El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió hoy a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la denuncia presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro y la abogada del partido Mariana Chiacchio, reclamaron, además, por una medida cautelar para suspender su aplicación “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
En la denuncia presentada ante el Juzgado Federal de María Servini, el MST pidió una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” ya que es una iniciativa que “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
Según especificaron, el protocolo que se buscará aplicar en la próxima movilización prevista para el 20 de diciembre viola derechos políticos ya conquistados. “Penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”, detallaron.
Advirtieron también que la aplicación del protocolo implicaría “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”. “Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son fundamentales para que los individuos y los grupos de individuos participen en los asuntos públicos”, plantearon desde el MST.
Como ya habían señalado otras organizaciones sociales como el Polo Obrero y Barrios de Pie, este intento de “criminalizar la protesta” constituye un “grave peligro democrático”. “La represión, criminalización, espionaje y persecución a las personas y organizaciones que se movilicen en el espacio público, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, centros de estudiantes o vecinos/as por parte del PEN (...) contraría el núcleo del sistema democrático vigente”, argumentaron.
Fierro y el dirigente Alejandro Bodart rechazaron el protocolo y lo calificaron de engendro represivo e inconstitucional. “La ministra de Seguridad dice 'fuera de la ley nada', pero con su resolución pretende atropellar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que garantizan los derechos democráticos de reunión, petición a las autoridades y libertad de expresión”, expresaron.
ACM con información de agencias.