La Argentina atraviesa un nuevo proceso de evaluación sobre sus políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para evitar volver a caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización intergubernamental que fija los estándares internacionales sobre qué países cumplen y qué países no cumplir con las exigencias de la comunidad internacional en materia de lavado de activos.
El Gobierno de Alberto Fernández deberá presentar un primer informe técnico sobre cómo el país cumpliría con las 40 recomendaciones ante los evaluadores en septiembre, en plena campaña electoral. En noviembre, tiene que elevar un segundo informe sobre efectividad y allí cuenta con dos obstáculos, de acuerdo a las consultas realizadas a fuentes oficiales por elDiarioAR.
Uno de los obstáculos está en manos del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo envió hace un año un proyecto de ley para cumplir con las exigencias del GAFI en un objetivo central para Estados Unidos y los países de la Unión Europa: herramientas legales para ordenar el congelamiento administrativo de fondos y otros activos, antes de la intervención judicial, aunque con comunicación inmediata al sistema judicial.
A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco
El interés internacional está puesto en paralizar dinero presuntamente vinculado no sólo al financiamiento del terrorismo sino también a “la proliferación de armas de destrucción masiva”, un aditivo que permite ampliar las inmovilización de fondos ligados a Irán y Corea del Norte en Argentina. En el proyecto de ley participaron no sólo el ministerio de Justicia sino también la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía.
Existe otro obstáculo para la evaluación positiva de Argentina, sostienen en el Ejecutivo, y está directamente relacionado con el desempeño del poder Judicial. En el último informe que se presentó ante el GAFI, las autoridades publicaron que entre 2017 y 2021 se iniciaron en el país 1.386 procesos penales por lavado de activos y sólo se dictaron 58 condenas.
De esas 58 condenas, alrededor de un cuarto ni siquiera encuadran dentro de casos de gravedad: 14 son sentencias a personas que ingresaron o sacaron dinero sin declarar por las fronteras. Otras 34 fueron por activos provenientes de la narcocriminalidad. Además, el país tampoco tiene mucho que mostrar en materia de recupero de activos del lavado de dinero.
Fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien el martes último volvió a mencionar la problemática del lavado de dinero y sus sospechas sobre la supuesta inacción del poder Judicial frente al blanqueo del dinero del narcotráfico, con la problemática de Rosario nuevamente en la agenda política.
“A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco”, afirmó en un encuentro del Grupo Puebla, junto a Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper y José Luis Rodríguez Zapatero, y mientras Argentina se encontraba recibiendo a una misión de la Unión Europa que llegó el lunes a pedido del Ejecutivo para capacitar al tercer sector en la evaluación de riesgo del lavado.
Uno de los puntos que el ministerio de Justicia informará este año al GAFI es sobre la estrategia nacional de evaluación de riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, los organismos que participan en el comité fijan una lista de amenazas.
41 organizaciones criminales
El informe de evaluaciones nacionales de riesgo informó que se identificaron “41 organizaciones criminales de envergadura” en Argentina dedicadas al narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada. El narcotráfico movilizaría más de US$230.000.000 anuales en el país, de acuerdo con una estimación del informe.
Los delitos aduaneros superan los US$451.000.000 anuales.
“Extensión y falta de control en las fronteras”, “el mercado informal de cambio”, y la necesidad de reforzar “el control de personas y estructuras jurídicas, y la identificación de beneficiarios finales” de las empresas radicadas en el país son otras de las amenazas identificadas. También, la corrupción.
Lista Gris
En 2014, durante la última presidencia de Fernández de Kirchner, Argentina salió de la lista gris del GAFI, como se denomina a los países para evitar caer en la llamada “lista gris”, que habiéndose sometido a un proceso de evaluación, no lograron alcanzar los estándares exigidos.
Soria mantuvo en febrero último una audiencia con el presidente del GAFI, Raja Kumar, para informarle sobre los avances de Argentina durante 2022 en la carrera hacia octubre de 2024, cuando el plenario del organismo analice qué tan buena alumna ha sido la Argentina. Posiblemente, para entonces Alberto Fernández ya no estará a cargo del Ejecutivo, pero el GAFI evalúa a los países, no a los gobiernos.
Desde 2016, el ministerio de Justicia cuenta un área específica para el diseño y coordinación de las políticas antilavado y el cumplimiento ante el GAFI: el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, actualmente a cargo del abogado Agustín Carrara.
Dichas políticas antilavado son discutidas y coordinadas por Soria en un comité con los 14 organismos directamente involucrados en la materia: desde la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre otros.
ED/MG