La multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre lejos estuvo de mover al gobierno de Javier Milei de su intransigencia. En las últimas horas, tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario, desde el oficialismo concedieron que los que salieron a la calle se expresaron “legítimamente”, pero que ese reclamo se vio empañado por sectores que lo hicieron con alguna intencionalidad política de fondo. Por su parte, en el ámbito universitario creen que los recortes en los recursos van más allá del mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responden a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.
Ante la consulta de elDiarioAR, en La Libertad Avanza consideraron que la protesta del miércoles pasado fue menos espontánea y “más chica” que la anterior, que tuvo lugar en abril. Más de cinco meses después, el oficialismo reaccionó de la misma manera: redoblando la apuesta en su disputa con el mundo universitario y poniendo al frente de esa cruzada al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro “Galleguito” Álvarez, que en los últimos días salió a reivindicar públicamente su rol de soldado en la “batalla cultural” encabezada por Milei.
“Yo estoy seguro de que en la marcha hubo un montón de gente que fue de muy buena voluntad y que se arrepintió de ir cuando vio los monstruos con los que estaba rodeada”, lanzó el miércoles por la noche durante un debate televisivo en TN con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. En abril, con el conflicto en plena ebullición, Álvarez había sido apartado de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas, de la mano de alguien que se convirtió en su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria: el todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo.
Hijo del histórico Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador en los 70 de la agrupación peronista Guardia de Hierro, este profesor de Ciencia Política de la UBA goza de línea directo con la mesa chica del oficialismo, una conexión incluso mayor que la del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. Este jueves, sin ir más lejos, pocas horas después de la marcha, Milei compartió un almuerzo junto a él y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto de respaldo total hacia ambos.
Amenaza de arancelamiento
“Queremos que quede clara nuestra postura de no movernos de nuestro objetivo del déficit cero”, apuntó esta semana una fuente de Casa Rosada, con el mantra del equilibrio fiscal abajo del brazo. Sin embargo, más allá de las definiciones macroeconómicas, en las filas del oficialismo no esconden que una decisión como la del veto a la ley de Financiamiento Universitario se trata sobre todo de una postura que busca demostrar “firmeza” política.
El último capítulo de esa cruzada tuvo lugar el jueves por la noche, cuando el Gobierno dejó trascender que ya tiene decidido avanzar con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas y que no cuenten con residencia en el país. La iniciativa sería enviada al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa del proyecto que pretende presentar Milei para saber a qué universo se dirigirá puntualmente.
“Cuando decidí venir a Argentina a estudiar, lo hice porque sabía que aquí podía obtener una educación de calidad a un costo razonable”, comenta Clara, una estudiante ecuatoriana que cursa el segundo año de Veterinaria en la UBA. En diálogo con elDiarioAR, se mostró preocupada por eventualmente tener que pagar una cuota adicional por ser extranjera. “No sé cómo haría para cubrir esos gastos”, agrega, algo angustiada.
La semana pasada, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.
Esteban es paraguayo y estudia en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). “Para los extranjeros ya es un problema mantenerse en el país. Agregar una cuota solo haría las cosas más difíciles”, se lamenta, para después aclarar que reside en Posadas hace cuatro años, pero que toda su familia es de la ciudad de Encarnación. “Muchos no tienen las mismas facilidades que un argentino, y si encima imponen barreras económicas, creo muchos tendrían que abandonar sus estudios”, añadió.
Desenlace abierto
El Gobierno afirma que el diálogo con las autoridades educativas nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas y a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, niega que esto haya sido así y cruzan a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso.
Los últimos días volvieron a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, al igual que el miércoles pasado, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. Un dato sorprendió en aquel entonces a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. Cerca de Milei acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que enfatizar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.
Pero poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que habla de aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo de la docencia tuvo una pérdida del 32,2% de noviembre a julio.
“Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó Álv/arez esta semana para justificar el veto presidencial, y denunció que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”. A las puertas del debate legislativo del Presupuesto 2025, la posibilidad de que la oposición logre revertir el veto de Milei en el Congreso es una amenaza real para el Gobierno. La “muralla” de diputados aún no está garantizada y el reloj corre de cara a la sesión del próximo miércoles.
PL/DTC