Jorge Néstor Vera se formó como arquitecto en Buenos Aires. En diciembre de 1983 fue designado ministro de Obras y Servicios Públicos del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego por el gobernador Ramón Alberto Trejo Noel, con quien lo unía una amistad desde la juventud. Cuando Trejo Noel falleció en el fatídico accidente del Lear Jet de la gobernación, en mayo de 1984, Vera se convirtió en el sucesor momentáneo de su amigo en el máximo cargo del ex Territorio.
Así, el ministro fue gobernador interino durante 57 días, desde el 17 de mayo al 12 de julio del 84´, y ese lapso le bastó para acceder a una jubilación ordinaria de por vida en la entonces Caja de Previsión Social.
El caso de Vera es un buen ejemplo para empezar a recorrer la frondosa historia del régimen previsional fueguino, luego de la polémica nacional que generó una nueva reforma aprobada el lunes 31 de octubre por la Legislatura provincial, que entre otros cambios permite jubilarse a personas de 55 años y llegar a haberes de hasta el 88% del sueldo en actividad.
El tema caló tan hondo que el ex presidente Mauricio Macri salió a criticar a los diputados provinciales de Juntos por el Cambio que habían votado a favor de la reforma, a la que también tildó de “una vergüenza”. En el mismo sentido se expresó la titular del PRO, Patricia Bullrich, y diputados y senadores de ese espacio político. La cuestión también generó un debate dentro del Frente de Todos, donde dirigentes como el gobernador fueguino Gustavo Melella o la diputada Mirta Tundis opinaron en defensa de la nueva norma jubilatoria.
Lo cierto es que los privilegios jubilatorios en Tierra del Fuego no empezaron con el proyecto sancionado hace algunos días, sino que se remontan a la década del 80, en especial luego del restablecimiento de la democracia. Por ese tiempo, anterior a la creación de la provincia, la ley territorial 244 permitía jubilarse automáticamente a los “gobernadores, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo territorial, legisladores, secretarios de Legislatura, intendentes y concejales municipales (…) sin límite de edad”.
En rigor había que haber cumplido un período constitucional, pero la propia ley aclaraba: “salvo el caso de interrupción institucional del período o fallecimiento del propio funcionario o del que lo haya designado y que, por dicha razón, automáticamente cese en sus funciones, que serán considerados como períodos completos”.
La norma abarcaba también a los funcionarios designados en cargos políticos, a los que para jubilarse se les pedían requisitos mínimos como “25 años de servicios en la actividad pública o privada, continuos o discontinuos” o haberse desempeñado “durante por lo menos el 50% de un período de ley correspondiente al funcionario que lo designó”, como consignó la ley 291 de 1987.
Otras modificaciones más severas llegaron a exigir “10 años de desempeño en la administración territorial” o 10 años de residencia en la isla.
Ese sistema duró hasta 1990, y aunque la Constitución provincial, sancionada en 1991, prohibió expresamente “el otorgamiento de beneficios previsionales que signifiquen privilegios”, lo concreto es que el festival jubilatorio se reservaba nuevos y numerosos capítulos, algunos responsables de crisis económicas sucesivas y otros de hechos de corrupción, lisa y llana.
Mientras la cantidad de jubilados era ínfima respecto de los estatales en actividad, los privilegios pasaban desapercibidos, incluso, cuando abarcaban a los haberes más abultados.
Por ejemplo, un informe realizado en junio de 1999 por directores de la Caja reveló que “de las 851 jubilaciones que paga el organismo, las 64 más altas se llevan el 20% del total del presupuesto”, lo que implicaba que ese selecto grupo ganaba más de 4 mil dólares mensuales.
La nómina de beneficiarios estaba repleta de excesos, como el caso de legisladores jubilados por la misma ley que habían votado, o los que recién jubilados ya vivían en otras provincias, como también ocurre en la actualidad.
Por entonces había unos 10 mil empleados públicos activos y un informe actuarial pronosticaba un colapso del sistema para 2015, aunque se equivocaba, porque el quebranto se produjo mucho antes.
Durante el segundo mandato del exgobernador fueguino José Estabillo, entre 1995 y 1999, la Caja jubilatoria tenía depositados 208 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego (BTF), a manera de inversión de su capital de fondos previsionales.
En ese período, la gestión de Estabillo en el BTF comenzó una operatoria de préstamos sin garantías para allegados al poder, en su mayoría empresarios o comerciantes que constituían la base electoral del Movimiento Popular Fueguino (Mopof).
Para entender la magnitud del saqueo a las arcas del banco hay que releer un pronunciamiento de la jueza de Ushuaia María Cristina Barrionuevo en la causa “Dos Santos”, dictado el 27 de mayo de 1998. Con palabras sencillas, la jueza explicó en esa oportunidad que:
-Los ex funcionarios involucrados “sólo pretendieron favorecer a sus amigos o conocidos más allegados, digitando propuestas o medidas ”más flexibles“ de las que se aplicaban en cualquier operación bancaria normal”.
-Además, “permitieron y facilitaron que los deudores insolventes y muchos de ellos incobrables obtuvieran de la entidad una ventaja indebida -un lucro- sin concertar las debidas garantías del caso, y de tal forma, obligaron abusivamente a la institución, ocasionándole un serio desequilibrio financiero” (...) “con el consecuente pago de cargos por violación a las normas del Banco Central”.
Cuando a principios de 2000, Estabillo dejó su cargo y asumió su sucesor, el peronista Carlos Manfredotti, la conclusión de todas esas maniobras fue la siguiente: en el banco no estaban más los 208 millones de dólares depositados por la caja jubilatoria.
Manfredotti unificó el Instituto de Previsión con el de Servicios Sociales, formando un megainstituto conocido por su sigla Ipauss.
Pero lo que parecía un saneamiento de la institución previsional fue apenas una puerta para una nueva, y mayor, concesión de privilegios.
El exgobernador de origen menemista impulsó la sanción de la ley 460 que creó un régimen de jubilación anticipada destinado mayoritariamente a jueces y funcionarios judiciales, con la idea de reemplazar a la cúpula judicial y conformar una “justicia adicta” al poder de turno.
Como consecuencia de esa medida se jubilaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, camaristas y jueces de instrucción.
Entre los jueces jubilados con cinco años de aportes se dio el caso de algunos que directamente no residían en Tierra del Fuego, como Hutchinson, que cuando la Caja le pidió certificar su domicilio tuvo que presentar las facturas de un hotel.
En octubre de 2002, todavía con Manfredotti en la gobernación, la Legislatura volvió a cambiar el régimen previsional. No duró mucho, cuatro años más tarde, en 2006, ya con el ex gobernador Hugo Cóccaro al mando del Poder Ejecutivo, el Parlamento fueguino volvió a ceder a la presión de sindicatos y una organización llamada de “Fueguinos Autoconvocados” y sancionó la llamada “Ley de los 25 inviernos”.
La ley 721 permitía jubilarse, una vez más, a las mujeres con 45 años y a los hombres con 50, siempre y cuando pudieran comprobar 25 años de trabajo en el Estado provincial.
Ese régimen se “perfeccionó” con la modificación acontecida en 2007 mediante la ley 742, que mejoró el haber inicial al 82% de “los mejores 24 meses de los últimos 120” de trabajo, y permitió que se recalcularan con esa fórmula de manera retroactiva todas las jubilaciones otorgadas con el sistema anterior, permitiendo también “compensar el exceso de servicios con el faltante de edad”.
El resultado fue una bomba perfecta que le explotó en las manos a la primera gobernadora mujer del país, Fabiana Ríos, que gobernó entre 2008 y 2015 sin que la Legislatura aceptara nunca tratar los doce proyectos de reforma que su gestión envió en ese período para intentar morigerar la crisis del sistema.
En esos años se pagaron los haberes jubilatorios en cuotas y las finanzas de la provincia estuvieron atadas a la emergencia económica previsional.
“Durante la transición entre el Gobierno anterior y el mío se hicieron al menos seis reformas previsionales. Y durante los ocho años de mi gestión, la Legislatura no tuvo ninguna actividad en relación al régimen previsional, a pesar de que fueron los años con mayor cantidad de jubilaciones. Presentamos doce proyectos de reforma y ningún sector, ni político, ni sindical, ni de jubilados, consideró que debían ser analizados”, recordó Ríos en diálogo con este medio.
La ley de los “25 inviernos” recién fue “jubilada” en enero de 2016, a poco de asumir la exgobernadora Rosana Bertone, cuando se aprobó un paquete legislativo que declaró la “Emergencia del Sistema de Seguridad Social”, la “Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones” y volvió a separar la Caja de Previsión del Instituto de Servicios Sociales, regresando al modelo de los años 90´.
Entre muchos cambios, las leyes pusieron algo de razonabilidad al sistema: se fijó una tabla para llegar progresivamente a una edad jubilatoria de 60 años tanto de hombres como de mujeres, ambos con 30 años de servicio y 20 de aportes al régimen fueguino, derogándose los “25 inviernos” y la jubilación sin límite de edad para los docentes. También se crearon aportes extraordinarios y un Fondo de Sustentabilidad del Sistema.
“En ese momento los jubilados recurrían a amparos judiciales para cobrar sus haberes, y la totalidad de los aportes y contribuciones no alcanzaban para hacer frente al pago mensual de las jubilaciones. Las leyes de 2016 devolvieron previsibilidad al sistema”, señaló Rubén Banjhe, ex presidente de la Caja de Previsión durante el gobierno de Bertone.
A partir de entonces las cuentas de la Caja se estabilizaron y los jubilaron comenzaron a cobrar en tiempo y forma, hasta que la presión de sindicatos, en especial los docentes (Sutef y ATE) llevaron a la reciente reforma que volvió a flexibilizar las condiciones jubilatorias y a generar un nuevo manto de incertidumbre sobre el futuro de las arcas previsionales fueguinas.
Según Ríos, el abordaje de esta reforma “no fue integral. No había informes actuariales ni información pública disponible sobre el tema. Se circunscribió la discusión, se cerró el debate y se lo acotó en el tiempo en un apuro no acorde a la magnitud de la reforma abordada”, dijo la ex gobernadora fueguina.
También consideró que aunque “una reforma era necesaria” hacía falta “un esquema más reflexivo” porque lo que se aprobó “tuvo que ver más con compromisos políticos”, aseveró.
Para Banjhe, en cambio, la reforma retrotrae a la época de los “25 inviernos”.
“Se jubilarán algunos miles de jubilados que en menos de 5 años no podrán cobrar sus jubilaciones. Lo que hicieron fue aprobar un ”esquema de Ponzi“ que solo se sostendrá un par de años producto del aumento de contribuciones pagadas con recursos de todo el pueblo fueguino”, aseguró el ex funcionario.
Si sus vaticinios son ciertos, el régimen previsional fueguino cerrará un círculo perfecto: el que comienza con privilegios inverosímiles, ocasiona crisis terminales, da lugar a reformas restrictivas y luego a nuevos privilegios. Todo repetido y repetido como en un bucle sin fin, aunque ocurra en el mismísimo Fin del Mundo.
GR/MG
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