El oficialismo dio su primer paso en falso en el juicio político a la Corte Suprema que se desarrolla en la comisión especial en la Cámara de Diputados: admitió hoy que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamados entre el asesor principal de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño (hoy de licencia), Marcelo D’Alessandro.
La decisión la hizo pública la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político, al inicio de la quinta audiencia del proceso, en la que se esperan las primeras declaraciones testimoniales. Para hoy están citados justamente Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata), dos magistrados que intervinieron en causas sobre los chats filtrados, uno de los motivos por los que el Gobierno pidió el jury a los miembros del máximo tribunal.
“Hoy serán librados los oficios de prueba, salvo los de cruces de llamados, por lo que se van a requerir la autorización de un juez”, expuso Gaillard apenas minutos después de las 11, y se refirió a las fuertes críticas por parte del bloque de Juntos por el Cambio. “Hubo algún cuestionamiento en ese sentido y preferimos preservar el procedimiento con todas las garantías correspondientes”, agregó la legisladora.
El cruce de llamadas como medida de prueba había sido pedido por Rodolfo Tailhade. El diputado kirchnerista argumentó que el Congreso tenía facultades para ello a partir de un convenio de auditoría entre el Poder Legislativo y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema.
Tailhade había solicitado el listado de las comunicaciones de Robles y D'Alessandro en el periodo de tiempo en que la Corte elaboró el fallo que benefició a la Capital Federal en el juicio por la coparticipación, y del asesor de Rosatti cuando se firmó el fallo del 2x1 en beneficio de uno de los represores de la última dictadura.
Tras la marcha atrás oficialista, rápidamente los miembros cambiemitas de la comisión recogieron el guante. “Es auspicioso que usted reconozca que no se estaban cumpliendo las garantías constitucionales”, le espetó Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica y segundo en la comisión de enjuiciamiento.
“Las comunicaciones telefónicas se encuentran protegidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional”, detalló el diputado, y calificó el accionar del oficialismo como “una excursión de pesca que no puede ser convalidada”.
Como estrategia, JxC le presentó un escrito a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que detalla una serie de irregularidades ocurridas hasta ahora en el procedimiento, y vació la comisión en la previa a la presentación de los testigos.
“Se ha convertido al Congreso de la Nación en un órgano capaz de ejercer ‘actividades de inteligencia ilegal’”, leyó López, y antes de que todos los legisladores opositores se paren para retirarse de la sala de la comisión, concluyó: “La comisión, lejos de realizar un juicio político, tal como lo habilita la Constitución Nacional está llevando a cabo un ‘proceso penal paralelo’, produciendo prueba manifiestamente ilegal, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho”.
Ramos y Ramos Padilla
Además de la declaración de los jueces Ramos y Ramos Padilla, para este jueves fueron convocados a prestar declaración como testigos el ex titular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios; y Roberto Miguel Ángel Saggese, de la Vocalía de Rosatti.
La testimonial de Ramos fue la primera y la reunión tuvo momento de rispideces entre oficialistas y opositores, como cuando el diputado del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez requería al juez Ramos qué entendía por “filtración”: ante ello, la integrante de la bancada de la Coalición Cívica-ARI Mariana Stilman se quejó de las repreguntas. En ese momento, la kirchnerista Mara Brawer cruzó a la radical Karina Banfi por haber afirmado que la Comisión estaba funcionando como la Gestapo: “Quiero recordarle que Argentina es un país democrático y muchos de los que estamos acá, en esta Cámara, somos familaires de víctimas de la Gestapo. Le pido que no banalice sitauciones que son delitos de lesa humanidad”.
Ramos fue el magistrado que archivó en Comodoro Py una denuncia vinculada a los chats filtrados entre el ministro D'Alessandro y Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”. Al ser interrogado sobre ese tema, el juez ratificó lo actuado y reiteró que no podía apartarse de lo resuelto en su fallo.
Luego de Ramos se presentó en la comisión Ramos Padilla, quien en su momento también tuvo a su cargo una causa por la filtraciones de los chats a partir de una denuncia en La Plata del gobernador Axel Kicillof. En su momento, el juez sostuvo que sí había que investigar porque no había elementos de prueba “serios y objetivos” sobre espionaje ilegal. “Comodoro Py es un lugar donde se hacen cadenas de favores”, dijo el juez en su larga intervención, y le exigió al máximo tribunal: “Estaría bueno que la Corte ponga limites claros sobre escuchas porque a veces se usa en las causas y a veces, no se usa”.
La declaración de Ramos Padilla tuvo un contrapunto con la oposición, cuando el juez se refirió a que el ex vicepresidente Amado Boudou fue “preso político” en la causa Ciccone. La diputada radical Karina Banfi le pidió explicaciones y el magistrado aclaró que siempre se refirió como “un político preso”.
MC