El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió hoy en el Senado de la Nación el proyecto que se propone imponer penas a quienes denuncian falsamente, entre ellas, las vinculadas a la violencia de género: “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”.
Fue en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), donde se trató la iniciativa que aspira a modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad.
En su alocución, Cúneo Libarona aseguró que “una denuncia de género falsa destruye a una persona” y continuó: “Se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de 'hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así”. Para el titular de la cartera, “gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles”.
“Esta abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social; pérdida laboral… Entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales”, añadió el abogado.
Para Cúneo Libarona, las denuncias falsas son “actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que le produce un daño a otros bienes jurídicos: el honor, la vida, propiedad, etc”. “Nosotros no podemos tolerar la mentira y el engaño y que se abuse del sistema judicial y dañar a otros para obtener beneficios ilegítimos”, subrayó.
A su vez, consideró que una denuncia “no solo daña a la víctima, sino que vulnera a todo el sistema y la credibilidad de las instituciones”. Y reflexionó: “Esta nueva Argentina está en un proceso de restauración moral y no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal y a la policía. No puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal”.
“Tienen que ser castigados los que comenten delitos y máxime los que acusan falsamente de ser víctimas falsos. Nuestro Código Penal necesita una reforma urgente. Estas ideas yo las tenía en mi cabeza hace mucho tiempo atrás. Me resultaba inconcebible cuando tomaba audiencias ver cómo me mentían en la cara… Y es mentirle a la Justicia”, agregó Cúneo Libarona.
Además, no solo focalizó en los casos de violencia, sino que también amplió el espectro al sostener hay “muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales; obtener un seguro falso; perjudicar a una persona; beneficiar a un imputado; crear un juicio laboral”. “Todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y es el Código Penal”, remató.
El proyecto
La senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada reflotó el proyecto de denuncias falsas la semana pasada. Propone modificaciones en el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad.
Si bien el texto fue presentado en 2023 y perdería estado parlamentario antes del inicio del período ordinario 2025, Losada volvería a insistir con la iniciativa el próximo año, aunque no descarta hacer el intento de colarlo en un eventual llamado a extraordinarias, intención difícil de concretar.
Según indica la redacción, si una “falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años”. Mientras que sería reprimido con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente“.
Quedaría exentos de “responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud”.
No hay pruebas de que las denuncias falsas sean un problema extendido
Según un informe de Chequeado, sin embargo, las denuncias falsas no son un problema extendido. El sitio web del Observatorio de Falsas Denuncias, que forma parte de la Fundación Ayudar y Crecer, permite reportar estos casos. Según explicó a Chequeado Elias Bustos, encargado de relaciones públicas de la organización, consultado sobre estadísticas o estudios académicos que dimensionen esta problemática en nuestro país, indicó que están trabajando en el tema, pero no refirió a ningún estudio local.
Sobre mediciones realizadas en otros países, citó un estudio realizado en los Estados Unidos que -según señaló- asegura que 20 millones de personas fueron acusadas falsamente. Sin embargo, se trata de una encuesta online en la que un 8% de los estadounidenses consultados aseguró que fueron acusados falsamente de abuso (incluyendo violencia doméstica, abuso infantil y abuso sexual, entre otras formas); pero no se trata de un análisis de los casos donde la Justicia haya determinado que las acusaciones no tenían base factual.
Por su parte, también cuestionó por “incompleta” una medición realizada en España por la Fiscalía General del Estado. En su memoria anual, el organismo señaló que en 2021 se presentaron “162.848 denuncias por delitos de violencia de género”; de ese total, en 41 casos (0,03%) se inició una causa por denuncia falsa, 16 de las cuales terminaron en un sobreseimiento y 1 fue archivada.
“El porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2021 es del 0,0084%”, agrega el informe español.
El Observatorio destaca que uno de los contextos en los que se concentran las “falsas denuncias” son los procesos de divorcio. Consultada por Chequeado, Sofía Harari, abogada especializada en derecho de familia, estimó que el término “falsa denuncia” es “excesivamente contundente porque engloba distintas situaciones”.
“Existen personas que denuncian un hecho que no existió en la realidad, también existen personas que, en situaciones de mucho enojo, con buena o mala fe, sobredimensionan o le dan una lectura distinta a hechos que antes hubiesen vivido de otra manera”, explicó Harari, aunque aseguró que no conoce qué dimensión tienen esos casos en el total de las denuncias.
La abogada consideró que el principal problema “es la falta de celeridad en la resolución del proceso penal; porque un juzgado toma una decisión preventiva como el impedimento de contacto entre el padre y sus hijos, y después se entra en una maquinaria judicial con plazos largos que pueden llegar a extenderse por años”.
Entre las barreras que afectan la rápida resolución de medidas preventivas, la especialista incluyó al “sistema procesal que tenemos, que es permeable a dilaciones”; también al “cúmulo de trabajo de los juzgados”; y, por último, “la falta de creatividad de algunos magistrados” que pudiendo tomar decisiones más expeditivas no lo hacen.
Con información de la agencia NA y de Chequeado