En horas, el diálogo se bloqueó y el único interlocutor que existía entre Javier Milei y la CGT quedó a la deriva. El DNU, que entre sus 366 artículos incluyó una reforma laboral, fue el primer sablazo que astilló a Guillermo Francos, el puente político entre la Casa Rosada y Azopardo. La premeditadamente cauta marcha sindical a Tribunales funcionó como una señal de advertencia, pero con disposición a “conversar”; el megaproyecto enviado por el presidente, casi en paralelo a la movilización, fue el golpe final que aceleró el llamado a un paro nacional para el 24 de enero.
El paquete de medidas de Milei tuvo un efecto político específico: la central sindical, que atravesó los cuatro años de gestión de Alberto Fernández sin ninguna protesta, abandonó la quietud y se convirtió en el primer actor del peronismo que salió a la calle y lanzó una movilización contra el gobierno de Milei. Con una velocidad inédita, la central sindical jugó una carta fuerte y se puso al frente de la cruzada antilibertaria.
La celeridad sorprendió a muchos. El antecedente de la postura que tuvo la CGT en tiempos de Mauricio Macri y, más lejos, la condescendencia con las reformas que en los '90 hizo Carlos Menem, instalaron el concepto de que la central obrera, ahora unificada luego de tiempos con muchas versiones y ramificaciones, se anquilosó.
¿Qué pasó, para que la CGT se despierte y muy rápidamente salga a tener una posición combativa? Pasó Milei y pasó en varios planos. Uno, operativo, está referido a que Milei no accedió, más allá de los frustrados contactos con Francos, a negociar con la central sindical. En parte porque tiene una mirada dogmática y entiende, como con otros sectores, que son parte del problema. En el gobierno creen incluso que tener a la CGT como contracara y antagonista, los beneficia.
La otra, más conceptual, es que el paquete de reformas de Milei -vía DNU y vía mega proyecto de ley-, introducen cambios de fondo, muy sustanciales, en la legislación laboral. En el detalle es incluso más duro y dañino para los gremios el DNU que la megaley. Desregula, por caso, el régimen de obras sociales y las pone a competir con las prepagas, además de introducir cambios en indemnizaciones y acuerdos laborales. Pero el megaproyecto toca un punto especialmente sensible: la fórmula de actualización de las jubilaciones y la posibilidad de desarmar el Fondo de Garantías Sustentable (FGS) de la ANSeS,.
“La ley ómnibus es inaceptable porque no solo toca la cuestión laboral, sino que afecta a todos los sectores sociales”, explicaron en la CGT a elDiarioAR luego de la reunión del Consejo Directivo que decidió convocar para un paro el 24 de enero, pleno verano, desde las 12 del mediodía, acompañado por una movilización que irá hacia el Congreso de la Nación. “Quemaron a un interlocutor y bloquearon todo tipo de diálogo”, dicen voceros sindicales y ponen el foco en algo puntual: la admisión de que parece muy difícil que se pueda abrir un puente con la Casa Rosada.
Ante este escenario, las posibilidades no parecen ser muchas más que las herramientas tradicionales de la protesta sindical: movilización callejera y paro de actividades. En paralelo, se acordó llevar adelante una acción de carácter judicial, posición que se acordó y negoció con los diputados y senadores de Unión por la Patria (UxP). Se trató de una conversación para buscar puntos de acción compartida.
En la reunión de CGT del jueves hubo algunas quejas por la ausencia de dirigentes peronistas en la movilización a Tribunales. Pablo Moyano, de Camioneros, fue uno de los que expuso ese malestar. Hay una tensión latente sobre el protagonismo de cada espacio, pero, sobre todo, por los tiempos y el comportamiento para resistir las medidas de Milei. En el peronismo hay una discusión respecto de cómo reaccionar. Fue uno de los temas que se charló en la cumbre del miércoles entre diputados, senadores y gobernadores peronistas. Se busca un punto de equilibrio: entre no agotar, de un tirón, todos los recursos, pero no mostrarse demasiado quietos frente al avance de medidas de mucha dureza.
PI/DTC