La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales en la causa por la obra pública de Santa Cruz y advirtió que se construyó “un relato” que, no obstante, no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.
De Vido fue acusado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como “organizador” de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a través de un mecanismo de corrupción que se montó en torno a la obra pública en Santa Cruz.
Pero Maximiliano Rusconi explicó que el grupo de Lázaro Báez recibió el 0,3 por ciento del total de la obra pública en el gobierno 2003 – 2015 y que en la escala de empresas que obtuvieron contratos en ese período ocupó el número 36.
El letrado cuestionó “el relato que pretendió instalar el Ministerio Público fiscal” y advirtió que el Poder Judicial “no puede evaluar las políticas públicas”.
Su colega, Gabriel Palmeiro, avanzó sobre esa cuestión y denunció que “los fiscales segmentan y ocultan parte del funcionamiento” de la estructura de gobierno para sostener la imputación “porque si no es más obvia y evidente la licitud de las intervenciones y las firmas de De Vido”.
“Las imputaciones genéricas formuladas por los fiscales sobre la participación de De Vido en esta causa están absolutamente vacías de contenido”, insistió Palmeiro.
En ese contexto, consideró que “lo que firmó De Vido no encuadra en ningún tipo penal” y reivindicó que todo lo hizo “dentro de sus funciones y de lo que le permite la ley”.
“Lamento spoilear el argumento final pero todas las resoluciones eran de trámite normal y legal”, subrayó.
Por su parte, Rusconi justificó que el gobierno le hubiera asignado preferencia a la obra pública en Santa Cruz, contrariamente a lo que sostienen los fiscales sobre que fue “arbitrariamente beneficiada”.
“A contrario de lo que sostienen los desinformados fiscales, el problema es trágico en la zona sur. Santa Cruz posee el 26,27 por ciento del territorio y según a datos actualizados cuando ya había comenzado el juicio, tiene un cuatro por ciento de la red vial”, graficó.
“La política de privilegiar no ha sido sólo una decisión correcta sino que no continuarla hoy en día sería criminal. (…) El privilegio estaría dado en que en Santa Cruz vive poca gente.
Esto demuestra una ignorancia de los usos sociales. Santa Cruz todavía hoy tiene que ser privilegiada“ en la construcción de obras viales, sostuvo el defensor de De Vido.
El alegato criticó que para acusar al ex ministro “se presume el dolo de modo escandaloso” y además los fiscales “ocultan y no toman en cuenta prueba de descargo”.
Rusconi afirmó que “De Vido no fue administrador del patrimonio nacional” y agregó: “Pudo haber administrado otras cosas, pero no estamos discutiendo eso. Está claro quiénes fueron los administradores, pero a De Vido no se le puede imputar esta figura, de ningún modo”.
Así, aludió a que la administración del erario en cuanto a la obra pública era resorte de los jefes de gabinete, quienes no están imputados en este juicio y los fiscales expresamente dejaron a salvo de cualquier imputación.
“¿Cuál es la acción imputable a Julio De Vido? Primero defínanme qué es lo que hizo De Vido. Eso no está; se suplanta con un relato, una matriz sureña... No juzgamos relatos, juzgamos acciones y omisiones”, insistió el defensor.
La acusación contra el ex ministro –consideró Rusconi- fue “una construcción” de los fiscales y sostenida desde un sector de la prensa: “Nada mejor para los medios que decir que un gobierno se organizó a espejo de una asociación ilícita”.
“No están claros los hechos, las normas son inaplicables, no está clara la prueba de cargo y no se ha valorado la prueba de descargo”, embistió Rusconi en la primera parte de su alegato.
El alegato de ambos continúa al menos durante toda la jornada de este martes.
Con información de NA.
IG