La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.
El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.
D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.
Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.
Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.
Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.
El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.
Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.
Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.
De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.
Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.
LC con información de agencia Télam