El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.
Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo.
El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz.
A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).
La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.
“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.
Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.
En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.
Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.
La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz.
El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas.
Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.
En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia.
La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.
Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento.
En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad:
- Las 51 obras viales adjudicadas a Báez tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta (2007-2015) evidenciaban que no había competencia real entre los oferentes: las diferentes empresas de Báez competían entre sí, lo cual está explícitamente prohibido en la normativa.
- Se había vetado durante más de una década la participación de empresas que no fueran de Santa Cruz o que tuvieran al menos diez años de experiencia en obras en la provincia.
- Existió una cartelización entre las empresas de Baéz y unas pocas constructoras que se prestaron a simular una competencia que no era real para “dar apariencia de legalidad” al proceso.
- Se ampliaron sistemáticamente los plazos de las obras adjudicadas al grupo, superando incluso en una década el tiempo establecido en los pliegos y contratos, y sin justificación aparente. Esta extensión de plazos generaba, además, redeterminación de precios de las obras, también, en detrimento del Estado.
- Los funcionarios también firmaron circulares que cambiaban las condiciones de contratación a favor de las empresas de Báez y en detrimento del Estado una vez que ya estaba adjudicada la obra (aumento de presupuesto en millones de dólares; obras adicionales a la original que deberían haber licitado; ampliación de plazos). A veces, estas modificaciones se realizaban incluso inmediatamente después de la adjudicación de la obra original.
- Decenas de obras fueron abandonadas, quedaron incompletas o su ejecución se extendió durante una década.
Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.
“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento”
Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.
Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.
El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.
La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.
Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños?
“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.
“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo.
Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires.
ED