Con 16 años de retraso, la Legislatura de Tucumán aprobó por abrumadora mayoría la adhesión a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) que fue sancionada por el Congreso de la Nación en octubre de 2006. El camino para llegar a este día estuvo plagado de dificultades para los colectivos de distintas organizaciones que pedían que la provincia se ajuste a la normativa nacional vigente. En rigor, en Tucumán existe la Ley Provincial de Educación 8.391 del año 2010, que en su artículo 9, inciso 13, indica que en las escuelas se debe “incorporar a la propuesta educativa institucional la Educación Sexual Integral”. Sin embargo, en el ámbito de los establecimientos parroquiales, religiosos y privados, se observaron las mayores resistencias para la aplicación de la norma local que debería revertirse frente a la adhesión alcanzada.
En varias ocasiones la iniciativa perdió estado parlamentario por las resistencias de parlamentarios cercanos a sectores conservadores de la sociedad tucumana que públicamente se expresaban en contra. Entre ellos, referentes de colegios privados religiosos. En el arranque del año, ya con Juan Manzur en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, los legisladores peronistas Sara Alperovich, Gonzalo Monteros y Javier Morof presentaron proyectos para que la provincia adhiriera a la ley 26.150. La señal más clara de que ahora el desenlace podía ser distintos fue el dictamen favorable de la comisión de Salud de la Cámara, que unificó los proyectos en uno.
Esta vez, el tema bajó al recinto y se debatió durante una hora y media, en sesión extraordinaria, pero se sabía que la decisión política del oficialismo estaba tomada, con la adhesión de radicales, por lo que todo indicaba que habría ley. Y hubo adhesión, aunque con los votos en contra de los parlamentarios Raúl Albarracín (UCR) y Nadima Pecci (ex Fuerza Republicana, hoy en Juntos por el Cambio). El bloque de Fuerza Republicana que preside Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad, se retiró de la sesión antes de la votación. La deliberación de los parlamentarios tuvo como eje dos dictámenes y se aprobó el de Alperovich, de la mayoría, con un agregado del perteneciente a Monteros, de la minoría, que implicó agregar un artículo para habilitar la intervención de la sociedad civil en los contenidos dictados en las escuelas.
Antes del debate el Ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer hizo un posteo en su cuenta de Twitter en donde afirmó: “La ESI es una herramienta vital para combatir el abuso sexual, la violencia de género y la discriminación. Es clave que hoy sea ley para estar más acompañados en la tarea que venimos haciendo. Los grandes consensos democráticos y legislativos son los pilares para que así sea”.
Al salir del recinto, Albarracín y Pecci justificaron sus posturas bajo argumentos de que se busca “adoctrinar a los niños y jóvenes”, “inducir a los chicos a dudar sobre su propia sexualidad” o al “lobby supranacional dominante que utiliza al Estado como herramienta para su implementación”, al referirse el primero a documentos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y UNICEF, en donde Argentina tiene representantes.
La legisladora Alperovich también hizo su propio balance ante los medios, entre los que estuvo elDiarioAr: “La ESI es prevención, es un día histórico en Tucumán, me parecieron horribles los argumentos de los legisladores opositores que se pronunciaron en contra, sobre todo, al afirmar que la ley incentiva a la sexualidad. La Ley nacional implica que en el nivel inicial a los chiquitos de jardín se les enseñará cómo se llaman sus partes íntimas, que no es un juego y nadie los puede tocar, que no hay una sola familia que integradas por mamá y papá, sino que ya tenemos otras realidades y que se pueden aceptar tal cual. Y es clave que en el nivel primario se desarman los estereotipos de belleza para evitar el bullying, el suicidio y todo lo que sabemos que le está pasando a nuestros jóvenes”. Se espera que en los próximos días la norma sea promulgada por el gobernador interino Osvaldo Jaldo.
Más que un trámite
Tucumán, aún siendo el eje productivo, educativo y artístico del NOA, es un distrito “pro vida”, una decisión que fue adoptada por esta misma Cámara en agosto de 2018, con el apoyo de 39 de los 43 legisladores presentes, cuando el cuerpo era presidido por Jaldo. Se consideró entonces como política de Estado la defensa de la vida “desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. Esto ocurrió a seis días del debate en el Senado del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Casi una provocación, una declaración de principios, al menos de la representación legislativa local. Se desestimó así que en las Pruebas Aprender de 2017 a los estudiantes tucumanos se les consultó si había temas que la escuela secundaria debería enseñar y no aborda. La respuesta fue clara: el 56% pidió por educación sexual.
En 2019, según estadísticas del plan Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA), Tucumán y Jujuy eran las provincias con peores tasas de embarazo adolescente en el país. Pero además, el embarazo adolescente en menores de 19 años tucumanas, ya sean intencionales como no intencionales, alcanzó el 30% de los totales; mientras que el 20% de los nacimientos correspondió a madres menores de 19 años. elDiarioAr consultó a una fuente del Ministerio de Salud provincial que aseguró que estos porcentajes poco han cambiado desde entonces.
Tucumán también fue escenario en 2019 del “Caso Lucía”, la niña de 11 años que había expresado su deseo de interrumpir su embarazo porque era fruto del abuso sexual cometido por la pareja de su abuela. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, les dijo a los médicos, según sus abogados. La ley estaba de su lado pero no fue escuchada y la decisión se dilató. Mientras estaba internada en un hospital público, la niña y su familia fueron abordadas de manera ilegal por personas “antiaborto” hasta que un familiar se comunicó con abogados garantistas de derechos y el caso fue abordado por el colectivo Ni Una Menos.
Recién entonces se garantizaron sus derechos y aun cuando medió una intervención judicial, todos los médicos de ese hospital se declararon “objetores de conciencia”, por lo que el Ministerio de Salud de Tucumán tuvo que recurrir al profesionales privados, José Gijena y Cecilia Ousset, quienes realizaron el aborto. El feto murió a las pocas horas. Estos médicos fueron denunciados y tuvieron que atravesar por un calvario judicial hasta que en 2021 fueron sobreseídos. Un febrero de 2021 justicia tucumana ya había condenado a 18 años de prisión a Eliseo Víctor Amaya, el hombre de 67 años que violó a Lucía.
Mientras tanto, aún se tramitan en la justicia las denuncias por abuso sexual en contra del legislador provincial Ricardo Bussi y sobre el ex gobernador y senador tucumano José Alperovich, que ahora enfrenta el proceso sin fueros.
CC