Con el objetivo de recomponer el diálogo perdido con el sindicalismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirán esta tarde en la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT, en el marco del conflicto en Aerolíneas Argentinas y la posibilidad de un paro de transporte. La reunión, prevista para las 17, será de “agenda abierta”, pero no contará con la presencia de Pablo Moyano, el líder del sindicato de camioneros y uno de los principales representantes del ala más combativa de la central obrera.
“No tenemos una expectativa particular”, señalaron a elDiarioAR desde el Gobierno, en la previa al encuentro del que se espera que formen parte los dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, asistan a la reunión, junto a otros importantes referentes sindicales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y representantes de diversos gremios, incluyendo seguros, docentes privados, judiciales y gastronómicos.
La CGT celebró recientemente sus 94 años de existencia con un fuerte llamado a la unidad, subrayando que “solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”. Daer destacó la importancia de preservar los derechos laborales en Argentina, en un contexto cada vez más desafiante para los trabajadores. Las palabras de uno de los triunviros reflejan el clima de resistencia que se vive dentro del movimiento sindical frente a las políticas oficiales.
Uno de los temas más controvertidos en la relación entre Balcarce 50 y la central obrera es la reforma laboral impulsada por Milei pero confeccionada finalmente por el bloque de la UCR. Incluida en la Ley de Bases, el proyecto propone flexibilizar los contratos laborales, reducir costos para las empresas y facilitar el despido de trabajadores, lo que es considerado por los dirigentes sindicales como un ataque a los derechos adquiridos de los trabajadores.
En medio de este clima de conflicto, el Gobierno dio algunas señales de buena vecindad. La semana pasada, el oficialismo evitó avanzar con un proyecto de ley en el Congreso sobre la “democratización sindical”, que incluía medidas como la eliminación de la reelección indefinida, la prohibición de la cuota solidaria y la representación de las minorías en los cuerpos sindicales. Este retroceso fue visto como un intento de evitar una confrontación abierta con la CGT, aunque el ala moyanista lo interpretó como una maniobra del gobierno para ganar tiempo y dividir a la central obrera.
Quien se erigió en el último tiempo como principal interlocutor del Gobierno con la CGT fue el asesor presidencial Santiago Caputo. Gracias a un ida y vuelta entre el consultor y operadores de la central obrera, el artículo “anti-bloqueos” en la reglamentación de la reforma laboral quedó finalmente en el camino, una cuestión que significó una intensa disputa entre Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El desacuerdo entre la CGT y el Gobierno derivó en los últimos meses en dos paros generales. El último de ellos y más significativo tuvo lugar el pasado 9 de mayo, cuando el que, a diferencia del ocurrido el 24 de enero, la decisión fue no movilizar, pero sí detener las principales actividades económicas. Pararon los estatales, los bancarios y los empleados de comercio, además de que no funcionó el transporte de colectivos, ni el aerocomercial ni el de cargas, ni los subtes.
La ausencia este lunes de Pablo Moyano refleja la división interna dentro de la CGT, donde coexisten distintas visiones sobre cómo enfrentar las políticas de Milei. Mientras el sector dialoguista de la central obrera opta por una estrategia de acercamiento, el dirigente camionero y su sector mantiene una postura firme contra cualquier contacto con el oficialismo, afirmando que no negociarán bajo las actuales condiciones laborales propuestas. A diferencia de Moyano, Daer busca mantener abierto un canal de conversación con el Ejecutivo, una postura que generó tensiones con quienes consideran que el diálogo con Milei equivale a una claudicación ante las políticas neoliberales del Gobierno.
PL/MG