La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar los DNU presidenciales, fue convocada para el jueves a las 12 para elegir sus autoridades. La intención del oficialismo es elegir como presidente al senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.
Con más de dos meses de demora, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), definió recién este lunes a los ocho integrantes de ese cuerpo que conformarán la comisión bicameral que analiza los DNU, asignándole tres espacios a Unión por la Patria, en lugar de los cuatro que solicitaba, y resolviendo así la cuestión que demoraba la conformación del cuerpo pese a los reclamos de este bloque.
Con la designación formal de los ocho representantes por la Cámara baja, quedó finalmente conformada la comisión, ya que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había hecho lo propio hace más de un mes.
Resuelta la cuestión, la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo será la siguiente: Unión por la Patria 6 (3 diputados y 3 senadores); La Libertad Avanza 3 (2 diputados y 1 senador); el PRO 2 (uno de cada cámara); la UCR 2 (uno de cada cámara); Hacemos Coalición Federal 1 diputado; Unidad Federal 1 senador y Cambio Federal 1 senador.
Es decir que la suerte de los DNU presidenciales es una incógnita, ya que ningún espacio tiene mayoría para imponer sus dictámenes de aprobación o rechazo a la validez de estos instrumentos. Como se indicó en esta nota, de los 16 integrantes se cuentan, entonces, seis rechazos seguros, cinco apoyos seguros y cinco incógnitas.
Serán parte de esta comisión los diputados Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, y Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO (espacio que es aliado incondicional del gobierno de Javier Milei); Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UP). Es decir, tres apoyos seguros a los DNU de Milei, tres rechazos seguros y dos incógnitas.
Estos nombres se suman a los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (CF); Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.
Plazo vencido para tratar el súper-DNU de Javier Milei
La comisión bicameral de Trámite Legislativo es la que debía abocarse al estudio del DNU 70/23, el megadecreto del presidente Javier Milei, dictado el 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes. El plazo reglamentario para que se expida la comisión se encuentra vencido, por eso ahora debería ser analizado directamente en los recintos de ambas cámaras.
Por eso, el 29 de enero, en el período de sesiones extraordinarias, los senadores de Unión por la Patria le solicitaron formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel una sesión para el jueves 1 de febrero con el fin de tratar el súper-DNU en el recinto. Pero la presidenta del Senado aún no realizó la convocatoria. El argumento para rehusarse a hacerlo que circularon en su entorno es que el debate sobre este decreto no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Y que, por lo tanto, hay que esperar a que se inicie el período de sesiones ordinarias, que lo abre el presidente de la Nación formalmente cada 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero antes de llegar a los recintos, el DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.
Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.
Para que caiga tiene que ser rechazado por los plenos de las dos cámaras, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.
JJD
Con información de Télam