A pocos días de que la Cámara Federal de Casación Penal defina si confirma o modifica la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria y uno de los hombres más cercanos a la ex presidenta, advirtió sobre un intento de proscripción judicial y política en su contra.
Según Parrilli, sectores del macrismo, junto con grupos de poder económico y medios de comunicación, estarían orquestando una serie de maniobras para debilitar y marginar a la líder del Partido Justicialista.
En declaraciones realizadas en la radio AM750, el senador neuquino anticipó que la sentencia en la causa Vialidad será condenatoria. “El fallo va a salir condenatorio, obviamente”, afirmó Parrilli, quien no descartó que se intente forzar la proscripción de Cristina Kirchner antes de fin de año. “Van a intentar proscribirla y meterla presa antes de diciembre”, sostuvo.
El senador también acusó a los medios de comunicación de adelantar el veredicto del tribunal y a los grupos de poder económico de presionar para que la Corte Suprema confirme la condena. Además, criticó la reciente legislación sobre la “Ficha Limpia”, que impide la postulación de personas condenadas por ciertos delitos. Para Parrilli, dicha ley responde a “política sucia” destinada a descalificar a la expresidenta y evitar su regreso a la política activa.
Parrilli afirmó que durante todo el proceso judicial no se ha probado la existencia de un delito en la causa Vialidad. A su juicio, las pruebas demostraron que las obras de infraestructura investigadas fueron realizadas y que los pagos se hicieron a precios justos. “Se demostró que no existía ningún delito”, enfatizó. En su lugar, la condena se basó en una supuesta comunicación telefónica entre los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, lo cual, según el senador, es un indicio claro de que el fallo no tiene fundamentos jurídicos sólidos, sino que responde a una maniobra política.
En este sentido, Parrilli calificó el fallo como “una medida política de lo más perversa y lo más antijurídica que puede haber”, al tiempo que acusó a la justicia de estar manipulada por intereses ajenos al derecho.
DM