Con menos flashes y menos ruido, casi en paralelo a la reunión de Juan Manzur, Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández, con gobernadores y delegados de 19 provincias, funcionarios nacionales y porteños, tuvieron una cumbre reservada, como parte de la mediación que motorizó la Corte Suprema, para ensayar algún punto de acuerdo en la disputa por los fondos que Nación transfiere a la ciudad de Buenos Aires.
Son escenas de una misma película, pero con finales diferentes. El despliegue nacional, que consistió en reunir a 19 provincias detrás de su defensa del decreto que redujo de 3,5% a 2,3% el porcentaje de la coparticipación propia, aportó una novedad: Nación avanzó con la propuesta de crear un cuerpo especial anti drogas, con desempeño inicial en las provincias más calientes, que se fondeará con recursos que antes iban a CABA.
De Pedro anticipó esa medida que está, sin embargo, en proceso de diseño fino en Seguridad. Actualmente, hay unidades llamadas GOC (Grupo de Operaciones de Comando), que reúnen a personal de las cuatro fuerzas federales y de las fuerzas provinciales. Uno tiene como base Salta, aunque opera sobre el NOA, y el otro Posadas, para el NEA. Está en proceso un tercer GOC, llamado Centro, que se radicaría en Rosario, la ciudad sobre la que está puesta la mira respecto al factor narco.
Fuentes oficiales dijeron a elDiarioAR que se trabaja sobre el formato último y que, aunque a priori, se desplegaría sobre tres provincias -Santa Fe, Salta y Misiones-, hay demanda de todos los gobernadores para que esos cuerpos tengan presencia en todo el país. Es, en paralelo, un movimiento político para sumar respaldos: la medida inicial, tomada en septiembre del 2020, en medio de un levantamiento policial, fue un “auxilio” al gobierno de Axel Kicillof porque los recursos que iban a CABA se usaron para un fondo de Seguridad en provincia de Buenos Aires.
Ahora, Nación propone que parte de aquel presupuesto se derive a políticas de seguridad en las provincias. Se orienta, además, a un tema hipersensible como la cuestión narco. De ese modo, por caso, la Casa Rosada logró que Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, habitualmente sinuoso respecto al gobierno nacional, defienda la decisión del recorte de fondos a CABA para destinarlo a políticas de Seguridad en otras provincias.
Números
En la cumbre con gobernadores, De Pedro y Manzur expusieron un informe para defender la medida que se tomó respecto a los fondos de CABA y presentaron los datos de cómo hubiese sido la situación en el 2021 si se hubiese mantenido el porcentaje que en 2016 firmó, vía decreto, Mauricio Macri cuando elevó el porcentaje a 3,75% aunque luego lo bajó a 3,5%.
En 2021, según el punteo de Nación, el “excedente a favor” -hipotético porque no se produjo- hubiese sido de 82 mil millones de pesos. Más de la mitad de esos fondos fueron a Buenos Aires mientras que el resto quedó en rentas generales de Nación. La promesa es, ahora, que los recursos que hubiesen ido a CABA, se destinen a políticas de seguridad antidrogas en las provincias. En cierto modo, podría operar además como un mensaje a la Corte que en caso de fallar a favor de la demanda de CABA, afectaría fondos que tendrán como destino específico políticas antinarcóticos en el interior.
Ya hay señales en ese sentido. Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, planteó que si la Corte fallare a favor de la Ciudad estaría fallando contra el federalismo. La cumbre con mandatarios provinciales, que mostró una fractura explicita y un alineamiento del cordobés Juan Schiaretti que se mueve casi como el quinto gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), opera abiertamente sobre un temor que está muy instalado en el Gobierno: que la Corte, de muy mala relación con la Casa Rosada, está decidida a fallar a favor de Horacio Rodríguez Larreta.
Negociaciones
Pero debajo de esa bruma, y con un pronóstico abierto, Nación y CABA avanzan en negociaciones para buscar una fórmula de acuerdo. Los intimó la Corte Suprema y tiene plazo, en principio, hasta el 26 de abril para producir algún tipo de acercamiento o, de mínima, un principio de acuerdo.
A esa mesa, sin bulla pero con papeles que van y vienen, se sientan Felipe Miguel, jefe de Gabinete de CABA, el ministro de Hacienda Martín Mura y el Procurador Gabriel Astarloa -a veces, este miércoles no, el ministro de Seguridad Marcelo D'alessandro- mientras que por Nación lo hacen Marcos Schiavi, jefe de Gabinete de Interior, Silvina Batakis de Relación con las Provincias y Raúl Rigo de Economía. Discuten sobre tres ejes: el método de transferencia, el formato de actualización y el monto que debería recibir CABA para el ítem seguridad. Sobre los dos primeros puntos hay, aunque faltan ajustes, puntos de acuerdo. Pero recién la semana próxima, si se avanza con eso, empezaría la discusión más densa, que es la referida al monto. Se avanza sobre una tesis: encontrar una ecuación que no sea la que invoca la Ciudad -que remite a la estimación de 2015- ni la que cita Nación, en base a la transferencia que se hizo en 2016.
Más simple: CABA hace un cálculo del costo de Seguridad sobre un escenario ideal -cuanto recursos necesita para hacer frente a esa cuestión- y Nación toma como base los casi 20 mil efectivos que Macri transfirió en el 2016 como derivación del servicio de Seguridad. Es una discusión de fondo que, aunque no se habló de números, presenta diferencias importantes en relación a los recursos. En 2021, CABA dejó de recibir -comparado con lo que hubiese recibido con el modelo Macri- 82 mil millones y en 2022, según proyecta, sería de al menos 120 mil millones.
¿Qué margen económico hay para encontrar un punto de acuerdo? Fuentes de ambos gobiernos manifiestan voluntad de hacerlo porque, en el fondo, ninguno tiene certeza sobre qué haría la Corte si tuviese que definir, más allá de que hay cierta idea de que no demoraría mucho tiempo una resolución.
La duda que flota es, en verdad, política: ¿hay margen para que Fernández y Larreta sellen, en medio de la fragilidad interna de ambos, un acuerdo? Es una pregunta que atraviesa ambas administraciones y se topa con la cuestión de gestión, en la que ambos quieren encontrar un punto de acuerdo, pero que a su vez está mediada por las tensiones dentro de las dos coaliciones donde los sectores más duros prefieren tensionar.
PI