El oficialismo no consigue cerrar la polémica por la visita de seis de sus diputados a la cárcel de Ezeiza para encontrarse con Alfredo Astiz y otros genocidas. Representantes de organismos de derechos humanos exigieron este miércoles en una exposición en Diputados la expulsión de la Cámara baja de los libertarios involucrados y la oposición avanzó un paso en su intención de formar una comisión investigadora, aunque la posibilidad de una sanción está aún lejos de concretarse.
La Libertad Avanza pensaba que iba a poder encapsular el debate sobre el viaje a la cárcel luego de que este martes renunciara a la bancada Lourdes Arrieta, una de las “arrepentidas” de la visita que llevó el caso a la Justicia y hasta presentó una iniciativa propia para autoinvestigarse. Además de la mendocina, el escándalo alcanza a Beltrán Benedit –quien fue el organizador–, Guillermo Montenegro –ex mano derecha de Victoria Villarruel–, Rocío Bonacci –otra de las “arrepentidas”–, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra.
“Queremos que se los expulse por visitar a sus amigos. Están deshumanizando la Argentina”, exigió en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida.
“Aquellos que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables para la sociedad argentina. Deberían expulsarlos. No representan al pueblo argentino. Son una lacra, traicionan al pueblo”, cuestionó el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
A su vez, Estela de Carlotto, a través de un texto que fue leído por un representante de Abuelas, planteó: “Es inadmisible que diputados conspiren junto a condenados por delitos de lesa humanidad. Jamás se han arrepentido y no han brindado información sobre los hijos y nietos desaparecidos”. Myriam Bregam, ex diputada del FIT y abogada querellante en causas de delitos de lesa humanidad, reclamó que la comisión sea mixta y que participen los organismos de DDHH. “Queremos que se sepa toda la verdad”, planteó, así como pidió que se vote en el recinto una declaración de repudio.
Luego de la exposición de los invitados, los diputados de la comisión definieron hoy una nueva reunión para la semana próxima un plenario junto con la comisión de Asuntos Constitucionales. En ese cónclave los legisladores tienen el compromiso de definir cuál será el sistema parlamentario para avanzar en una indagación política sobre los libertarios.
Sin embargo el asunto quedó encerrado en tecnicismos porque no hay un acuerdo mayoritario sobre qué debería hacer Diputados: armar una comisión especial para investigar a los oficialistas, sancionarlos o que se declare un repudio generalizado. Como sea, la última palabra la tendrá el recinto, que deberá votar las distintas alternativas que se pongan a consideración como despachos en el plenario de comisiones, afirmó una alta fuente parlamentaria a elDiarioAR.
La inclusión de la polémica en la comisión de Asuntos Constitucionales tuvo como impacto secundario un reclamo del kirchnerismo para que el libertario Nicolás Mayoraz, actual titular de ese grupo de trabajo, no pueda participar con su voto, ya que aparece en los chats difundidos por Arrieta como parte del plan del cura Javier Olivera Ravasi para presentar un proyecto de ley que excarcele a los condenados de delitos de lesa humanidad. La situación generó fuertes cruces de Mayoraz con Cecilia Moreau y Vanesa Siley, de Unión por la Patria.
“No fui a la visita. Jamás iría a una visita de ese tipo. No voy a permitir que me metan en ningún plan de impunidad”, se defendió el libertario, pese a que su nombre aparece en los chats difundidos por su ahora ex compañera de bancada. Finalmente cedió a la presión opositora y su rol en Asuntos Constitucionales lo ocupará su segunda en la comisión, la macrista María Eugenia Vidal. Así, el PRO queda con las riendas del tema que implica directamente a sus socios políticos.
Pese a que se dilató una definición, en el kirchnerismo hubo cierta conformidad por la jornada ya que hacen la lectura política de que la polémica sigue abierta. En el bloque que conduce Germán Martínez igualmente desconocen hasta dónde podrán avanzar en su reclamo de citar para den explicaciones desde Benedit a funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, quien le habría dado acceso libre a los libertarios para encontrarse cara a cara con los genocidas.
MC/JJD