La polémica por el aumento de las dietas de los legisladores parece estar lejos de llegar a su fin. Luego de que elDiarioAR revelara que el presidente Javier Milei firmó un aumento de al menos el 12% para su salario y el de su gabinete, y que este lunes motivó la eyección del secretario de Trabajo, Omar Yasin, todos los ojos se posan sobre dos nombres claves en esta historia: Martín Menem y Victoria Villarruel. Es que, a pesar de que el oficialismo anunció que presentará un proyecto de ley para retrotraer el incremento del 28% otorgado a diputados y senadores, es en los titulares de ambas cámaras del Congreso que recae la responsabilidad de darle cierre a un tema caro para el relato “anti-casta” que pregona el gobierno de La Libertad Avanza.
Tras la repercusión que adquirió el tema, Menem admitió que desconocía la resolución que desde 2011 les permite a los legisladores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. En ese sentido, salió a aclarar públicamente su desacuerdo con la posibilidad de que los diputados se plieguen al acuerdo paritario alcanzado por los empleados legislativos, algo que había sido suscripto por él mismo el pasado 24 de febrero. Sin embargo, distinta fue la actitud tomada por su par del Senado. Villarruel guardó un sugestivo silencio al respecto ya que, según pudo saber elDiarioAR, esperará a consultarlo con los jefes de los distintos bloques. ¿Otro gesto de autonomía por parte de la vicepresidenta?
“Hasta ahora mantenemos todo como está”, señalaron a este medio desde el entorno de la titular de la Cámara alta. Y confirmaron que este martes está convocada una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá conjuntamente qué hacer con el aumento de las dietas, un procedimiento que choca con la virulenta orden que bajó Milei, quien exigió dar marcha atrás con la medida. “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, bramó el Presidente en una entrevista televisiva del jueves pasado, a pocas horas de iniciada la polémica.
La realidad es que no está en los planes de Villarruel abrir un nuevo frente de conflicto con la oposición, justo cuando el debate alrededor del mega DNU de desregulación de la economía entró en etapa de definiciones. Con un bloque de apenas siete senadores, la titular de la Cámara alta tiene por delante una semana que puede volverse trascendental para el futuro del oficialismo: deberá enfocar todos sus esfuerzos en evitar la inminente sesión especial a través de la que la bancada peronista buscará dar quórum para rechazar el decreto rubricado por Milei en diciembre, que incluye la derogación de más de 300 leyes y la modificación otras tantas más.
En ese marco, desde la presidencia del Senado consideran fundamental no dinamitar el diálogo alcanzado con los 39 legisladores que, según calculan, no responden a ningún gobernador. Además de intentar garantizarle las herramientas a una gestión relanzada tras la buena recepción que tuvo el llamado al Pacto de Mayo entre los gobernadores, el objetivo del bloque de La Libertad Avanza es preservar todo lo posible la figura de Villarruel. La presidenta del Senado no tuvo el desgaste que sí sufrió su par de la Cámara baja, Martín Menem, envuelto en las discusiones que cruzaron el tratamiento de la Ley Bases durante el verano.
El DNU, en el centro de la escena
Desde el 1 de marzo la oposición puede presionar en ambas cámaras para que el DNU 70/23 se trate en los recintos. Antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias, el kirchnerismo ya había exigido en el Senado ante Villarruel que se abra la discusión (amparándose en el artículo 20 de la ley, que habla de un “inmediato tratamiento” si la comisión no eleva despacho en diez días), pero la vicepresidenta mantuvo su férrea posición en contra, al aducir que contaba con potestad absoluta sobre la Cámara alta.
Hace dos semanas, como anticipó elDiarioAR, el oficialismo se había comprometido a citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, entre otros funcionarios, a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de aprobar o rechazar los decretos presidenciales. Sin embargo, el jueves pasado, La Libertad Avanza dio marcha atrás con su decisión y ninguno de ellos apareció por el Congreso. La explicación oficial fue que se los citaría recién después de que sean tratados todos los decretos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, alrededor de unos 136 que están pendientes de evaluación.
El dictamen de la bicameral no es vinculante y los decretos solamente pierden vigencia una vez que son rechazados por los plenos de ambas cámaras. Así y todo, una impugnación al DNU en esa instancia no dejaría de significar una derrota política y un anticipo de lo que podría ocurrir después, una vez que se lo trate en los recintos. Esa es la mayor preocupación que hoy atañe a Villarruel y lo que ubica a la controversia abierta por el aumento de las dietas en un segundo plano de la agenda.
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