La Justicia dictaminó esta noche la inhibición general de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro. Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario.
En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.
El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el exmandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.
Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La inhibición también alcanzó a dos exfuncionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’. En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes.
Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradasL anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fechaa. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.
El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la “inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas” detrás del escándalo de los “brokers”.
La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.
Qué implica para Fernández la inhibición de bienes
- No afecta a la jubilación que recibe como exmandatario porque ese ingreso tiene carácter alimentario.
- La medida dispone “el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.
- Se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre todos sus productos financieros.
- El juez le pidió al Banco Central, que le requiera “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de Fernández desde el año 2009, que abarca “la totalidad de operaciones pasivas tales como números de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y/o en moneda extranjera, como también los extractos con los movimientos desde su apertura a la fecha”.
- También “la documentación obrante en las respectivas carpetas de clientes, legajo comercial o legajo legal”, con el fin de “contar con toda la documentación presentada por el cliente al solicitar el producto”.
- La medida comprende incluso “cuentas que estén cerradas en la actualidad y/o que no hayan registrado movimiento”.
- El juez ordenó la remisión de información sobre “operaciones de plazo fijo en pesos y/o moneda extranjera; operaciones activas crediticias de cualquier índole (préstamos hipotecarios y prendarios, descuentos de documentos; transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y recibidos”.
- En el caso de detectarse la posesión de cajas de seguridad, “deberá proceder a franjar” e impedir el acceso a ellas.
- La Justicia busca conocer la existencia “de algún fondo común de inversión”, así como la “compra venta de moneda extranjera; compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega; adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”.
- Ercolini le pidió a la Oficina Anticorrupción, con carácter de urgente, las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) del expresidente y los demás investigados.
MM/IG con información de la agencia NA