elena Highton de Nolasco votó contra la Ciudad y sostuvo, como viene planteando en otros expedientes, que la Ciudad no tiene potestad para reclamar ante la Corte por decisiones del Ejecutivo Nacional.
La discusión sobre si el gobierno porteño puede acudir ante la Corte Suprema de la Nación ya fue discutida entre los ministros del máximo tribunal. La Constitución Nacional habilita a los gobiernos de las provincias a presentarse ante la Corte en estas circunstancias. Highton sostiene que la Ciudad no puede equipararse a las provincias. Sus colegas, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Rosenkrantz establecieron que sí puede equipararse.
El conflicto por las clases presenciales o virtuales quedó enmarcado no sólo en torno a la crisis general desatada por la pandemia del Covid-19 sino también es la contienda política entre el oficialismo y Juntos x el Cambio y hasta en cuestiones mucho más profundas que una pelea en año electoral: vuelve a poner sobre la mesa qué alcance tiene la autonomía de la Ciudad.
*Esta nota se actualizó el martes 20 de abril a las 09:38 horas y a las 11:35. Se modificó además el título original luego de que, ante sucesivas consultas que continuaron durante la mañana del martes, se planteara una diferencia entre la postura de una fuente de la Corte y la de una fuente de la Justicia porteña sobre el rol de la Corte en la disputa. Las posturas se explican en el artículo y tienen que ver con los tiempos de intervención de la Corte en la causa originada por el Estado Nacional en el fuero federal.
ED