El oficialismo dio otro paso clave en su intención de enjuiciar a los jueces de la Corte Suprema. Este jueves logró imponer su acotada mayoría en la comisión de Juicio Político de Diputados para que sean citados en las dos próximas reuniones dos jueces federales y una serie de asesores de los cortesanos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Los creen piezas fundamentales en la trama que el Frente de Todos intenta exponer en su acusación por mal desempeño por parte de todo el máximo tribunal.
El jueves que viene deberán presentarse obligatoriamente a la comisión los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. El primero es quien recientemente archivó una denuncia por los chats filtrados entre Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad (hoy en licencia). El segundo magistrado, también hace muy poco, se declaró incompetente para investigar esa misma filtración de conversaciones por Telegram pero a partir de una denuncia presentada en La Plata por el gobernador Axel Kicillof.
La reunión de este jueves fue la primera de la etapa de investigación del jury a la Corte, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados: Rosatti, presidente del tribunal, Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Carlos Maqueda. En todo momento la oposición cuestionó las medidas de prueba solicitadas por el oficialismo, principalmente vinculadas a buscar desgastar al titular del máximo tribunal.
En ese sentido, se aprobó un pedido del diputado del FdT Rodolfo Tahilade para que se conozcan con quiénes se comunicaron telefónicamente Robles y D’Alessandro en el mismo periodo en que ocurrieron los supuestos chats entre sí, justo en la antesala a que la Corte fallara a favor de la Ciudad por la coparticipación, tal como había anticipado más temprano elDiarioAR.
También se pidió el listado de los llamados de Robles y José Torello, entonces asesor de Mauricio Macri y hoy senador nacional, cuando la Corte benefició a un represor con el “2x1”, otro de las causantes de supuesto mal desempeño de los supremos que denuncia el kirchnerismo.
La comisión hoy también aprobó que para un segunda ronda de testimonios –que podría ser el jueves 2 de marzo– deberán presentarse un nutrido grupo de colaboradores de los dos ministros de la Corte enemistados entre sí. Destaca entre ellos María Bourdin, histórica vocera de Lorenzetti. Y por el lado de Rosatti deberán dar su testimonio seis miembros de su vocalía, aunque por ahora no será el turno del mismísimo Robles. Tampoco de D'Alessandro.
Además el oficialismo hizo lugar a un pedido de la Coalición Cívica de Elisa Carrió para que en esa misma jornada sea convocado Héctor Marchi, de la secretaría general de Administración de la Corte, quien fue mano derecha de Lorenzetti y ratificado en el cargo por la actual presidencia.
“Facón”, cumpleaños y presiones
Además de los jueces federales, la comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial número 5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaría judicial número 2 Previsional. También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura.
La estrategia kirchnerista avanzó imponiendo su mayoría de 16 legisladores sobre los 30 que tiene la comisión, aunque por ahora no dio pistas de cuándo pedirán los testimonios que más expectativa generan: justamente Robles y D’Alessandro. Todos los testigos tienen la obligación de asistir al cuerpo de trabajo de Diputados, aunque pueden negarse a declarar una vez allí presentes. De no concurrir, podrían ser buscados por las fuerzas de seguridad.
“No vamos a traer con un facón a Robles y D’Alessandro, sino que tenemos muchas facultades para hacer cosas sin la necesidad de recurrir a los jueces”, expresó en un momento Tailhade para fijar posición, a lo que agregó: “Ninguna garantía está siendo vulnerada. Pero no vamos a dejar de realizar el proceso. Si Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro no quieren declarar, que vengan y lo digan. Pero que no lo hagan sus defensores ad hoc”.
La reunión duró unas cuatro horas y tuvo, por momento, duros cruces entre ambas facciones políticas y, por otros, instancias de humoradas y risas compartidas, por ejemplo, por el cumpleaños del diputado Eduardo Valdés.
“Queda en evidencia que el propósito no es acreditar el mal desempeño, sino desacreditar a los jueces”, denunció a viva voz el macrista Pablo Tonelli, que aseguró que “la comisión no tiene capacidad para intervenir comunicaciones” sin la mediación de un fallo judicial. En el FdT aclararon que el oficio de prueba es para conocer el listado de las comunicaciones, no el contenido en sí.
Como artífice de la estrategia kirchnerista, Tailhade tuve otro cruce con la oposición cuando pidió que también sea citado a declarar el fiscal Ignacio Mahiques, así como durante el proceso de recolección de pruebas se exija un video de las cámaras del hotel Four Season, donde festejó uno de sus cumpleaños el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques, al que habrían arribado juntos Robles y D'Alessandro. “Las amistades de Rosatti me importan mucho”, expresó el legislador.
“Somos custodios de un proceso que tiene que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Quieren hacer un proceso penal paralelo porque en sede penal no tuvieron suerte”, le reprochó Juan Manuel López, jefe de la bancada de la Coalición Cívica, que tiene presentado uno de los pedidos de juicio político puntualmente contra Lorenzetti.
De hecho, la legisladora Paula Olivetto denunció presiones del juez supremo ante la denuncia en su contra y anunció que hará una presentación en Comodoro Py en los próximos días. “Tarde o temprano van a tener que dar la cara”, expuso. Incluso recordó una nota publicada por elDiarioAR el domingo pasado sobre las presiones que recibieron diputados oficialistas, incluso del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
De hecho, para las rondas de testigos no serán convocados los mandatarios provinciales ni el presidente Alberto Fernández, pese a que fueron los impulsores originarios del juicio político.
MC