Antes de partir a Lima, Alberto Fernández dejó en suspenso la fecha del que será el primer movimiento post cierre de listas: el desembarco de Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, como ministro de Desarrollo Social, oficina que dejará vacante en los próximos días Daniel Arroyo. Se especuló que la jura podría ser sobre el fin de esta semana pero, si un tsunami político no rompe la siempre frágil casa común del Frente de Todos, será la que viene.
A simple vista parece lineal, pero el episodio abunda en pliegues y escarceos. Dos de las afluentes se produjeron el sábado en el frenesí del cierre de listas. Uno involucró al saliente, Arroyo, que pidió dejar la cartera abrumado por las tirrias internas en una cartera donde la convivencia de la coalición de gobierno adquiere niveles explosivos.
“El único ministro que va de candidato es el ministro que tuvo una denuncia por la que tuvo echar a a la mitad de sus funcionarios”, se disparó el reproche desde un campamento K. Sobre Arroyo no pesa, ni siquiera en boca del que pronunció la frase, la sospecha personal. En cambio, visibiliza el nivel de virulencia de la convivencia panperonista en ese ministerio de alto impacto y el tono belicoso del cierre de listas que, al final, fue poco ruidoso, sobre todo comparado con las ramificaciones de listas y de metralla cruzada de Juntos por el Cambio (JxC).
Aquella denuncia que incomodó a Arroyo no fue, tampoco, el motivo por el cual, cuando el sábado se confeccionaba la lista de diputados nacionales, el nombre de ministro fue y vino entre los despachos de Eduardo “Wado” De Pedro y de Santiago Cafiero, uno en la planta baja y el otro en el primer piso de Casa Rosada.
Según un operador del PJ, la residencia del kirchnerismo no fue solo a que Arroyo figurara entre los primeros cinco de la boleta, como quería Fernández, sino directamente a que firme entre los 16 con posibilidades de entrar a la Cámara de Diputados. La objeción era, en algún punto, conceptual: ¿por qué premiar con una banca a un ministro que quiere abandonar su cargo?, ¿por qué darle una medalla a un coronel que abandona la primera línea de fuego?
Casilleros
Cafiero, por pedido expreso de Fernández, pulseó, empujó y logró ubicar a Arroyo en el casillero doce, allá abajo, sin el brillo y la visibilidad que debería tener un ministro. El kirchnerismo hizo la concesión, en un juego de compensaciones, que tuvo otra derivación: Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, uno de los “cuatro o cinco” nombres que Alberto decía que quería en la boleta nacional, se quedó sin espacio y terminó como cabeza de la tira de diputados provinciales de la Tercera Sección, el conurbano sur, dominio histórico del peronismo.
Ese hilo, con rebotes y derivaciones, ata a Arroyo con Cascallares y Zabaleta, el protagonista del otro capítulo inquietante de la interna del Frente de Todos (FdT) en la provincia que impactará, al regreso de Fernández de Lima, en el gabinete nacional. Lo del intendente de Hurlingham combina viejos recelos y toma de posiciones para lo que viene. La semana pasada, un emisario de Máximo Kirchner le propuso a Zabaleta que la lista de concejales la encabezara Nicolas Vilela, autoridad de la Universidad de Hurlingham, vinculado a La Cámpora.
Sobre lo que ocurrió el sábado dos versiones parcialmente contradictorias. En el camporismo dicen que Zabaleta presentó su lista sin consultas previas y que al atardecer, frente a esa situación, anotaron la suya de apuro encabezada por Martín Rodríguez, funcionario del PAMI y dirigente de La Cámpora. En el municipio, cuentan que invitaron a la agrupación a discutir la lista sobre la premisa de que el intendente designa quién va en el primer lugar de la boleta pero que no concurrieron y que cuando lo hicieron llevaron una propuesta “inaceptable”.
Como sea, el sábado había dos listas en ese distrito, una especie de micro primaria entre los Fernández, porque Zabaleta es uno de los alcaldes más vinculados al presidente, y Rodríguez expresa a La Cámpora, la agrupación de Máximo, soldados de Cristina.
El domingo, Fernández desayunó con el intendente en Olivos, lo escuchó, validó sus movimientos pero le pidió que haga todos los esfuerzos posibles para evitar la primaria. El lunes Andrés “Cuervo” Larroque, que sonó como posible reemplazo de Arroyo, se puso por indicación de Máximo y de Axel Kicillof al frente de la negociación y, al atardecer, el entuerto se destrabó: hubo lista única, tensa foto de unidad y, aunque no se explicitó en la mesa, se activó la magia necesaria para despejar eventuales ruidos frente a la decisión tomada por Fernández de entronizar a Zabaleta como ministro de Desarrollo Social.
Los negociadores de ambos sectores dicen que eso no fue tema de discusión, sino que se buscó ordenar la cuestión local con el objetivo mayor de evitar una PASO en un territorio gobernado por el PJ. Pero detrás del acuerdo hubo un pacto implícito por el que Máximo, que controla parte de Desarrollo Social a través de Laura Alonso, desactiva un eventual veto a que Zabaleta asuma en esa cartera. Fernández tenía tomada la decisión y, quizá la ejecutaría con o sin el OK del diputado, pero que no haya ruido simplifica todo.
El intendente, a su vez, toma licencia del municipio que, por ley, quedará en manos de quien fue el primer candidato a concejal en 2019: se trata de Damián Selci, militante de La Cámpora, actual presidente del Concejo Deliberante. Puede, a simple vista, leerse como que Zabaleta cambia intendencia por ministerio. “Cuando te vas, te cambian la cerradura del municipio”, sintetiza, con una metáfora brutal, un alcalde del PJ.
Pero hay un doblez. Hay una tropa grande de intendentes, más de 70 de los 135 de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los del conurbano, que si no se modifica -o interpreta judicialmente- la ley que impide que pone como límite dos mandatos, es decir una sola reeleección, no podrán volver a competir en 2023. Zabaleta figura entre ese pelotón masivo. Cascallares, el otro jefe territorial que estuvo en el entrevero Arroyo -de hecho, se lo candidateó para ministro- también no podrá reelegir.
Cuando esa ley se votó, La Cámpora estuvo en contra y Sergio Massa fue uno de los promotores junto a María Eugenia Vidal. No parece haber plafón legislativo -quizá tampoco haya interés de algunos- para que la norma se modifique y el atajo jurídico, que requiere de un guiño de Axel Kicillof, también aparece tormentoso. Por eso, algunos intendentes apuran su retirada y tienen, incluso, un atajo: si renuncian a sus cargos antes del 10 de diciembre de 2021, no son alcanzados por la inhibición a competir por otro mandato.
Es decir: lo de Zabaleta puede ser, también, una retirada táctica para eventualmente poder volver a competir por la jefatura del municipio dentro de dos años aunque, para eso, tenga que dejar, mientras tanto, el municipio en manos de un potencial rival.
PI