Con números holgados, ayer se aprobó en el Senado el proyecto de prórroga por cuatro años de la emergencia territorial indígena, que impide los desalojos de las comunidades. Ahora pasará a Diputados donde tiene tiempo hasta el 23 de noviembre, cuando vence la legislación. En medio del conflicto mapuche en Río Negro, la votación en el Congreso se tranforma en decisiva respecto del amparo judicial que tengan esos reclamos por la tierra.
El primer paso para que se extienda la ley 26.160 fue firme, más allá de las fuertes discusiones entre los bloques. Ahora comenzarán las negociaciones para que corra la misma suerte en la Cámara Baja. Si el proyecto no recibiera los apoyos, en el contexto político provocado por los incendios de comienzos de octubre en El Bolsón y Bariloche, la situación de los pueblos originarios podría volverse incluso más endeble. Al caerse el marco legal ya no tendrían una garantía que impida desalojos de esos espacios de tierra que reclaman como ancestrales. Si bien los derechos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, la ley de emergencia termina siendo la herramienta que esgrimen las comunidades cuando las justicias provinciales los desconocen o cuando se producen conflictos como los de Río Negro.
En una sesión en la que la oposición argumentó su postura en contra a partir del accionar de distintos grupos en la Patagonia, la prórroga se impuso con 43 votos, seis más que los 37 necesarios. Hubo dos votos negativos, de los radicales Ernesto y Julio Martínez y siete abstenciones de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado, de los radicales Oscar Castillo y Pamela Verasay, del salteño Juan Carlos Romero, el sanjuanino Roberto Basualdo y la santafesina Alejandra Vucasovich.
A diferencia de lo que sucedió en la prórroga anterior de 2017, cuando no se asignó ningún presupuesto, esta vez se contempla una suma de 290 millones de pesos para el fondo especial de la ley. Esto podría relanzar el trabajo de registro de las 1.015 comunidades que no fueron relevadas, sobre un total de 1.750, según información del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cuando la ley fue promulgada en 2006 fue producto de un acuerdo para darle respuesta a la situación de emergencia territorial de las distintas comunidades durante un plazo de cuatro años. En ese momento se ordenó “un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”. Ese año, el Estado asumió el compromiso de relevar en tres años a todas las comunidades que existen en el país, pero aún resta casi el 60% del total.
El senador del Frente de Todos de Chubut, Alfredo Luenzo, se enfrentó con Ernesto Martínez de Juntos al sostener que “la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral” y reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras “terrorismo y subversivos” para referirse al conflicto en en la Patagonia, según informó la agencia Télam. “El Estado ”se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bienpensante o sensible de las causas bellas“, dijo el senador de la oposición.
Algunos números sirven para graficar la situación en las provincias. En Chaco hay 112 comunidades y a solo 21 se le completó el relevamiento; en Formosa una sola de 160, en Chubut, 41 de 106; en Salta 205 de 509; en Jujuy 163 de 297 y en Buenos Aires, 23 de 52. En el mejor de los casos señalados se acerca al promedio general de relevados, pero en muchas otras prácticamente no hay relevamientos.
Estos incumplimientos tienen costos en materia de responsabilidades del Estado argentino y son señalados por los organismos internacionales. Por ejemplo, tras más de 20 años de litigio, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat a reclamar por 400 mil hectáreas en el Departamento Rivadavia, en Salta y declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan esa zona.
AM