Un día después del hallazgo del cuerpo de Lautaro Rosé en las aguas del río Paraná, el joven de 18 años perseguido por policías en la costanera de la capital correntina, la investigación sobre el hecho avanza pero con fuertes dudas de la familia y de las organizaciones de derechos humanos que temen que el caso quede impune al estar involucradas las fuerzas de seguridad de la provincia. Exigen que se aplique el Protocolo de Minnesota y se aparte de la investigación a la policía correntina, que viene llevando adelante las actuaciones a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N°6.
En una mañana gris, a orillas del río Paraná, este miércoles terminó la espera para la familia de Lautaro de la manera más triste. Luego de casi tres días de angustia, en una escena cargada de dolor, lo rescataron sin vida gracias a la colaboración de pescadores malloneros que divisaron el cuerpo durante la madrugada. Si bien era buscado por distintas fuerzas de seguridad incluida la Prefectura Naval Argentina (PNA), fueron familiares y amigos en una vigilia de varios días, quienes consiguieron identificar la ubicación del cuerpo.
Como informó elDiarioAR, el joven era buscado desde el lunes, cuando su familia supo que se había arrojado al río en un intento desesperado por escapar de la persecución de tres agentes de la Policía. Las versiones sobre el inicio de la persecución aún no están del todo claras, pero sí se sabe que ocurrió durante las últimas horas del domingo en inmediaciones de la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes, y cuando Lautaro estaba junto a otros dos jóvenes, uno de los cuales se convirtió en testigo clave para saber qué pasó esa noche.
Dudas sobre la autopsia
En la tarde de ayer, a menos de 12 horas de hallado el cuerpo, la Fiscalía de Instrucción N°6 informó que las conclusiones preliminares “orientan a una muerte originada por asfixia por sumersión (ahogamiento)”, además se indicó que “el cuerpo examinado no presentaba lesiones traumáticas que denoten algún grado de violencia ejercida en el cuerpo”. El documento fue avalado por el Instituto Médico Forense del Poder Judicial y el doctor Marcos Ormella, médico interiviniente por parte del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.
Este primer resultado dispara una serie de alertas en la familia, que pone ciertos reparos en la información judicial. “Nosotros sabemos que tenía golpes y sólo dicen que se ahogó”, comentaron en diálogo con elDiarioAR Malvina y David, hermana y cuñado de Lautaro, y agregaron: “Queremos saber qué pasó y que esto no quede impune”.
En esa misma línea, se expresó en diversos medios de comunicación, el abogado de la familia, Hermindo González: “El informe habla de una muerte por inmersión y no sabemos si cayó solo, o empujado. La data de muerte condice con el momento (de la persecución). O sea que termina de confirmarse esa versión tras la cual no sabemos por qué Lautaro terminó en el agua no sabiendo nadar”.
Otros elementos también ponen en duda el accionar de la Instrucción. Por ejemplo, el secuestro de una de las zapatillas del joven y de una serie de casquillos de balas detrás del Club Boca Unidos. ¿Hacia dónde fueron los disparos? ¿Qué tipo de arma se utilizó? ¿Fueron efectivos del GIR (Grupo de Intervención Rápida) quienes dispararon? ¿Por qué ninguna de estas acciones está registrada en el parte diario de la policía?
Se suman a estas preguntas sin respuestas, una mayor incertidumbre que surge de testimonios recolectados por la familia. Por un lado, amigos de Lautaro que aseguran haberlo escuchado pedir auxilio en la trágica noche. Y por otra parte, una serie de relatos que sostienen que ambos jóvenes fueron golpeados por agentes policiales.
Los primeros resultados de la autopsia no brindan pistas sobre estos interrogantes, por lo cual desde la querella y también desde organizaciones de Derechos Humanos como Justicia Legítima, requieren la inmediata aplicación del Protocolo de Minnesota tanto para la realización de la autopsia como para el desarrollo de la causa judicial, como estrategia para garantizar una investigación independiente e imparcial.
Al respecto, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Chaco, Diego Vigay, y referente de Justicia Legítima del Nordeste, dijo a elDiarioAR que la incorporación del Protocolo de Minnesota posibilita por un lado apartar de la investigación a las mismas fuerzas que están siendo investigadas, pero por otro también permite incorporar una serie de pautas de actuación muy específicas para que, por ejemplo, en la autopsia se puedan buscar determinadas lesiones que son propias de las fuerzas de seguridad.
“Esto es central en este tipo de casos. Es un principio básico de garantía de imparcialidad. El fiscal y el juez deben apartar de oficio desde el primer momento de la investigación a la fuerza sospechada”, argumentó.
Investigación en marcha
Desde la Instrucción de la Fiscalía a cargo de Gustavo Robineau, las informaciones fueron muy acotadas pero se confirmó que la actuación policial de la madrugada en cuestión no fue registrada. Sostienen además que el pedido de aplicación del protocolo mencionado, debe ser a requerimiento de la querella, ya que no se aplicará de oficio.
Por otra parte, en la mañana de este jueves, este medio pudo saber que los tres agentes indicados como responsables ya se encuentran sumariados, apartados de sus labores y demorados en una dependencia policial de la ciudad de Corrientes. La información sobre la identidad de los agentes aún no fue dada a conocer y se espera cierta reticencia hasta tanto avancen las imputaciones. Se aguardan también los registros de las cámaras de seguridad de la zona de la costanera correntina, que posibiliten dilucidar qué ocurrió esa noche.
Desde la querella y las organizaciones de DDHH que acompañan el proceso, se insiste en que la investigación debería estar en manos de una fuerza federal y no de la policía provincial.
Una despedida en pausa
Mientras las actuaciones policiales y judiciales avanzan, una enorme familia está de duelo. Hermanos y hermanas, en total eran ocho, están desconsolados. Sus padres, tíos, tías y primos, se aprestan para el último y muy prematuro adiós. Lautaro Alexander Rosé, como era su nombre completo, tenía 18 años. Iba a cuarto año de un colegio del barrio San Benito. “No tenía novia oficial, pero sí muchas amigas”, cuentan su hermana y su cuñado. Le gustaba jugar a la pelota y salir a la costanera con sus amigos. “Era muy bueno”, dice en un audio con un sollozo desarmado Malvina y minutos más tarde escribe “no tenía antecedentes”, en un intento de explicación que cree necesaria.
Esta numerosa familia, mientras lleva adelante los preparativos para velar a Lautaro, reclama justicia y pide que la muerte no quede en la nada. Son ellos mismos, los que recuerdan el caso de Mariano Barrientos. “Fue acá no más, en 2014”, cuenta a elDiarioAR David y trae a la conversación la muerte de Mariano, un joven de 19 años, hallado sin vida en el arroyo Limita, en la costanera Sur, muy cerca del predio de Boca Unidos.
El caso conmueve por lo similar. En ese momento, el hermano de Mariano decía a los medios locales de comunicación que: “Sabemos que andaba con otro chico y que los corrió la Policía hasta donde lo encontramos. El cuerpo estaba en la costa, muy lastimado. Tenía golpes en la espalda y la cabeza. No nos cierra que se haya ahogado. Él vivía en el río, sabía nadar bien y encima en ese lugar no hay profundidad. El otro muchacho nos dijo que lo corrieron hasta ahí y que no se quiso tirar al agua. El otro chico nos contó dónde lo vio por última vez”. La causa nunca prosperó. Hoy, siete años después, otra familia correntina debe enterrar demasiado temprano a uno de sus hijos.
ADLR