¿Alguna vez pensó cómo hubiese investigado el caso cuadernos si hubiese tenido la oportunidad?
Sí, claro, pero no lo voy a decir por respeto a mis colegas.
Algunas defensas hablan de violación a las garantías constitucionales y al mismo tiempo hay quienes plantean que si no hubiesen sido arrestados, los empresarios nunca hubiesen admitido el pago de supuestos sobornos a los Kirchner...
No lo sé. Lo que sí te aseguro es que las garantías constitucionales son para ser respetadas y el encarcelamiento de una persona es algo restrictivo que se tiene que hacer en los casos excepcionales que la ley prevé. No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca.
“Quizás es una buena oportunidad para reglamentar la ley del colaborador eficaz, a la que todavía le falta una reglamentación, falta afinarla, elaborar un manual de buenas prácticas”, afirma el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en una entrevista con elDiarioAR.
En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados en tres casos en su contra que le permitieron, por el momento, evitar el inicio de tres juicios orales y públicos. Su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, dijo en declaraciones públicas que espera el mismo destino para la causa de los cuadernos, en cuyo juicio la expresidenta deberá enfrentar la acusación por presuntos sobornos de quienes fueron algunos de los empresarios más poderosos del país.
“Me parece que es una de las causas más importantes que existen y que existieron en materia de corrupción, que debe ser investigada a fondo y ojalá se llegue a buen puerto. Es una causa paradigmática por la aplicación de la ley del arrepentido, que tiene una multiplicidad de planteos de nulidad y hay que ver cómo terminan estos planteos en la etapa de juicio”, dijo Rodríguez.
“De todo esto tenemos que aprender y perfeccionarlo para que no ocurra lo mismo en el futuro. Y con esto no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor en cuanto al hecho y las pruebas”, dijo Rodríguez.
No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) forma parte de un grupo de funcionarios de la Asociación Iberoamericana de Fiscales que se encuentra realizando un especie de protocolo para el uso de la figura del arrepentido en casos de corrupción. “Es una guía práctica, tomando los problemas que hubo en los distintos países de la región, ver cómo los podemos perfeccionar como para tener una aplicación más eficiente en el futuro. Si no aprendemos de lo que nos sucedió, estamos mal”, afrmó.
“Estudiamos las causas en Brasil vinculadas con el Lava Jato y han surgido un montón de experiencias positivas y negativas”, agregó.
Desde 2016, el fiscal cumplió un rol clave en el avance de las causas del caso Odebrecht en Argentina y fue uno de los puentes con los fiscales brasileños para intentar obtener pruebas del supuesto pago de coimas de exfuncionarios a la constructora y sus socias locales, entre ellas Iecsa -entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-; y Roggio, Supercemento y Cartellone. Los empresarios locales niegan haber pagado coimas.
“En Brasil, el Lava Jato fue la investigación más importante en materia de corrupción en la región de los últimos años. La contracara son las nulidades que hubi después; el juez Moro asumiendo como ministro de Justicia (de Jair Bolsonaro); ahora renunció también el fiscal coordinador del grupo de tareas, Delton Dallagnol (para trabajar con Moro en el ministerio de Justicia). Era una investigación que en principio estaba muy sólida, muy seria, y se fue desvaneciendo”, aseguró Rodríguez.
¿Cuál es su posición sobre los tres sobreseimientos anticipados a la vicepresidenta en las causas Hotesur, Dólar Futuro y Memorándum con Irán? ¿Esos juicio se tendrían que realizar?
No puedo opinar sobre un caso concreto que no conozco porque sería totalmente imprudente y ligero. La norma general es que debe desarrollarse el juicio oral. Yo tengo ese criterio, que es el criterio que sostuvo, por ejemplo, el fiscal Marcelo Colombo, quien dijo que había que desarrollar el juicio en el caso del Memorándum, más allá de las particularidades que tiene el caso. En el caso Cunitas, antes de desarrollar su juicio oral, la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, determinó la inexistencia de perjuicio económico, basándose en una pericia. Como consecuencia de esa decisión, no se hizo el juicio oral. Ese caso sí lo conozco porque ahí intervenimos. Yo aprecio mucho a la doctora Baigún. La considero una gran colega, pero en este caso yo hubiera optado por el juicio oral, porque si bien esa pericia hablaba de una inexistencia de perjuicio fiscal patrimonial, quedaba pendiente dilucidar un eventual direccionamiento de la contratación pública. Si la causa llegó a juicio oral, por algo llegó. Salvo algo excepcional que se puede dar, debería desarrollarse el juicio oral.
ED