Gerardo Morales contiene identidades múltiples. En el gobernador jujeño conviven varios estereotipos de la política: el caudillo del norte que domina a piacere el pulso de su provincia, capaz incluso de poner a su ministro de Seguridad como juez de la Corte, con el líder socialdemócrata a la europea que planta cannabis y se entusiasma con una desregulación para exportar la plantita a Nueva York. Tiene diálogo fluido con Alberto Fernández y una suerte de alianza táctica con Sergio Massa, pero a su vez mantiene una prédica intransigente (y algo más) en contra de Milagro Sala.
Aunque fue un sostén explícito del proyecto cambiemita entre 2015 y 2019, ahora quiere jubilar a Mauricio Macri y sacudir al radicalismo de su letargo. Se le anima a Horacio Rodríguez Larreta para pelear por la presidencia en 2023, pero íntimamente no descarta ser el candidato a vice del alcalde porteño.
Pero para bajarse habrá tiempo. Por ahora pechea al PRO y pretende una UCR menos adocenada. “Yo quiero ser presidente. No me gusta mucho el tema de que otro porteño maneje el país. No conocen el país, sigue habiendo problemas de unitarios y federales. El problema estructural se va resolver desde el interior al centro”, le dijo al Canal 7 de Jujuy.
Mientras negocia la compra de un millón de vacunas con China, impulsa la producción de litio en Jujuy y se prepara para ganar holgadamente las elecciones provinciales del 27 de junio.
Una semana antes de las legislativas, Morales obtendrá una respuesta que espera con ansiedad: el Ministerio de Relaciones Exteriores de China le confirmará desde Beijing si acepta la oferta de la provincia para comprar un millón de vacunas Sinopharm contra el Covid-19. La propuesta del gobierno jujeño fue pagar 500 mil dosis (cada una cuesta 20 dólares) y saldar las otras 500 mil por una deuda que una empresa china arrastra con la provincia. Previamente a la oferta, la legislatura de Jujuy aprobó un marco para habilitar la negociación por las vacunas. Pero a diferencia de lo que hizo Rodríguez Larreta en la legislatura porteña, el proyecto enviado por Morales mantuvo la palabra de la discordia con el laboratorio Pfizer: negligencia. El mandatario radical copió el proyecto de la ley nacional, sin realizar la diferenciación larreteana.
Las legislativas del 27 de junio serán el segundo mojón electoral del 2021, tras la votación de Misiones. Al igual que en esa provincia, no se esperan sorpresas ni batacazos: el oficialismo se impondrá de nuevo. El Frente Cambia Jujuy, liderado por Morales, agrupa 26 partidos provinciales y municipales: desde la UCR, hasta el PRO y el socialismo. La participación del peronismo entre el PJ y el kirchnerismo sólo le facilitará la tarea a la administración de Morales.
El gobernador radical desoyó la sugerencia de la Casa Rosada sobre el calendario electoral. Alberto Fernández pretendía diferir las legislativas provinciales y pegarlas a las nacionales. “Jujuy es una provincia donde 6 de cada 10 niños no comen y el gobernador Morales va a gastar más de mil millones de pesos el próximo 27 de junio”, se quejó el diputado provincial peronista Emanuel Martín Palmieri, quien además acusó al caudillo jujeño de hacer campaña con el proceso de vacunación. La prédica de la oposición provincial roza la catarsis.
Con Milagro Sala fuera del mapa político, y todavía bajo prisión domiciliaria, la oposición a Morales es prácticamente inexistente. El “amigo Gerardo”, tal como lo llama Alberto Fernández, suele facilitar la gobernabilidad nacional. En parte lo hace por la dependencia estructural de recursos que tiene Jujuy: casi el 90 por ciento de su presupuesto proviene de la Nación.
Los diputados nacionales que responden al gobernador radical votaron a favor del presupuesto de Martín Guzmán y del impuesto a los ricos, a contrapelo de la línea rectora de Juntos por el Cambio. En la agenda judicial de la Casa Rosada, sin embargo, el jujeño es inflexible e institucionalista: rechaza la reforma de la ley del Ministerio público fiscal, que permitiría correr al procurador interino Eduardo Casal.
En diciembre pasado, Morales ubicó a su ministro de Seguridad como juez de la Corte Suprema local. Se trata del abogado y militante radical Ekel Meyer, quien juró como el noveno integrante del Superior Tribunal de Justicia jujeño. En 2016, Meyer había comandado el operativo que terminó en la detención de Milagro Sala.
La situación de la jefa de la Tupac Amaru sigue siendo una mancha irremontable en la relación de Morales con el kirchnerismo. “Ella está volviendo a manejar plata de planes. Incluso hay ministros que vienen a verla a ella. Pero no vamos a permitir que vuelva la violencia a Jujuy. Su casa es mitad Casa Rosada delegación Jujuy y mitad una unidad básica. Está en prisión domiciliaria, pero debería volver a la cárcel”, se quejó el gobernador ante elDiarioAR en abril pasado.
Con otros ministros, en cambio, el vínculo es inmejorable. Por ejemplo, el que construyó con el albertista de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Semanas atrás, Kulfas y Morales firmaron un acuerdo con la empresa china Ganfeng Lithium para avanzar en la instalación de una fábrica de baterías de litio. Se trató de un memorándum de entendimiento tripartito entre el ministerio nacional, el gobierno de Morales y Ganfeng Lithium Co. Ltd.
Tras pelotear un borrador con Morales, Kulfas le da las puntadas finales a un proyecto de ley para promover la producción de baterías de litio en el norte del país. El Ejecutivo quiere industrializar el litio para usar en baterías y que las automotrices fabriquen coches eléctricos. Argentina cuenta con una de las principales reservas globales de ese mineral clave: el litio ganará aún más protagonismo en los próximos años. Pese a las dudas de las grandes mineras, la Rosada y las provincias del norte pretenden crear una industria que exceda la simple extracción y desarrolle una cadena de valor. “Quiero reivindicar la política que está implementando el gobierno nacional en materia de impulso a las inversiones mineras no solo en litio. Es un impulso del presidente y del ministro Kulfas. El proyecto de movilidad eléctrica va a generar un antes y un después en la matriz productiva, energética y de transporte en nuestro país”, se ilusionó Morales durante la firma del acuerdo.
Morales y Kulfas comparten otro motivo de entusiasmo: el cannabis. La semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo presentó un proyecto para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. “Crece exponencialmente a nivel global, es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo”, afirmó Kulfas. Morales participó del acto. El Gobierno apuesta a que la industria del cannabis genere 10 mil puestos de trabajo para 2025.
En Jujuy y por impulso de Morales, ya existe Cannava, la empresa del Estado provincial que cultiva cannabis y elabora el primer producto para uso medicinal fabricado en la Argentina. Para el año próximo, el gobernador proyecta que Jujuy tenga 600 hectáreas cultivadas. Para el 2023, 2.000 hectáreas. “En diez años vamos a reemplazar el tabaco por la producción de cannabis”, asegura.
El proyecto de la Rosada le podría ampliar el mercado a Morales. Al momento, Cannava sólo cultiva el cannabis para hacer medicamentos. El texto de la iniciativa no restringe la exportación de la flor para ser fumada en países o estados en los que el consumo recreativo es legal.
AF/WC