El Senado tratará este jueves la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena, el marco legal que protege a las comunidades de ser desalojadas de los lugares que ocupan desde tiempos ancestrales. En medio del conflicto mapuche en Río Negro la votación en el Congreso se transforma en decisiva respecto de lo que pueda suceder en adelante con los reclamos por la tierra. En 2006, cuando fue promulgada la norma, el Estado asumió el compromiso de relevar en tres años a todas las comunidades que existen en el país, pero aún resta casi el 60% del total.
En menos de un mes, el 23 de noviembre, vence la tercera prórroga de la ley 26.160 y si no recibiera los apoyos para extenderla, la situación de los pueblos originarios respecto a sus territorios podría tornarse muy frágil. Al caerse el marco legal ya no tendrían una garantía que impida desalojos de esos espacios de tierra. Si bien los derechos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, la ley de emergencia termina siendo la herramienta que esgrimen las comunidades cuando las justicias provinciales los desconocen o cuando se producen conflictos como el de Río Negro.
La ley, promulgada en 2006, fue producto de un acuerdo para darle respuesta a la situación de emergencia territorial de las distintas comunidades durante un plazo de cuatro años. Se redactó como una ley de excepción y desde entonces se refrendó en 2009, 2013 y 2017. La última vez fue votada sin presupuesto, con lo cual los trabajos de relevamiento fueron prácticamente discontinuados por faltas de recursos para hacerlos.
En medio de la discusión por los incendios en el Bolsón y Bariloche, esta semana el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que garantiza los derechos de los pueblos originarios y que depende del Ministerio de Justicia, emitió un pronunciamiento público para reclamar a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras “que avance en un convenio para cumplir con el relevamiento indígena” que fija la 26.160. Además de pedir que se investiguen los hechos, el INAI exigió que se tome la ley para trabajar junto a las comunidades un “abordaje de los temas conflictivos”. Recordó también que lo mismo que se le pide a Río Negro ya fue acordado en otras provincias como Santa Fe, Neuquén, Jujuy, Chaco, Salta, Misiones y San Juan. Para la resolución de los problemas que vienen surgiendo, resulta decisivo que se mantenga y se profundice ese status legal.
El texto de la ley se declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos de desalojo de las tierras. También ordena “un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.
En la noche del miércoles, desde el Frente de Todos, le aseguraban a elDiarioAR que conseguirían los votos necesarios para la prórroga. La caída de la norma podría generar un agravamiento de las tensiones con determinadas comunidades, en un momento en el que el Gobierno no quiere tener nuevos frentes. Luego los tiempos empezarán a correr en Diputados, donde hay tiempo hasta el 23.
En la Argentina hay cerca de 1.760 comunidades indígenas, de las cuales a 1.015 no se les terminó el proceso de relevamiento territorial, según información del INAI. Esto equivale al 42% del total, lo que demuestra un retraso en la mayoría de los casos, algo que también alimenta el conflicto porque las comunidades sin relevamiento tienen mayores obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho sobre el espacio en que viven.
“Es fundamental que la ley se prorrogue. La ley les tiene que dar seguridad jurídica a las comunidades. Los relevamientos contienen dictámenes antropológicos, que muestran la historia de esa comunidad y cuál es el territorio donde fueron despojados. Aporta mucho en materia de prueba y constituye una herramienta de paz contra la criminalización que se hace de las comunidades. Es la base para discutir los derechos sobre las tierras que se ponen en discusión. Si no damos ese primer paso de conocer esas historia es difícil que hablemos de seguridad jurídica para esos territorios”, explica María José Venancio, abogada del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, quien además señala las dificultades que hay para que en distintos lugares del país se cumpla con la ley: “En lugares como Río Negro, la provincia y su poder judicial decidieron desconocer la ley y avanzar en la criminalizar a las comunidades. Hay varias provincias que se niegan a firmar el convenio. Los gobernadores se oponen a que se haga el relevamiento de manera centralizada. Allí el poder judicial desconoce y ordena los desalojos y no funciona como garante sino todo lo contrario”.
Algunos números sirven para graficar la situación en las provincias. En Chaco hay 112 comunidades y a solo 21 se le completó el relevamiento; en Formosa una sola de 160, en Chubut, 41 de 106; en Salta 205 de 509; en Jujuy 163 de 297 y en Buenos Aires, 23 de 52. En el mejor de los casos señalados se acerca al promedio general de relevados, pero en muchas otras prácticamente no hay relevamientos.
Estos incumplimientos tienen costos en materia de responsabilidades del Estado argentino y son señalados por los organismos internacionales. Por ejemplo, tras más de 20 años de litigio, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat a reclamar por 400 mil hectáreas en el Departamento Rivadavia, en Salta y declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan esa zona.
AM