La posición en relación con el pasado reciente asumida en el debate presidencial por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, es pre-democrática: retrotrae la discusión social a los términos en que fue planteada por las propias fuerzas armadas durante la última dictadura. Lo que expresó Milei en el debate es la doctrina de la justificación construida por el poder militar de modo contemporáneo al ejercicio de la represión de Estado: la de la guerra contra la subversión y el terrorismo llevada adelante como acto de servicio, en defensa de la comunidad nacional, en el marco de la cual se habrían cometido algunos “errores y excesos”, atribuibles a la propia excepcionalidad del escenario bélico.
Los últimos cuarenta años de construcción de memoria, verdad y justicia han sido un esfuerzo por desmontar este paradigma y colocar en su lugar una reconstrucción documentada de lo sucedido, basada en el testimonio de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, la labor de investigación de la CONADEP, los procesos judiciales que se iniciaron con el Juicio a las Juntas y continúan hasta hoy, los aportes de los archivos estatales nacionales y de terceros países, entre otros.
Esta verdad social es uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestro pacto de convivencia democrática. Pero Milei intenta conducirnos como sociedad al momento previo: el de la justificación de la violencia de Estado, como si todo este fatigoso trabajo colectivo no hubiera sucedido. Si triunfa su intento de derribamiento, podemos estar seguros de que nuestras reglas de convivencia pasarán a ser otras.
Es importante ubicar su intervención como parte de un proceso más largo de debilitamiento de estos consensos democráticos, que ha sido nutrido por muchas vertientes. Quienes se opusieron a la reapertura del juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad, con argumentos que oscilaron entre la reivindicación abierta de su actuación represiva y el reclamo en favor de las víctimas de las organizaciones armadas. Quienes alimentaron la grieta que debilitó la posibilidad de una lectura acumulativa de los hitos del proceso de memoria, verdad y justicia de los años ochenta y los que vinieron con el nuevo siglo. Quienes habilitaron discusiones vinculadas al relativismo de la experiencia del terrorismo de Estado, el número de desaparecidos y la sistematicidad y magnitud de la acción represiva.
La intervención de Milei reúne y consolida este cúmulo previo de procesos, pero también los lleva más lejos, en un doble intento: 1) por diluir el impacto que este proceso de memoria, verdad y justicia pueda tener sobre el cuestionamiento a la represión de Estado en el presente 2) por avivar el autoritarismo social forjado durante la última dictadura para capitalizarlo en favor de una nueva fase de transformación regresiva de la sociedad.
Para llevar adelante esta nueva fase, se requiere también de una reconfiguración política del lenguaje y de los acuerdos. No alcanza sólo con la relativización, ese camino asfaltado por el macrismo. Es necesario que se produzca un viraje más extremo. Eso explica también la imposición creciente en la campaña electoral de figuras asociadas a la destrucción, la aniquilación, la persecución, la desaparición y el exterminio del adversario o de su ideología.
Conviene saber que lo que buscan Milei y Villarruel no es la construcción de una verdad completa, sino la reintroducción de la verdad del poder homicida. La misma que reivindicaba la guerra, reconocía el alto precio que se había tenido que pagar por la victoria, y desmentía enfáticamente la existencia de campos de concentración, prisioneros políticos y personas desaparecidas.
Frente a estos embates, defender lo que construimos como sociedad con tanto esfuerzo es una responsabilidad colectiva. Una de las más urgentes y necesarias en este tiempo, si no queremos que se consolide un nuevo pacto democrático en torno de consensos autoritarios.