La resistencia solitaria de Fernando Gray a la ofensiva de Máximo Kirchner para quedarse con el PJ bonaerense ingresa en fase de definiciones. El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ tenía pensado asumir la presidencia del partido este año y cumplir con su período hasta diciembre, pero el jefe de La Cámpora decidió acortar los tiempos de los mandatos y llamar a elecciones para el 2 de mayo. Impulsado por su aliado Martin Insaurralde, Kirchner hijo logró el acuerdo de Alberto Fernández y los intendentes que le responden como Juan Zabaleta para desembarcar con el apoyo de la mayor parte de la dirigencia que se nuclea bajo el paraguas del Frente de Todos. Decidido a expandir su proyecto de poder como heredero en el territorio madre de todas las batallas, Máximo apunta a conducir al peronismo bonaerense en el año electoral y todo indica que logrará su objetivo de cualquier forma.
En su debut como juez electoral, Alejo Ramos Padilla, le dio la razón al cristinismo en tiempo récord y Gray apeló enseguida ante la Cámara Nacional Electoral, una instancia en la que espera tener más suerte: en ese tribunal, dos de sus tres miembros, el radical Alberto Dalla Vía y el peronista Santiago Corcuera, acreditan una larga trayectoria y presentan un margen de acción que no tiene el tercer miembro, Raúl Bejas, el justicialista tucumano que asumió en diciembre y cuenta entre sus antecedentes notables el de haber beneficiado al general Cesar Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo.
Gray objetó “el adelantamiento injustificado de las elecciones internas, habiendo mandatos vigentes”, cuestionó el procedimiento de convocatoria vía WhatsApp a la reunión que definió la fecha de las internas anticipadas y afirmó que no existen antecedentes de una movida que intente cambiar las autoridades de un partido en un trámite exprés de dos meses. Según pudo saber elDiarioAR, la respuesta de La Cámpora y sus aliados llegará la semana próxima por una doble vía. Por un lado, en el plano de lo legal, con la respuesta formal de los apoderados del PJ nacional ante la Cámara Nacional Electoral, un equipo de abogados que presiden Jorge Landau y Eduardo López W. Por el otro, con un hecho político que pretende graficar la soledad de Gray: la presentación de una lista de unidad en la que, según anuncian desde La Cámpora, estarán todos los sectores representados. La intención de Máximo es asumir antes de mayo pero algunos especulan con que una cautelar a favor de Gray podría demorar ese acto bastante más.
Detrás de la cáscara del PJ bonaerense, hay una discusión de poder en el territorio blindado de Cristina Fernández de Kirchner y una contradicción interna entre sectores que nunca se apartaron de la vicepresidenta. Ex vocero de Hilda González de Duhalde y Alicia Kirchner, Gray presenta sus credenciales de socio fundador del kirchnerismo en la Casa de Santa Cruz y cuestiona por lo bajo a los que dieron la vuelta al mundo en el armado de corrientes disidentes como el massismo y el randazzismo. El intendente de Esteban Echeverría cree que el jefe de La Cámpora iniciará su mandato deslegitimado y el resto de los intendentes -incluidos los que lo llaman y le piden que no afloje- admite por lo bajo que la resistencia judicial de Gray es testimonial, exhibe su incapacidad para sumar adhesiones en política y está destinada al fracaso.
La disputa se da en dos terrenos a la vez. Para el hijo de Cristina, conducir el PJ es un salto vital en su carrera y apunta a expandir su jefatura más allá de las fronteras de su agrupación. Para sus detractores, es un acto de fortaleza que delata una debilidad de origen: pese a que ofician de herederos de CFK, para una parte no desdeñable de los intendentes del PJ, el camporismo es extranjero en la provincia, tanto en lo ideológico como en lo territorial.
Ese choque de intereses tiene otro capítulo que los especialistas consideran mucho más importante: la pelea por la reelección indefinida de los jefes comunales, que fue obturada en 2016, cuando Sergio Massa consiguió el respaldo de su aliada de entonces, María Eugenia Vidal, para frustrar la eternización de los intendentes en sus cargos. Con dos mandatos ya cumplidos, el 70% de los intendentes no podría ir en busca de un nuevo período en 2023 y necesitaría dar de baja tres artículos de la ley. No está claro que La Cámpora vaya a dar su aval para ese objetivo en una jugada que atentaría contra sus propios intereses. Dependerá de la fortaleza de cada sector y de lo que el camporismo deba ceder en su intento de ganar, poco a poco, la provincia que hoy gobierna Axel Kicillof. Marzo es el mes en el que un DNU de Fernández debería dar a conocer el cronograma electoral y establecer las reglas del juego para lo que viene.
Por otro lado, fuera de la pelea por los cargos, los lugares en las listas y las reelecciones, está la pregunta por el voto de los sectores moderados que acompañaron al Frente de Todos en 2019 y ahora deben revalidar o no ese apoyo. La Cámpora tuvo hasta el momento una dificultad elocuente para ganar elecciones en el Gran Buenos Aires y Mayra Mendoza es la gran excepción en Quilmes. A nivel provincial, Gray sostiene que hace falta ponerle un límite la voracidad de la organización que preside Kirchner hijo y, para la pelea distrital, es de los que piensan que enfrentar al camporismo es garantía de éxito entre los sectores medios independientes o antikirchneristas. De ser así, ampliará su electorado en las legislativas de este año. Sin embargo, la pregunta que se hacen en el gobierno es cuál es el objetivo de fondo del intendente que se planta y si el peronismo puede perder votos decisivos al final de un proceso de tensión interna, que termine en un desgajamiento.
Flota todavía el antecedente de 2017 cuando Florencio Randazzo se quedó con el sello del PJ frente a la Cristina que inauguró el espacio de Unidad Ciudadana para competir por afuera. Todos terminaron perdiendo. Randazzo y los intendentes que lo acompañaron cayeron derrotados por paliza; CFK terminó abajo en las generales ante un macrismo que se creía imparable. Ahora, la situación es distinta: todo indica que la unidad a nivel nacional está garantizada en un acuerdo del que participan Máximo, Massa y los contados jefes comunales que responden a Fernández. Sin embargo, la inquina de Gray coincide con otros movimientos en el PJ bonaerense.
Randazzo acaba de despertarse de su siesta de varios años y vuelve a circular con pretensiones que, por supuesto, ya no tienen el mismo encanto. Emilio Monzó pretende también convocar a sectores de lo que alguna vez definió como peronismo disecado. En Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, la mano derecha de Insaurralde rompió con una sociedad de varias décadas para ir a jugar en alianza con el macrista Néstor Grindetti y el ex albertista Diego Kravetz. Lo hizo después de que el socio de Máximo le cediera a Daniela Vilar -cuyo esposo es el diputado Federico Otermin- la prioridad para la sucesión en Lomas. Para algunos, se trata de una ruptura irremediable; para otros de una jugada a dos puntas de Insaurralde. Además, los sectores que hace dos años jugaron en Consenso Federal de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey buscan también sumar fuerzas. Entre todos, según sostienen, pueden aspirar a representar alrededor de cinco puntos -quizás menos, quizás algo más- de un peronismo disidente, que mezcla enojo y decepción con el Frente de Todos línea Cristina- Máximo. Es la eterna promesa de la rebelión del peronismo que amaga con liberarse del kirchnerismo desde hace 15 años y sin éxito. Ese propósito choca con dos obstáculos que benefician a los Kirchner: la adhesión incondicional de la tercera sección electoral a la vicepresidenta y las pretensiones desmedidas de la dirigencia no kirchnerista, un grupo de caciques que quieren encabezar las listas y casi no figuran en las encuestas que miden intención de voto.