La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las Ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.
El Senado debate desde este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.
Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.
De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.
También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de US$200 a 900 millones y está destinado a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.
La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.
También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.
Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se debe limitar aún más el RIGI para no perjudicar a las empresas nacionales.
Otro aspecto clave de la ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar las empresas públicas, pero ahí, ante el problema que se le planteaba a la gestión libertaria porque legisladores dialoguistas rechazaban la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA), el oficialismo anunció en plena sesión de este miércoles que sacaba del listado a las tres empresas.
Entonces, las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son Intercargo y Energía Argentina (EnArSA). En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
Otro punto clave es la reforma del impuesto a las Ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban $1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y $2,3 millones de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.
El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22% en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi $2.2 millones brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de $2.8 millones de sueldos brutos.
El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos 10 años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.
Uno por uno, los puntos clave de los proyectos clave para Milei
Con información de agencias.
IG