La Justicia federal tiene el foco en la denominada “pista económica” en torno al caso del fiscal Alberto Nisman. En la causa por presunto lavado de activos por una cuenta bancaria en Nueva York nunca declarada por el magistrado fallecido, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi no sólo dispuso embargos preventivos sobre todos los bienes de los cotitulares de dicha cuenta (la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman; y el técnico informático Diego Lagomarsino) sino también sobre el empresario Claudio Picón. Además, ordenó la intervención de tres compañías vinculadas a éste.
Pese a que el amigo de Nisman niega estar relacionado a esas firmas, elDiarioAR accedió a los legajos de dichas empresas en la Inspección General de Justicia (IGJ). Dos de ellas no tienen movimiento comerciales registrados y una tercera dejó de informar sus balances tras la muerte de Nisman.
El 24 de noviembre último, Martínez de Giorgi ordenó intervenir durante 12 meses las compañías Palermopack Sa, Easypack Sa y Starpack SA, todas dedicadas al negocios de los envases, según los registros oficiales. El accionista en común entre las tres empresas es el hermano de Picón, Fabián. En las tres, además, Claudio Picón figura como presidente.
Los abogados de Picón dijeron a este medio que apelaron las medidas del juez, que su cliente “no tiene relación con las empresas”, “tiene todas sus cuentas declaradas” y “brindará todas las explicaciones que se requieran”.
El juez busca analizar todos los movimientos registrados de esas compañías y determinar si existen otros “bienes aún no individualizados que puedan constituir el producto o provecho del delito de lavado de activos o cualquier otro ilícito” en torno a la cuenta no declarada de Nisman y su patrimonio bajo investigación, según un escrito del magistrado y una fuente judicial del caso.
Con ese objetivo, Martínez De Giorgi ordenó designar un veedor-informante en las tres sociedades, quien deberá realizar y entregar cada 30 días informes sobre la situación económica de las firmas; cómo están compuestas; sus movimientos financieros; y su patrimonio, según un escrito firmado por el magistrado.
Tras la feria de enero, la Cámara Federal porteña analizará las medidas de Martínez De Giorgi, agregó una fuente del tribunal de apelaciones.
Otro punto que motivó la intervención judicial de las empresas, según explicó una fuente con acceso directo al expediente, es que en Easypack y Starpack también fue accionista Eugenio Eduardo “Pipo” Ecke, exjefe de seguridad del Exxel Group, investigado en la causa de las “escuchas ilegales” supuestamente orquestadas por empresarios en la que intervino Nisman. Ecke fue sobreseído en dicho expediente el 2 de diciembre de 2011, según consta en la causa.
Ecke es sindicado en medios de comunicación (incluida la agencia oficial Télam) como socio del exagente de la CIA Frank Holder, quien se presenta como asesor en seguridad e investigaciones corporativas a nivel mundial con “excelente habilidad de perspectiva estratégica”. Sin embargo, en los registros oficiales no hay nexos comerciales entre ambos en la Argentina. ElDiarioAR se comunicó con exabogados y allegados a Ecke para consultar al empresario y conocer su versión de los hechos, pero todos rechazaron hablar o derivar la consulta. En los teléfonos de sus direcciones publicadas tampoco fue posible dar con él.
El juez investiga a Picón y las empresas vinculadas porque hay al menos cuatro hechos que lo unen a la investigación del patrimonio del fiscal del caso AMIA:
- El Audi Q5, modelo 2013, que manejaba el fiscal es propiedad de Palermopack SA, una empresa de la que el hombre de negocios es apoderado.
- Hizo además transferencias “sospechosas” por un total de US$72 mil a la cuenta no declarada de Nisman entre el 24 de enero de 2013 y el 19 de marzo de 2014, según consta en la información brindada por el organismo antilavado de los Estados Unidos, (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) e incorporada en la causa.
Claudio Picón no fue socio de Ecke y además no son parientes.
- Designó a la madre de Nisman como comitente de un fideicomiso armado para construir un edificio en Dorrego al 1700, según el expediente.
- En la causa por la muerte de Nisman también consta que el fiscal guardaba en su caja fuerte, en el departamento de la Torre Le Parc, un comprobante de una transferencia de Picón por US$200 mil.
Según un informe del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, la cuenta en el ex Merrill Lynch de Nueva York de la que Nisman era apoderado registró “movimientos reportados como sospechosos” por un total de US$542.775, realizados entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014, según la traducción del informe incorporado a la causa, entre ellas las realizadas por Picón. La cuenta se encuentra a disposición del Departamento de Bienes Abandonados del banco desde mediados de 2019, debido a que no registró movimientos significativos tras la muerte de Nisman, según confirmó una fuente judicial del caso.
Ante las reiteradas preguntas de elDiarioAR sobre la razón de dichas transferencias, la defensa de Picón no hizo declaraciones. Su abogado sostuvo que su cliente era amigo de Nisman desde hacía unos 30 años, pero no quiso ahondar sobre cómo se conocían. Agregó que Picón no tiene ni tuvo relación alguna con los servicios de Inteligencia o fuerzas de seguridad, que el vehículo Audi Q5 fue adquirido con fondos lícitos y que su cliente así lo acreditó en el expediente.
El letrado dijo a este medio que dos de las empresas (EasyPack SA y Starpack SA) no habrían tenido nunca actividad porque se crearon con el supuesto objetivo de Fabián Picón y Ecke de realizar un “emprendimiento inmobiliario”, aunque no hay referencia alguna sobre ese fin en ninguna de las 13 actas entregadas por las compañías a la IGJ, según la revisión que pudo hacer este medio.
“La vinculación comercial era entre Ecke y el hermano de Picón (Fabián) para la construcción de un inmueble que nunca se concretó con motivo de la modificación del código de edificación de 2008, que redujo la cantidad de metros que se podían construir”, se explayó el abogado.
“Claudio Picón no fue socio de Ecke y además no son parientes”, dijo ante la consulta de este medio, que supo de una frente con acceso directo a la causa que el juzgado contaría con documentación que acredita un parentesco entre ambos empresarios.
Las empresas intervenidas
Easypack SA y Starpack SA se fundaron el mismo día, el 4 de septiembre de 2006, y se inscribieron con el mismo objeto comercial: “fabricación, elaboración, recupero, distribución y comercialización de todo tipo de envases”, “distribución, importación y exportación” de los mismos. En ambas el capital inicial fue de $12.000 y sus únicos dos accionistas, según el acta de constitución de la sociedad, eran Fabián Picón y Ecke. Misma escribana. Misma sede social. Nunca presentaron balances comerciales ante la IGJ.
La vinculación comercial era entre Ecke y el hermano de Picón (Fabián) para la construcción de un inmueble que nunca se concretó
Claudio Picón no figura como accionista de estas dos empresas pero sí ingresa a partir de junio (Easypack) y septiembre de 2007 (Starpack) como presidente y director titular de ambas, según las copias de actas de directorio y de asambleas ordinarias consultadas.
El defensor de Picón también dijo a este medio que su cliente no tiene relación con Ecke desde 2008. En el caso de Easypack, las actas presentadas por la empresa sugieren que tuvo actividad al menos hasta enero de 2008. El directorio de Starpack, en cambio, siguió reuniéndose hasta al menos abril de 2013, cuando Claudio Picón renunció a la dirección de la compañía. Ecke, sin embargo, deja de figurar como accionista en abril de 2009.
La intervención busca determinar la existencia de bienes aún no individualizados que puedan constituir el producto o provecho del delito de lavado de activos o cualquier otro ilícito.
Tras las incursiones con estas dos compañías, los hermanos Picón fundaron una nueva sociedad dedicada al negocios de envases pero sin Ecke (según la documentación ante IGJ). Se trata de Palermopack SA.
En esta sociedad, Claudio Picón tampoco figura como accionista (sí su hermano, Fabián) pero interviene como apoderado y presidente de Palermopack.
El legajo de Palermopack ante la IGJ es mucho más completo que el de sus predecesoras en el rubro de los envases. Los responsables de la sociedad no sólo presentaron actas de directorio y de asamblea de accionistas sino también los balances comerciales certificados desde 2008 hasta diciembre de 2014, justo antes de la muerte de Nisman, según consta en la documentación a la que accedió este medio. A partir de 2015, Palermopack dejó de actualizar sus estados y documentos.
La compañía no tiene trabajadores, al menos de acuerdo a las consultas a las bases de Anses a través de la plataforma Nosis. Tampoco tiene sitio web. Los balances comerciales permiten ver la evolución del patrimonio de la sociedad: en 2008, arrancó con un patrimonio neto de $13.298 y para 2011 alcanzó los $868.264 de patrimonio neto, justificados según la empresa en el aumento de venta de mercadería durante 2010. A partir de 2011, Palermopack comenzó a registrar cada vez menos ventas y más pasivo, hasta perder la mitad de su patrimonio en diciembre de 2014. Para ese último periodo registrado vendió “mercadería” por $2,5 millones.
Últimas medidas
La causa por presunto lavado en torno a la cuenta no declarada estaba prácticamente paralizada desde 2017, admitió una fuente judicial con acceso directo al expediente. Fue Picón quien, indirectamente, provocó la reactivación de esta causa, cuando se presentó ante el juzgado para solicitar los legajos B del automóvil en el que se movilizaba Nisman. Ante la negativa del juzgado, el empresario apeló ante la Cámara Federal porteña.
El 13 de noviembre último, la Sala I de dicho tribunal autorizó la entrega de la documentación del Audi, pero aprovechó para instar a Martínez De Giorgi a acelerar el curso del expediente para determinar si los imputados “llevaron a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el sistema financiero legal bienes o activos provenientes de un ilícito”.
Once días después de la orden de la Cámara, el juez ordenó embargar preventivamente todos los bienes de los imputados, según consta en el escrito al que accedió este medio. También ordenó la intervención de estas compañías; cruces telefónicos; informes de evolución patrimonial de los cuatro imputados en el expediente, según el escrito al que accedió elDiarioAR.
Los embargo preventivos que dictó Martínez De Giorgi buscan recolectar prueba y preservar los bienes en cuestión, además de “evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que pudiera ser producto de un ilícito” y el eventual recupero de activos, dijo el juez en el escrito que trascendió la semana última.
Las defensas de Garfunkel, Sandra Nisman y Picón plantearon que “el organismo (estadounidense) indicó que es de carácter confidencial, sólo puede ser utilizada con fines de inteligencia, no puede servir como prueba” judicial.
Lagomarsino reiteró a este diario que el fiscal Nisman le había solicitado en 2014 que figurara en su lugar como cotitular de la cuenta. Pablo Lanusse, abogado de Garfunkel y Sandra Nisman (quienes nunca se pronuncian sobre la cuenta), apelará los embargos, confirmaron fuentes allegadas. La causa espera desde hace unos tres años que la Corte Suprema se expida sobre la posible nulidad de la prueba.
La conexión Ecke
El juez a cargo de la investigación por supuesto lavado busca ahondar en un viejo expediente para investigar supuestos nexos de Nisman con el empresario del rubro de la seguridad privada Ecke. Se trata de la causa de las escuchas ilegales que instruyó Norberto Oyarbide, según estableció el juez Martínez De Giorgi en el escrito fechada el 24 de noviembre último.
Durante la instrucción de Oyarbide, la causa de las escuchas tuvo como principal blanco al entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, luego sobreseído por el magistrado Sebastián Casanello, quien entendió que no había pruebas para responsabilizarlo, según los escritos en el expediente. La causa incluyó a otros imputados, supuestos clientes de una “banda” que realizaba inteligencia ilegal.
El empresario Ecke fue investigado como uno de los supuestos “usuarios” de la red de intervenciones telefónicas ilegales. Entonces se desempeñaba como jefe de seguridad del Exxel Group —conglomerado que se hizo cargo de parte de los negocios de Alfredo Yabrán tras su suicidio— y fue acusado de presuntamente utilizar las escuchas para espiar a competidores de la compañía. Fue sobreseído de todos los cargos el 2 de diciembre de 2011, según consta en documentos consultados por este medio.
Martínez De Giorgi ahora investiga Nisman tomó decisiones sobre la situación procesal de Ecke en esa causa, según el escrito fechado el 24 de noviembre, y solicitó la documentación en torno al caso del empresario e información sobre el rol de Nisman en el caso (si apeló o no el sobreseimiento de Ecke, por ejemplo, o si el expediente refleja que se interesó en su caso). También pidió saber si Picón estaba nombrado en el viejo expediente sobre espionaje ilegal.
ED