Funcionarios y exmiembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, declararon en los tribunales de Comodoro Py que la gestión de Cambiemos evitó sancionar al HSBC en un caso relacionado con el colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como “Mi Sangre” y sentenciado en 2018 por conspiración para ingresar y distribuir cocaína en los Estados Unidos.
Durante los últimos días, el juez federal Luis Rodríguez y la fiscal Alejandra Mangano escucharon las declaraciones testimoniales de miembros y exmiembros del Consejo Asesor de la UIF, dos de los cuales siguen en funciones en el organismo mientras que otros cuatro ya no forman parte de dicho consejo. En la causa también interviene la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colabora con la fiscal para determinar si las autoridades de la UIF incumplieron con sus deberes.
En el caso del HSBC, el Consejo Asesor opinó en 2018 que el banco debía ser sancionado por no haber cumplido con el procedimiento de prevención de lavado de dinero en el caso del cliente Marcelo Oscar Chirizola, luego acusado de blanquear dinero de “Mi Sangre”, según dos fuentes directas del expediente, como publicó La Nación en diciembre de 2018. El banco de capitales extranjeros ya ha sido sancionado por pasar por alto los controles de lavado del narcotráfico. En 2012, la sede del banco en Londres admitió que había lavado al menos US$881.000.000 de grupos criminales de América Latina.
El HSBC aprobó la apertura de la cuenta de Chirizola con sólo una declaración de bienes personales del cliente.
Chirizola fue procesado por la Justicia penal como presunto testaferro de “Mi Sangre”, como consta en la causa. Cuando comenzó a operar con el HSBC estaba vinculado al colombiano Londoño, quien residía en Argentina. Al cierre de este artículo, elDiarioAR no pudo corroborar la versión de Chirizola sobre los hechos. “Mi Sangre” fue detenido en Argentina en 2012 y extraditado a los Estados Unidos en 2016 para ser juzgado. Un tribunal de Florida lo condenó en 2018 por conspiración para ingresar y distribuir cocaína.
Entre las principales observaciones, los expertos del Consejo Asesor sostuvieron que el banco autorizó la apertura de la cuenta con documentación escasa para la comprobación del origen de los fondos y que no se ocupó de corroborar que el cliente cumpliera con las exigencias para evitar un posible lavado de activos. Además, señalaron que el banco no hubiera reportado las operaciones de Chirizola como “sospechosas” de lavado de activos.
“El HSBC aprobó la apertura de la cuenta de Chirizola con sólo una declaración de bienes personales del cliente. Recién después de algunas de las operaciones bancarias, el banco le solicitó a su cliente más documentación para cumplir con las reglas de prevención de lavado”, explicó una fuente de la investigación judicial. Chirizola presentó entonces contratos de alquileres posteriores a la apertura de la cuenta.
Este medio pudo contactar a Federici, quien se encuentra en el exterior y respondió las consultas vía correo electrónico. “Nuestra gestión investigó y querelló fuertemente a López Londoño y su organización criminal, incluyendo a Marcelo Chirizola. Nuestro requerimiento de elevación a juicio en la causa penal acusa a ambos (entre otros) y solicita sean sometidos a juicio”, respondió Federici. “La lucha contra el narcotráfico fue una de nuestras prioridades y representó más del 30% de nuestras querellas penales. También lo fue la lucha contra la corrupción, que representó otra porción similar”, agregó el exfuncionario. Federici no ha sido citado a declarar en la causa y su gestión ha negado haber cometido irregularidades en el control de los bancos.
Ante la consulta de elDiarioAR, una fuente del HSBC dijo que cuando el banco autorizó la apertura de la cuenta de Chirizola no se conocía su conexión con Mi Sangre. “El movimiento de fondos se ajustaba con el perfil del cliente y las operaciones no fueron por montos elevados, por esas razones no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechoso (ROS)”, agregó una fuente del banco. “Otros bancos sí reportaron a este mismo cliente porque había manejado montos más elevados”, agregó el representante del HSBC ante la consulta.
En 2012, Chirizola movió en una sola transferencia unos $500.000, según una fuente de la investigación, monto que ratificó el HSBC ante la consulta. En dólares, al valor actual, esa suma equivaldría a alrededor de $50.000.000. En Consejo Asesor tuvo en cuenta que otros bancos que también habían tenido a Chirizola como cliente sí habían reportado sus operaciones como sospechosas.
El movimiento de fondos se ajustaba con el perfil del cliente y las operaciones no fueron por montos elevados, por esas razones no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechoso (ROS).
Durante los interrogatorios, los miembros del Consejo Asesor no afirmaron que Federici hubiera demostrado interés en el caso del HSBC o que hubiera presionado a los miembros del Consejo Asesor para que opinaran en un sentido y otro, según afirmó una fuente directa del expediente.
Sin embargo, al menos dos de los funcionarios de la UIF que declararon ante el juzgado de Rodríguez y la fiscalía de Mangano coincidieron en que la decisión de Federici fue una excepción a la regla, ya que el entonces titular del organismo antilavado decidió optar por la vía contraria a lo que recomendaba el Consejo Asesor. Esa conducta sólo se repitió otras dos veces durante la gestión del exfuncionario, agregaron algunos de los testigos.
“La decisión de no imponerle una sanción al banco en este caso se basó en la opinión técnica de toda la línea de la UIF (Dirección de Supervisión, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador y Dirección de Jurídicos). La opinión de la línea estuvo basada en que de acuerdo a las pruebas recopiladas en la instrucción del sumario se logró determinar que el sujeto obligado había obrado conforme a la normativa aplicable”, afirmó Federici a elDiarioAR.
“El cliente en cuestión había operado conforme a su perfil transaccional, de manera justificada, con respaldo sobre el origen de sus fondos, y sin levantar sospechas”, aseguró el extitular de la UIF. Según Federici, los argumentos de la línea técnica “contaba con fundamentos mucho más sólidos que la opinión del Consejo Asesor y, por lo tanto, en uso de nuestras facultades, optamos por seguirla”.
La propuesta de eliminar el Consejo Asesor de la UIF fue formulada por el Ministerio de Economía en 2019 a través del proyecto de ley de presupuesto porque nos encontrábamos en un proceso de ajuste fiscal,
Federici también sostuvo que, al momento de las operaciones bancarias, el HSBC “no tenía conocimiento de la existencia de una imputación penal contra el cliente, por lo que no tenía como saber de sus presuntos vínculos con actividad delictiva”. Afirmó también que su gestión sancionó en una oportunidad a dicho banco por otro caso.
Sanciones al banco y ejecutivos
La actual gestión de la Unidad de Información Financiera retomó el expediente por el caso Chirizola, que había sido iniciado en diciembre de 2015, durante el final de la gestión kirchnerista. El caso fue tratado nuevamente en 2020 y el organismo, ahora a cargo de Carlos Cruz, dictó una resolución mediante la que se sancionó tanto al HSBC, a su oficial de cumplimiento contra el lavado de activos y a otros cuatro directores que actuaron durante los años de los hechos investigados, según la resolución publicada por la UIF. Todos fueron sancionados con una multa de $550.000 a cada uno por “deficiencias en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, explicó una fuente del caso. Por cuerdas paralelas a estas sanciones, tramita la causa penal en la Justicia federal que se centra en el proceder del extitular del organismo.
El Consejo Asesor de la UIF está integrado por siete funcionarios de distintas áreas que analizan los casos de presunto lavado de activos y emiten una opinión antes de que el organismo tome una decisión, explicaron fuentes del caso. La opinión de estos expertos no es vinculante, pero no es habitual que las autoridades de la UIF se aparten de sus recomendaciones, explicaron dos fuentes directas de la investigación penal.
Federici desoyó al Consejo Asesor pero basó su decisión de no sancionar al HSBC en un dictamen del área de Asuntos Jurídicos de la UIF. Según los expertos que declararon ante la Justicia ese dictamen se basó en gran parte en los argumentos presentados por el HSBC ante el organismo para defenderse de la posible sanción y además “excedió las facultades de Jurídicos”, ya que opinó sobre el fondo de la cuestión analizada.
Los miembros del consejo declararon que la decisión que habían tomado para sancionar al HSBC estaba bien fundada y demostraba que el banco omitió reportar las transferencias de dinero realizadas por Chirizola.
“Los miembros del consejo declararon que la decisión que habían tomado para sancionar al HSBC estaba bien fundada y demostraba que el banco omitió reportar las transferencias de dinero realizadas por Chirizola”, dijo a este medio una fuente que accedió a las testimoniales.
Tras estas testimoniales, la fiscal Mangano analiza nuevas medidas de prueba a partir de las testimoniales, afirmó una fuente directa del expediente. La fiscalía buscará hacerse de las agendas de trabajo para analizar las reuniones que se realizaron en torno al caso dentro de la UIF y solicitará los expedientes de los otros dos casos en los que el entonces titular de la UIF también optó por desoír al Consejo Asesor, como señalaron algunos de los testigos durante sus declaraciones.
Estos dos expedientes, que se basan en casos distintos a los de Chirizola, servirán para comparar el proceder de Federici con el caso que se investiga en esta causa.
Las testimoniales incluyeron otro punto. Tras el caso que enfrentó a la cúpula de la UIF con el Consejo Asesor en 2018, el Ejecutivo de Mauricio Macri buscó eliminarlo del organismo a través de una modificación en el proyecto de ley del Presupuesto, que finalmente no fue aprobada en el Congreso en aquel momento. El hecho fue mencionado por algunos de los testigos.
El HSBC no tenía conocimiento de la existencia de una imputación penal contra el cliente, por lo que no tenía como saber de sus presuntos vínculos con actividad delictiva.
“La propuesta de eliminar el Consejo Asesor de la UIF fue formulada por el Ministerio de Economía en 2019 porque nos encontrábamos en un proceso de ajuste fiscal”, respondió Federici a este medio, y “el Consejo Asesor representaba un gasto importante para el Estado (7 sueldos de subsecretarios de Estado)”. “Se ponderó el hecho que las opiniones del Consejo no resultaban vinculantes y por lo tanto su aporte no resultaba determinante. La UIF no se opuso a la propuesta porque, francamente, los Consejos Asesores no son bien vistos por la comunidad internacional”, afirmó el exfuncionario.
“Las UIF deben actuar de manera autónoma y operativamente independiente, y como los consejeros representan a organismos del poder Ejecutivo -al que también pertenece la UIF-, su presencia en la UIF podría ser vista como una intromisión indebida de parte del gobierno”, dijo el exfuncionario, quien se dedica a la gestión privada desde que dejó la función pública.
Federici fue uno de los paladines de la gestión de Macri para imponer una nueva imagen de Argentina ante los organismos antilavado del mundo. El exfuncionario fue incluso designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por las Unidades de Inteligencia Financiera de los 37 países.
ED