El oficialismo logró asegurarse que un juez federal ordenara a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la entrega a las autoridades de sus teléfonos celulares, pero el expediente y la eventual incautación de los dispositivos y el análisis de sus contenidos quedará en manos de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, segundo foco de conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. El caso vuelve a exponer los cruces entre los hackeos a funcionarios, denuncias por espionaje ilegal y sospechas de corrupción y tráfico de influencias.
La medida contra Robles no se había concretado al cierre de esta nota, dado que la Policía Federal Argentina (PFA) no había ubicado al funcionario de la Corte en los domicilios donde fue a buscarlo para solicitarle la entrega de los dispositivos. Sin embargo, por el momento, sigue vigente y debe ejecutarse, informó a elDiarioAR una fuente judicial con conocimiento directo del expediente.
En diez días, el juez Rosatti deberá regresar de sus vacaciones para reincorporarse a la Corte. Se estima que Robles tenía planeado retomar sus actividades en la misma fecha. Si lo hace, la Policía Federal deberá presentarse en la sede del máximo tribunal para exigirle que entregue los teléfonos. Robles podría pedir la nulidad de la medida dictada por el juez de Santiago del Estero, aclaró la fuente consultada. Este medio intentó durante los últimos cuatro días comunicarse con el funcionario de la Corte y su defensa pero no obtuvo respuestas sobre su situación judicial.
¿Puede un juez de Capital Federal dejar sin efecto la orden ya librada por su colega santiagueño? “Sí, puede, pero sería muy extraño que eso sucediera”, respondió la misma fuente ante la consulta. Otra fuente judicial afirmó que la Justicia no podría obligar a Robles a entregar una prueba que podría eventualmente incriminarlo en la comisión de un delito.
La orden judicial había sido emitida este lunes por el juez federal número 1 de Santiago del, Guillermo Molinari, tras una denuncia y pedido del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, para supuestamente determinar si son veraces los chats filtrados que Robles habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fallo que el máximo tribunal dictaría a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. D'Alessandro sostiene que los chats filtrados fueron supuestamente adulterados y, tras ser denunciado penalmente, se pidió licencia del cargo.
El juez Molinari hizo lugar la pedido del gobernador Zamora y este miércoles se declaró incompetente -ni los hechos ni las personas denunciadas están relacionados con Santiago del Estero-, tras lo cual envió el expediente a los tribunales de Retiro.
Allí, se acumulan al menos dos denuncias presentadas durante este semana contra Robles por los mismos hechos y que cayeron por sorteo en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo. Uno de los denunciantes es Gustavo Marano, abogado de Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” procesados y detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consta en los registros de sorteos y confirmó el letrado a este medio.
El juez Lijo se encuentra de licencia hasta febrero. El fiscal de turno, Carlos Rívolo, se excusó de intervenir debido a que figura en los supuestos “contactos frecuentes” de D’Alessandro que filtraron quienes hackearon u obtuvieron el contenido de la línea hackeada. Rívolo sostuvo en un escrito que sólo habló por teléfono con el funcionario porteño dos veces por cuestiones oficiales.
Lijo no sólo acumula las denuncias contra Robles. Desde diciembre también quedó a cargo de las denuncias realizadas por D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad y Justicia porteño) por los hackeos de sus líneas de teléfono; y la denuncia realizada por otro de los jueces involucrados en los chats filtrados por presunto espionaje ilegal.
El vocero
Silvio Robles es formalmente el vocero de Rosatti pero es mucho más que eso. El funcionario es la mano derecha del presidente de la Corte, en quien derivó la gestión y filtro de reuniones, diálogos, mensajes y conflictos con la política, el Poder Judicial y el periodismo, entre otros sectores.
Robles es también es encargado de representar a Rosatti en los encuentros y conversaciones en las que el juez prefiere no estar en cuerpo y mente. Quiénes han dialogado con ambos sobre las mismas temáticas han percibido que sus discursos y premisas son casi idénticos, aunque sus estilos son diferentes, a excepción del gusto por la ironía.
Un golpe a Robles es un golpe directo al presidente de la Corte, quien también preside el disputado Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y sanción de los jueces nacionales y federales. Las acusaciones contra Robles podrían incluso ser utilizadas por el oficialismo en el pedido de juicio político a Rosatti.
El expediente que definirá el futuro de los teléfonos de Robles está en una etapa inicial e incierta. Como Lijo está de licencia por vacaciones, la jueza María Servini está a cargo de su juzgado, pero este miércoles la magistrada se excusó de intervenir al asegurar que había mantenido un vínculo personal y familiar con uno de los involucrados: el ministro D’Alessandro. También, dijo la jueza, porque denunció a la Policía de la Ciudad, que en 2022 estuvo a cargo de su custodia cuando Servini fue víctima de un robo en su domicilio.
Tras la excusación de Servini y Rívolo, el caso debe cambiar de juez hasta el regreso de Lijo dentro de más de tres semanas y de fiscal de manera permanente.
Antecedentes
Los hechos que motivaron la denuncia del gobernador Zamora, aliado de Alberto Fernández, se enmarcan en la presunta participación de Robles en una serie de chats supuestamente extraídos del teléfono celular del ministro D’Alessandro, filtrados en un sitio web luego de que el funcionario porteño denunciara el hackeo ilegal de su línea.
El lunes último, el gobernador de Santiago del Estero denunció penalmente a Robles ante la fiscalía federal de su turno en su provincia por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una medida cautelar para que el juez federal número 1 de Santiago del Estero exigiera a Robles la entrega de sus teléfonos con el objetivo de peritarlos y supuestamente determinar si los chats son veraces.
“El juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, escribió el juez Molinari en su fallo.
“En dichos diálogos habrían hecho referencia al fallo que con posterioridad emitiría la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, con motivo de la coparticipación” , sostiene el fallo del juez Molinari, quien resaltó que Zamora considera esos chats una “infidelidad” que, “de ser cierta, por parte de un funcionario de la Corte Suprema, atenta contra la administración de justicia en beneficio de una las partes del proceso”.
El gobernador de Santiago del Estero también solicitó que se indague “sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener (Robles) en la decisión” de su jefe, Rosatti, debido a que, según Zamora, “se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión”.
La denuncia de Zamora fue presentada el mismo día en que el Presidente reunió a un grupo de gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres jueces de la Corte, una medida que no prosperará más allá de la primera etapa del proceso parlamentario (la investigación y publicidad de la acusación) que el oficialismo podrá promover desde la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, ya que es el único espacio del Congreso en el que el Frente de todos (FdT) cuenta con los números necesarios para avanzar con el jury.
ED