Los Pérez Companc, dueños de una fortuna de 2.700 millones de dólares, lograron validar una estructura de sociedades en Delaware y Uruguay para reorganizar su patrimonio. Entre 2011 y 2018, una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) avanzó para establecer si estas compañías buscaban que la familia no pague impuesto a las ganancias por las rentas que recibían de sus inversiones en el extranjero, como informa este domingo elDiarioAR. A pesar de las conclusiones de dos áreas operativas y un departamento jurídico, el caso se resolvió a favor de los empresarios en 2018, tras la intervención de funcionarios de AFIP de la gestión de Cambiemos.
Hasta 2009, Gregorio “Goyo” Pérez Companc, padre de los actuales accionistas del grupo, tenía su patrimonio en bonos de Austria, ya que hasta ese año Argentina tuvo un acuerdo con el país europeo para evitar la doble tributación, según explican los documentos del fisco. Eso permitió a Gregorio Pérez Companc, entre otros, trasladar gran parte de su patrimonio a bonos de aquel país para evitar pagar el impuestos personales en Argentina, según explica el dictamen de la Dirección General Impositiva (DGI) de junio de 2018.
Sin embargo, a partir de 2009, el acuerdo perdió vigencia y fue entonces cuando Gregorio cedió gran parte de su patrimonio en vida a sus hijos de manera directa a través de una estructura de sociedades en Delaware y Uruguay, estableció la DGI.
Tras el análisis de copias de los dictámenes y la consulta a funcionarios y exfuncionarios del fisco que tuvieron acceso a los documentos y al caso, el miércoles 2 de diciembre, elDiarioAR envió unas primeras ocho preguntas a voceros de la familia Pérez Companc para profundizar sus planteos ante la AFIP y ahondar en su versión de los hechos.
En Argentina, (los hermanos) han tributado el impuesto a las ganancias a la alícuota máxima del 35% por la percepción de fondos provenientes de sus sociedades anónimas uruguayas.
El grupo respondió siete días después, por escrito, en unos 2.800 caracteres. Sostuvo que los técnicos que elaboraron el informe de la fiscalización e investigaron el caso entre 2011 y 2018 llegaron a una “conclusión incorrecta”. “En Argentina, (los hermanos) han tributado el impuesto a las ganancias a la alícuota máxima del 35% por la percepción de fondos provenientes de sus sociedades anónimas uruguayas”.
Sin embargo, en los informes de dos áreas de fiscalización y el departamento jurídico de la DGI, los investigadores dejaron asentado otro escenario: “Del análisis de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del fiscalizado por los años 2010 a 2015 emerge que el mismo no tributa impuesto por sus inversiones de fuente extranjera”, resalta uno de documentos jurídicos sobre Jorge Pérez Companc.
Ante la repregunta de elDiarioAR, el grupo aclaró: “Todos los dividendos y rescates de capital que se hicieron desde la creación de esta estructura fueron reconocidos y por lo tanto se gravaron al 35%”. “Después cada contribuyente tiene gastos que absorben en todo o en parte esa utilidad y de ahí sale determinado el impuesto efectivo a ingresar al fisco”, agregó su portavoz.
Después cada contribuyente tiene gastos que absorben en todo o en parte esa utilidad y de ahí sale determinado el impuesto efectivo a ingresar al fisco.
Según la fiscalización, Jorge Pérez Companc declaró ingresos “relevantes” de sus utilidades en el extranjero sólo durante dos años del periodo investigado (2012 y 2014) por montos de varias decenas de millones (las cifras exactas se reservan por tratarse de datos privados). Sin embargo, los investigadores nunca pudieron determinar si eran dividendos cobrados de la sociedad uruguaya, debido al archivo del caso, explicó una fuente del expediente que pidió reserva en el marco del secreto fiscal.
En 2010, 2011, 2013 y 2015, las deducciones declaradas por Jorge Pérez Companc superaban sus ingresos, por lo que el empresario tampoco tributó ganancias por estas rentas del extranjero, según resalta el primer dictamen jurídico. Es decir que, en esos años, uno de los hombres más ricos de Argentina declaró ante el fisco quebranto o pérdida.
Sobre “los gastos (deducciones), el fisco no los ha cuestionado en todos estos años”, sostuvo el grupo. Uno de los técnicos de la DGI que trabajó en el caso entre 2011 y 2018 sostuvo que cuando quisieron ahondar en esas pruebas, el caso se archivó.
“Muchas veces, las pruebas no son suficientes para derribar estas estructuras”, dijo otro de los funcionarios de AFIP que trabajó en el dictamen final del caso que avaló la posición de Pérez Companc.
Durante su investigación, los contadores y abogados de la DGI consideraron que “la sociedad uruguaya funcionaba como un velo que no le permitía analizar los verdaderos ingresos que el empresario recibía de la sociedad en Delaware”, sostuvo una fuente del organismo con acceso directo al caso.
Muchas veces, las pruebas no son suficientes para derribar estas estructuras.
“Al igual que Santa Margarita, las sociedades uruguayas no persiguen ni persiguieron un fin de eludir tributos”, dijo un vocero del grupo. “Se optó por una estructura societaria ‘transparente’, en el sentido de que las participaciones se detentan en forma nominativa, que son fácilmente constatables por terceros”, respondió un vocero del empresario Jorge Pérez Companc.
ED