Cuando, en simultáneo y con fallos enlazados que trafican una pista política, Horacio Rosatti como jefe de la Corte Suprema tomó los casos electorales en San Juan y Tucumán, se abrió una puerta que la política entendió como vía libre para poner la dinámica electoral. Fue casi automático: a los días entró una demanda para prohibir la reelección de Gildo Insfrán y esta semana se radicó otra acción que pide impedir que 91 intendentes bonaerenses puedan ir por su tercer mandato.
Sin las intervenciones del Tribunal, con Rosatti como ordenador, en los expedientes que frenaron las elecciones en San Juan y Tucumán, y derivaron en la deserción de Juan Manzur como candidato a vicegobernador, no se hubiese instalado como se instaló la lupa sobre las decisiones del Tribunal en cuestiones electorales que pueden impactar sobre el ordenamiento político e institucional.
Desde el martes, tras el dictamen del Procurador Eduardo Casal, la Corte puede hacer el movimiento final sobre la candidatura a gobernador de Sergio Uñac. Casal opinó diferente a lo que opinó, antes, Laura Monti, la subprocuradora: esta había considerado que las demandas no debían ser tratadas por la Corte y, una vez aceptadas, Casal consideró que Uñac no puede aspirar a otro mandato porque hace la cuenta de que se trata del cuarto período.
La suerte de Uñac parece echada. Hay un dato que, leído en clave, lo sugiere: cuando el Tribunal, con el voto de tres de sus cuatro integrantes -Ricardo Lorenzetti estaba de viaje- validó cautelares para suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, tomó como leading case el expediente sanjuanino que Sergio Vallejos, dirigente que estuvo vinculado a Javier Milei y luego se convirtió en candidato en las PASO de JXC.
Ese detalle puede ser determinante: el fallo San Juan fue más largo y puntual que el de Tucumán, donde se remitió justamente al primero. Leído en clave, anticipa lo que la Corte dirá de la candidatura de Uñac. En San Juan ya se habla de un plan B a partir de la semi certeza de que la postulación del actual gobernador está condenada a caerse. Se habla de Rubén Uñac, hermano del mandatario y actual senador nacional, y de Jorge Chica, secretario de Turismo provincial.
En San Juan, sectores del peronismo hicieron una cruzada vintage en la que remiten al conflicto entre Braden y Perón en los 40, para plantear un conflicto entre Rosatti y Uñac. No pasó de algunas pintadas callejeras pero tiene, como fondo, la cuestión de las internas locales y el giro que el año pasado hizo el gobernador cuando primero reprochó intensamente el fallo de la Corte sobre los fondos para CABA y luego, cuando sus pares en línea con Alberto Fernández anunciaron el juicio político, el sanjuanino se desmarcó. Siempre se especuló que lo hacía como gesto para evitar un fallo adverso si su reelección llegaba al máximo Tribunal. Se verá.
Causas y consecuencias
El caso San Juan está, luego del dictamen de Casal, para tratarse. Otro expediente sensible presenta la misma situación: el planteo de inconstitucionalidad de la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa, que también tuvo opinión del Procurador. Ahí Casal emitió una especie de “ni”: entiende que no corresponde la competencia originaria pero, a su vez, en el último párrafo contempla que la Corte podría decidir otra cosa si las causas extraordinarias lo ameritan.
Aunque la Corte suele no anticipar el momento en que emitirá un fallo, esta semana puede ser determinante no solo para el caso San Juan -donde se debe reordenar el calendario electoral luego de la suspensión de la votación para gobernador y vice el 14 de mayo- sino también en el caso Formosa, que tiene elecciones programadas para el 25 de junio en las que Insfrán, con validación constitucional, compite por una nueva reelección, el que sería su octavo mandato consecutivo.
El tema Formosa resurgió por las intervenciones, vía competencia originaria, de San Juan y Tucumán. Más simple: en JxC formoseño se entendió que había plafón, a partir de esos fallos, para que haya una intervención política del máximo Tribunal para impedir otra reelección de Insfrán. Hubo, antes, dos planteos. En 2005 se objetó la constitución provincial que habilita en su artículo 132 las reelecciones sin límite, mientras que en 2013 se apuntó al régimen electoral provincial -leyes provinciales-. En ambos casos, la Corte se declaró incompetente porque consideró que eran cuestiones de derecho público local y no existía una “cuestión federal” que habilite ni la instancia originaria de la Corte ni su intervención por recurso extraordinario federal.
En los casos de San Juan y Tucumán, si bien no fueron recursos extraordinarios -como fue, por caso, Río Negro en 2019- se trató de planteos en los que hubo opinión sobre las candidaturas de Manzur y Uñac y, sin embargo, la Corte decidió intervenir. Sería, si el Tribunal decide declarar la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, una acción diferente a la de las otras provincias donde cuestionó la “interpretación amañada” de las Constituciones locales. El fallo de 2013, llevó las firmas de Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Ese mismo año, la Corte volteó -unos días antes de la elección- la reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero donde interpretó que hacía una interpretación errónea de la Constitución para volver a competir.
Bonaerenses
Pero hay más causas que están en la Corte y podrían tener impacto electoral. Una se inició en el 2021 y está en la fiscalía 3 -la de Rosatti-. Es un cuestionamiento a la elección de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. El último movimiento visible de ese expediente se produjo en febrero pasado. En el mundo peronista hay temor a que aparezca, sobre la hora, un fallo al respecto que tendría un solo efecto posible: si se objeta la elección de las actuales autoridades, y los mandatos de los anteriores están caducos -la demanda la hizo Fernando Gray, por entonces vice del partido-, la única alternativa al alcance sería la intervención. Ocurrió, en el PJ nacional, cuando Luis Barrionuevo, ahora promotor de la candidatura presidencial de Eduardo “Wado” De Pedro, fue designado interventor del partido que presidía, por entonces, José Luis Gioja.
La eventual intervención del PJ bonaerense, en medio de un proceso electoral, puede tener consecuencias organizativas críticas. El partido es, se sabe, el principal soporte del Frente de Todos y, como tal, la irrupción de un interventor podría alterar ese proceso. No hay indicios sobre en qué situación está el expediente: la Corte no tiene plazos ni prioridades. Hubo, además, fallos adversos a las pretensiones de Gray en la primera instancia y en la Cámara Nacional Electoral (CEN). Pero ante una relación política tan tirante entre el peronismo y la Corte, hay temores sobre una resolución que agregue una problemática institucional al proceso electoral.
Apareció, esta semana, otra causa picante: la inició Héctor Alva, del partido PAIS, patrocinado por el abogado Andrés Gil Domínguez, y pide que la Corte aplica competencia originaria para frenar la reelección de 91 intendentes que fueron beneficiados por la reforma legislativa de una ley votada en el 2016. Tiene, ese expediente, varias derivaciones tortuosas: primero que afecta, por igual, a intendentes del FdT y del PRO. Pero, además, la inició Alva, un dirigente que aparece vinculado a Sergio Massa. En el Frente Renovador se desentienden de esa presentación, pero Alva estuvo a principios de mayo reunido con Rubén Eslaiman, presidente del partido de Massa.
La presentación de Gil Domínguez, que invoca argumentos similares a las que sostienen la demanda de Formosa contra Insfrán, apunta a la cuestión de las reelecciones. Sin embargo, no parece leerse del mismo modo en Tribunales un caso y el otro. De hecho, la acción de Alva generó mucho ruido político, pero no tuvo, hasta acá, impacto dentro del mundo judicial. Hay, también, un dead line electoral: el sábado 24 de junio, a la medianoche, se deben inscribir las candidaturas entre ellas de muchos de los intendentes que están objetados en esa presentación.
Aparece, en paralelo, dos asuntos potenciales. Nito Artaza ya objetó la postulación de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires y se inició el camino largo de la presentación. ¿Puede el caso llegar, luego, a la Corte? En San Juan y Tucumán hubo planteos en la Justicia local y a pesar de eso, luego el máximo Tribunal los trató.
Hay otro ruido en la política y tiene que ver con la otra provincia que permite reelecciones indefinidas: Santa Cruz. Se especula que se prepara una acción similar en la provincia aunque está condicionada por la versión, muy insistente, de que Alicia Kirchner no se presentaría como candidata para otro mandato. De hecho, en el peronismo santacruceño se aceleró la carrera por la sucesión en la que pulsean Pablo Grasso, intendente de Rio Gallegos, Javier Belloni, intendente de el Calafate y Pablo González, presidente de YPF.
PI/MG