Milei y Cristina chocan en el ajedrez judicial: jaque por la Corte, sentencia inminente y las fichas de los gobernadores

Arde el tablero judicial. La semana próxima, en paralelo al promocionado envío por parte del Gobierno de los pliegos de unos 150 pliegos al Senado para cubrir vacantes en los juzgados federales, se conocerá la sentencia de la Cámara de Casación contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. El fallo se espera para el miércoles y en terminales peronistas ya estiman que habrá “una condena fuerte” contra la expresidenta: ya en primera instancia recibió una sentencia de seis años en prisión. 

Los dos episodios están conectados porque la ahora flamante titular del PJ tiene abierta una negociación muy subterránea con Javier Milei por la demorada nominación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. En los pliegos de esa trama aparecen las sillas judiciales disponibles –incluso de una hipotética ampliación del Máximo Tribunal– y el impacto del peso de la ley sobre CFK. Como un tablero de ajedrez, la partida tiene dos jugadores centrales (Milei y Cristina), pero varias fichas en el medio y distintas fases y niveles de estrategias. 

Apertura, con la Corte

Para empezar, están las candidaturas del oficialismo a la Corte. Luego de las audiencias públicas en la Cámara alta de fines de agosto, el proceso se empantanó por la falta de acuerdo. El Gobierno creyó que iba a ser fácil convencer al kirchnerismo –que tiene la llave de los dos tercios en el recinto– con la zanahoria del actual juez todoterreno Lijo, pero desatendió acercar posiciones para el catedrático ultraconservador García Mansilla.

“Nunca el peronismo te va a votar al Opus Dei”, vaticinó una fuente con un pie en la Justicia muy al tanto de cómo se han dado esas conversaciones hasta estos últimos días. En las bancas de Unión por la Patria implícitamente subieron su precio al señalar que Lijo no era su candidato, aunque la afinidad ideológica es evidente. Cristina recela que haya sido Ricardo Lorenzetti el estratega, que negoció directamente con Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. El Presidente siempre dijo que “son los dos o ninguno”. La contraoferta peronista fue que se negocien más cargos, como los juzgados vacantes y la ampliación del supremo.

El Gobierno recogió el guante pero devolvió –palabras más, palabras menos–: “vótennos los pliegos a la Corte y nosotros les votamos ampliar la Corte a nueve”. Son las bases y condiciones que circularon entre Guillermo Francos y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio –alfil de Caputo– y los senadores kirchneristas Wado de Pedro, Carlos Parrilli y José Mayans como lugartenientes del Instituto Patria. 

Uno de los nombres que a Cristina le gustaría colocar en la Corte es el de la abogada y legisladora porteña Graciana Peñafort. Aunque no lo diga, Lijo le suena bien: el magistrado habría mostrado su buena predisposición al lograr que María Servini de Cubría rechazara la impugnación de la interna del PJ que planteó el riojano Ricardo Quintela contra CFK. La confianza es tal que Lijo llama “tía” a la jueza. 

Pero esas especulaciones chocan con las desconfianzas cruzadas: “¿Cómo sabemos que Santiago Caputo y su banda no nos va a cagar?”, planteó una fuente del lado peronista. En esa línea, un operador judicial confió: “A mí me ofrecieron sentarme con Caputo y preferí decir que no”. La sensación de hielo es compartida en La Libertad Avanza del Senado: “Faltan firmas en dictámenes y siguen siendo prenda de negociaciones. Pero todo está raro: el oficialismo, envalentonado y sin ganas de sesionar; las oposiciones, enquilombadas y con poca intención de accionar”, explicó un vocero de la cúpula libertaria en la Cámara alta, donde parece estar corrida Victoria Villarruel. La vice hace rato le bajó el pulgar a Lijo. 

Por otro lado está el PRO, que siendo aliado incondicional de Milei ve pasar por el costado las conversaciones. Mauricio Macri tiene como operador judicial a Germán Garavano, pero tiene limitada influencia en el Senado, al punto que la amarilla Guadalupe Tagliaferri (senadora por CABA) comanda la comisión de Acuerdos pero responde a Horacio Rodríguez Larreta. 

De reojo aparecen otros abiertos a meterse en la rosca. El ex Frente de Todos logró darle media sanción en el Senado a un proyecto de ampliación del máximo tribunal, que aún espera por votarse en Diputados. Llegado el caso que haya un acuerdo Milei-CFK, quien estaría disponible en la Cámara baja para aportar los porotos hacia la mayoría es Miguel Pichetto, que se mueve a todos lados con Emilio Monzó y Nicolás Massot.

En ese panorama de tablas es que Milei agita la posibilidad de designar a Lijo y García Mansilla por decreto, tal como anticipó este diario dos semanas atrás. Como hizo Macri cuando metió por la ventana a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Infló el globo de ensayo Guillermo Francos el jueves: “Puede ser analizado y considerado”. Pero en LLA no hay consenso interno. En el Senado, por caso, Ezequiel Atauche consideró ante los suyos que “el costo es altísimo”.

Más fichas en el tablero

Con el parate de esa conversación es que el Gobierno sacó la carta de los 150 pliegos para los cargos vacantes en juzgados federales de todo el país. No pareciera una jugada para destrabar la negociación por Lijo y García Mansilla, sino para complejizarla aún más: ahí tienen intereses los gobernadores, principalmente los no kirchneristas.

Como hay vacantes en la Justicia de todo el país, los mandatarios provinciales ven una posibilidad de sacar réditos propios. Por algo en la Casa Rosada desfilaron en las últimas semanas los gobernadores peronistas no-K, los del PRO y los radicales. Hay cargos sensibles como la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza (donde gobierna el radical filolibertario Alfredo Cornejo) y en juzgados de de Río Negro (está el peronista filomassista Alberto Weretilneck), Chubut (el amarillo Nacho Torres), Chaco (Leandro Zdero, de la UCR), Santa Fe (Maximiliano Pullaro, también radical) y Tucumán (Osvaldo Jaldo, ex kirchnerista).

Según una nómina que se filtró días atrás, ya hay nombres de candidatos con vínculos políticos para sillas calientes como la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, la Cámara de Apelaciones de San Martín, entre otros. Dichas nominaciones se confirmarán con el envío oficial de los pliegos que haga el Gobierno al Senado en los próximos días. En LLA adelantan que podría apurarse una sesión para el jueves, teniendo en cuenta que el 30 de noviembre es el último día de las sesiones ordinarias. 

¿Jaque a Cristina?

El deadline del 1 de diciembre es clave para el ajedrez judicial porque sería la oportunidad que aprovecharía Milei para designar a los jueces por decreto. Pero el Presidente también podría especular con no mover la lapicera, ni siquiera convocando a extraordinarias –el Congreso no puede autoconvocarse–. El condimento agregado es que al cierre del año –el 29 de diciembre– el juez Juan Carlos Maqueda cumple 75 años y se tiene que jubilar la Corte. Y si el Senado no nombra su reemplazo, el máximo tribunal pasaría virtualmente a un parate por la disputa que hay entre el duo Rosatti-Rosenkrantz y Lorenzetti. 

Como los fallos de la Corte solo salen con un mínimo de tres votos alineados, debería echarse mano a conjueces especiales, enrareciendo aún más el clima. Un operador judicial vio la situación con sumo dramatismo: “Va a quedar paralizado un poder del Estado, lo cual es gravísimo para el sistema institucional”. Esa situación, según la fuente, tendría consecuencias en la política real: al no funcionar el Máximo Tribunal, quedarían firmes las sentencias del último tribunal de alzada. Por eso se preguntó: “¿A quién va a apelar Cristina su condena por Vialidad?”. 

MC/DTC