Exigen la renuncia de Bullrich por la represión y el Gobierno califica la agresión al fotógrafo de “un accidente no previsto”

El estado crítico en el que se encuentra el fotógrafo independiente Pablo Grillo, de 34 años, tras la represión de las fuerzas federales durante la marcha de los jubilados de ayer provocó un temblor político en el Gobierno. Las primeras consecuencias el día después fue un pedido explícito de renuncia para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras desde la Casa Rosada respaldaron la severidad del llamado protocolo antipiquetes y calificaron el ataque al reportero gráfico como “un accidente no previsto”.

La Asociación de Reporteros Gráfcos de la República Argentina (aRGra), a la que asiste como alumno Grillo, pidió que se aparte de su carg a la funcionaria, de las preferidas de Javier Milei. Desde anoche el fotógrafo pelea por su vida tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza: fue operado y está en terapia intensiva en el hospital Ramos Mejía.

La posición oficial la transmitió esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acusó a la oposición por haber generado violencia en la plaza frente al Congreso, habló de “una especie de golpe de Estado” y se refirió puntualmente al fotoperiodista. “Este tipo de episodios generan estas consecuencias, estos accidentes no previstos. La Policía no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos, para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación genere un accidente lamentable. Ojalá que se pueda generar la recuperación de la persona herida”, explicó el ministro coordinador en radio Mitre.

Desde aRGra aseguraron en un comunicado que Grillo “ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad”. Y agregaron: “Su vida corre peligro porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a impericia asesina y demagógica”. La asociación de profesionales exigió a Milei que “separe de inmediato de su cargo” a Bullrich “y que la ponga a disposición de la justicia, a ella y sus subalternos”. Y termina el comunicado: “De no ser así, lo hacemo moral, política y penalmente cómplica de los delitos cometidos por su ministra”.

La primera reacción del Gobierno había sido vincular a Grillo con su militancia política y la ministra Bullrich declaró públicamente en LN+ que tenía vínculos con la municipalidad de Lanús, que administra Julián Álvarez, de La Cámpora, pero eso fue desmentido por el intendente. Hoy Francos no hizo referencia a ese dato falso pero sí buscó acusar al kirchnerismo por los episodios de ayer.

“Se les ocurre la original idea de poner barras a tratar de defender derechos de los jubilados. Eso generó los disturbios que todos vimos ayer, la utilización de la violencia como instrumento y, a partir de lo que se generó con esa violencia y la respuesta de las fuerzas, generar esta marcha al grito de ‘que se vayan todos’. Y, en definitiva, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, planteó el jefe de Gabinete.

Y agregó:  “Buscan este camino, que es desestabilizar a partir de la utilización de la violencia, y la represión policial, que es lo que corresponde para mantener el orden”.

Otro de los funcionarios del Gobierno que salió a plantear la posición oficial fue Manuel Adorni, que cuestionó la liberación de casi un centenar de detenidos que hubo en la represión. “La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, apuntó el vocero presidencial.

MC