La derrota en las elecciones primarias llevó al gobierno del Frente de Todos a anunciar una serie de medidas destinadas a mejorar los ingresos de las familias, que fueron unificadas por la prensa como el “plan platita” a partir de unas declaraciones fallidas del candidato bonaerense Daniel Gollán. La proyección de un escenario de mayor gasto generó ilusión entre los sectores más golpeados y al mismo tiempo, acrecentó la desconfianza de los mercados y el sector empresario en el rumbo económico, que buscaron blindarse con remarcaciones de precios y moneda dura. A pocos días de las elecciones generales, distintas consultoras concluyen que se trató de una agenda más declarativa que real. El plan no generó el impulso económico esperado, pero sí tuvo un alto costo político.
“Los anuncios hechos en los últimos 45 días no tienen un impacto muy significativo en las cuentas públicas y, por ende, tampoco lo tendrán en la actividad económica”, apunta un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Según sus cálculos, el dinero volcado por el Gobierno a la calle ronda los $100.000 millones, el 0,23% del PBI. No está lejos de los números hechos por otras consultoras, que arrojan un costo fiscal que va entre el 0,1% y el 0,3%, muy por debajo del gasto adicional de un punto del PBI que se discutía días después del revés en las PASO.
“No es un monto que pueda mover la aguja en términos macroeconómicos”, señalan en CESO, donde además consideran que algunas de las medidas anunciadas no tienen llegada directa al bolsillo sino que implican mayor cobertura en servicios sociales o beneficios fiscales como, por ejemplo, los programas Registradas y de monotributo social para trabajadores informales.
Contra lo que se esperaba inicialmente —y lo que le demandan sectores internos a la coalición, encabezados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— el Gobierno conserva cierta disciplina fiscal. Si se consideran los DEG girados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, entre enero y septiembre el déficit primario acumulado fue de 0,3% del PBI. Cercano a cero, el equilibrio.
Según el economista Joaquín Waldman, luego de la derrota y la carta abierta de la vicepresidenta, la respuesta del Ministerio de Economía fue “decir” que aumentaba los gastos para conformar el reclamo político de mayor expansión más que “hacerlo”, por los problemas de financiamiento. Por ejemplo, se anunció que habrá un déficit de 4% este año, aunque difícilmente sea de más de 2,5%; se sacaron comunicados fiscales neteando ingresos extraordinarios (es decir, exagerando el gasto); se anticipó un déficit que luce excesivo para 2022 (3,3%). “Eso de algún modo asustó a los inversores, que son los que le prestan la plata al Tesoro para cubrir el bache fiscal —explica—. Como le prestan menos, se achica el espacio que hay para expandir y se presume que la financiación va a venir por el lado de la emisión. El mismo miedo de los inversores hace que, en vez de prestarle al Tesoro, demanden cubrirse con dólares, impulsando la cotización de los dólares financieros. Y el financiamiento con emisión alimenta ese comportamiento, porque hay más liquidez disponible”.
En la misma línea, la consultora LCG señala que “el costo de las medidas fiscales que se fueron tomando postPASO luce realmente bajo (y en gran parte se descontaba) en comparación con la dimensión que el Gobierno le otorga diariamente a cada anuncio”. Considera que las medidas parecen más enfocadas en “generar un relato que pueda mejorar el resultado electoral en noviembre”, que en dar más impulso a la economía vía consumo, sobre todo de los sectores más postergados.
Para Guido Lorenzo, director de la consultora, hubo una falla en el plano de las expectativas que generó un alto costo político. “Al final no hay más plata de la que preveíamos. Entonces, no tuviste una emisión tan fuerte ni el alivio más o menos inmediato sobre los hogares, pero sí una aceleración inflacionaria. Eso es falta de comprensión, de comunicación, de acuerdo interno”, dice a elDiarioAR.
Según los cálculos de LCG, el costo fiscal del paquete no llega al 0,1% del PBI, incluso cuando es “numeroso en medidas”. Contempla el subsidio para trabajadoras de casas particulares, suba del piso de Ganancias, el congelamiento de precios impulsado por Roberto Feletti, el programa de jubilaciones anticipadas, la condonación de deudas fiscales, el relanzamiento del Plan Gas, la segunda edición del PreViaje, el plan transformación de planes sociales en empleo, entre otros. “Cabe preguntarse si este bajo costo fiscal, responde, en el fondo, a la prudencia fiscal de la que se jacta el ministro (de Economía, Martín) Guzmán o es reflejo de la imposibilidad de diseñar políticas públicas coherentes en un escaso período de tiempo”, apunta.
La consultora Equilibra listó las medidas ya anunciadas o ejecutadas y calculó un desembolso de $133.706 millones, equivalente al 0,3% del PBI. “Esta cifra se ubica muy por debajo del gasto adicional de un punto del PBI que se discutía la semana posterior a la derrota en las primarias”, plantea. La iniciativa más sustanciosa hasta ahora fue el complemento mensual del salario familiar, que implica un gasto de $45.000 millones (0,1% del PBI). La inyección podría ampliarse si se concretaran otras medidas barajadas como el bono para jubilados o un nuevo IFE, algo que el propio Alberto Fernández anticipó en una recorrida por el conurbano bonaerense pocos días después de la derrota de las PASO y luego comenzó a perder fuerza.
El proyecto de presupuesto 2022 presentado por Guzmán indica que el Gobierno espera cerrar este año con un déficit primario equivalente a un 4% del PIB, sin contar los DEGs del FMI. En los primeros nueves meses del año el déficit acumulado fue de 1,32%, por lo que se anticipa que la expansión del gasto de los últimos tres meses no alcanzará para llegar a ese número. Bajo la mirada reprobatoria de sus aliados, el ministro se encamina a sobrecumplir la meta.
DT