El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado (UCR), Eduardo Vischi (Chaco), propuso tratar el proyecto de movilidad jubilatoria con preferencia en la próxima sesión. La moción fue aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones.
De esta manera, La Libertad Avanza logró neutralizar el intento del bloque kirchnerista por tratar sobre tablas la iniciativa que viene de Diputados aprobada con dos tercios y con votos no solo de Unión por la Patria, sino también de los bloques aliados a la Casa Rosada.
El proyecto incrementa en un 8,1% los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5% para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6% en enero.
Los senadores opositores buscaban apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto en la sesión de este jueves, mientras que en el oficialista LLA bosquejaron un diagrama de trabajo que incluye expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos. Algo que lograron por 37 votos favorables.
El texto ya aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.
En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.
La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.
Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.
Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.
Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.
La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.
En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.
En el Senado, en cambio, cuando se trate el tema sobre tablas, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.
A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.
En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.
Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: a comienzos de junio, en el marco de las negociaciones con la oposición previas a la aprobación de la ley Bases y del paquete fiscal, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.
Nueva fórmula de movilidad jubilatoria: detalles y claves de la aprobación en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó a inicios de junio una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que surgió de un acuerdo entre diversos bloques políticos de la oposición, incluyendo Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Coalición Cívica (CC). Esta fórmula alternativa busca reemplazar la establecida por el gobierno de Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Es importante aclarar que para que esta fórmula entre en vigencia el texto aprobado en Diputados debe ser convertido en ley por el Senado y el presidente Milei debe promulgarlo, aunque ya ha amenazado con vetar cualquier iniciativa que surja del Congreso que afecte la caja.
Elementos clave de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
- Recomposición Inicial del 20,6%: se introduce un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU gubernamental.
- Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC): los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.
- Aumento anual adicional: una vez al año, en marzo, se otorgará un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación.
- Haber mínimo vinculado a la Canasta Básica Total (CBT): el haber mínimo se fijará en 1,09 veces el valor de la CBT del Indec de un adulto. Esto implica que un jubilado que percibe el haber mínimo pasaría a cobrar $285.000.
- Cancelación de deudas con cajas previsionales provinciales: la Anses deberá cancelar las deudas pendientes con las cajas previsionales provinciales. Además, deberá pagar las sentencias firmes a favor de los jubilados utilizando asignaciones específicas de recursos tributarios del organismo previsional, como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA, en lugar de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Contexto y Debates en la Cámara
- Oposición a la Fórmula del DNU: la fórmula establecida por el Gobierno a través del DNU sólo reconocía una recomposición parcial del 12,5% y se actualizaba por inflación. Esta fue criticada por varios diputados, que la consideran insuficiente y perjudicial para los jubilados.
- Posturas de los Diferentes Bloques: UP y algunos bloques dialoguistas buscaron un consenso para evitar que ninguna de las partes quedara sin lograr cambios beneficiosos. En cambio, La Libertad Avanza y el PRO rechazaron la propuesta de la nueva fórmula. Algunos diputados destacaron la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados sin afectar el equilibrio fiscal. Se eliminó un artículo que proponía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes, después de una votación reñida.
Impacto Fiscal
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).
Con información de agencias.
IG