Una semana después de que la Justicia y la Policía cercaran a una comunidad mapuche e impidieran la entrega de alimentos a sus integrantes, se produjeron dos atentados en El Bolsón y en Bariloche. El último fue reivindicado por un grupo que asegura pertenecer a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La gobernadora Arabela Carreras presentará una denuncia por “terrorismo”. Aníbal Fernández negó una intervención federal, convocó al diálogo y se reunió con organismos de derechos humanos.
Se cumplieron ya diez días desde el intento de desalojo por parte de la Policía rionegrina de la lof Quemquemtrew -en la zona de Cuesta del Ternero, El Bolsón-, que derivó en el establecimiento de un cerco que impide el ingreso de alimentos y ropa a la comunidad. Desde entonces la tensión fue creciendo, se produjeron hechos de represión en el lugar, y el acampe de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que buscan establecer un corredor sanitario para asistir a la comunidad.
En ese contexto, un Centro de Informes Turísticos por inaugurarse en El Bolsón y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche, fueron consumidos por las llamas en las últimas horas. Las autoridades provinciales confirmaron la intencionalidad, y anticiparon que presentarán una denuncia judicial por “terrorismo”, ya que el segundo ataque fue reivindicado por la RAM, Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, que se definió como “brazo político militar de las Lof en conflicto”.
En un comunicado difundido horas después del hecho, catalogaron la embestida como una “acción de sabotaje” donde fueron destruidas dos máquinas y un galpón de Vialidad Nacional, “que prestan servicio para la industria turística de la clase alta, la burguesía de Bariloche, financiado por grandes capitalistas y con respaldo del poder político de turno”.
Un integrante de la RAM confirmó a ElDiarioAr la autoría del hecho. “El enemigo conoce nuestras aspiraciones autonomistas revolucionarias ancestralistas. Es ingenuo pretender ocultarlas. Lo más maduro es expresar y dar la batalla política ideológica junto con el avance material del proyecto político, y de esta forma superar la fragmentación creada por el estado, sus cipayos y mapuche tibios”, definió el grupo en el comunicado público.
La situación generó un cortocircuito entre las autoridades provinciales y nacionales, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández negó que la gobernadora Arabela Carreras le haya requerido el envío de fuerzas nacionales a la zona del conflicto, como la mandataria había asegurado y difundido oficialmente.
Por el contrario, en diálogo con el diario Río Negro, el ministro sugirió la apertura de espacios de diálogo con las comunidades mapuche para la búsqueda pacífica de soluciones, recordó que el poder de policía les corresponde a los gobiernos locales y que “la ley de Seguridad Interior no deja que las fuerzas federales se metan en las provincias, según se les antoje. Lo define un Consejo de Seguridad y no es un tema simple. Debemos ser cuidadosos”.
Para la gobernadora, “este tipo de hechos no sólo son un ataque contra la institucionalidad de la Provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia”, manifestó Carreras, exhortando a “apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método”.
Señaló que estos hechos de violencia “no son válidos, en especial en Río Negro, donde hay una amplia voluntad de diálogo, un compromiso permanente de trabajo conjunto, la posibilidad de buscar soluciones habitacionales, posibilidades de asentamiento y un marco legal y administrativo para satisfacer las necesidades de los todos los habitantes”.
Intento de desalojo
El 24 de septiembre último, medio centenar de efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de Río Negro (COER) ingresó a la Lof Quemquemtreu, secuestró elementos como colchones, frazadas y alimentos; y detuvo a cuatro miembros de Lof Quemquemtreu. La comunidad denunció que, durante el operativo, los efectivos violentaron al menor de 8 años, Antu Morales, que luego relató: “Me apuntaron, me tiraron al piso. Me pusieron una rodilla en la espalda”.
A 30 km de El Bolsón, en Cuesta del Ternero, la comunidad había iniciado el 18 de septiembre, un proceso que denominó de “recuperación ancestral”, en tierras utilizadas décadas para veranada, que son fiscales y fueron otorgadas al empresario forestal Rolando Rocco.
Durante la represión, otros integrantes de la comunidad lograron escabullirse en la montaña, y desde entonces permanecen en el lugar, que fue acordonado por los efectivos para impedir el ingreso de personas o asistencia, por orden de la justicia. Para el Juez Ricardo Calcagno, asistirlos implicaría consolidar “la usurpación por la cual ya se formularon cargos”.
Alertados por la situación humanitaria, organizaciones de derechos humanos y la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentaron, sin éxito, primero un hábeas corpus y luego un pedido para que se abra una mesa de diálogo y se permita el ingreso de alimento y ropa de abrigo. Además, convocaron a establecer un “campamento humanitario” en la zona del conflicto, tanto para acercar asistencia como para observar el accionar policial. Pernoctan allí, cada noche, unas 40 personas.
“Con el correr de los días, la situación se va agravando porque quedó gente resistiendo dentro del territorio, a quienes no dejan ingresarles elementos básicos para la vida de cualquier ser humano”, cuestionó Romina Jones, integrante de la comunidad, desde el acampe, y planteó que teme por la integridad física “de nuestros lamien (hermanos)”. La cercanía física y temporal con otro violento desalojo hace la referencia ineludible: “No queremos que haya otro Rafa Nahuel”, explicó en relación al joven mapuche asesinado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, Bariloche. “Nos vamos a quedar en el acampe hasta que las fuerzas represivas se retiren del lugar. No podemos generar un diálogo cuando están persiguiendo a nuestra gente a tiros por la montaña”, dijo Jones.
Orlando Carriqueo, Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche lamentó que la justicia “prioriza la propiedad privada, que ni siquiera es privada, por sobre la vida”. Al respecto, en diálogo con elDiarioAr, afirmó que se trata de tierras fiscales de las que Rocco “no tiene título de propiedad ni habita” y que le fueron otorgadas como “fiscalero” pese a ser un empresario, situación que, aseveró, “está prohibida por la ley”.
Ante la continuidad de esta situación, Aníbal Fernández recibió este lunes a miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Parlamento Mapuche, que requieren la apertura de un corredor humanitario para acercar abrigo y comida a los miembros del Lof Quemquemtrew.
En ese marco, según informó la organización, el ministro “destacó su voluntad de realizar las gestiones que sean necesarias para encontrar una solución pacífica” y “hubo coincidencia también en la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo que pueda ocasionar daños físicos y psíquicos a las personas que habitan los territorios”.
Dora Riestra, referente a la APDH, participó de la reunión y expresó a elDiarioAr que Fernández manifestó “vocación y convicción de resolverlo a través del diálogo para evitar un desenlace trágico”. Dijo, además, que el ministro intentó sin éxito comunicarse en siete oportunidades con el juez Calcagno, y evaluó que en Río Negro “están instalando un contexto delicado y grave”.
En cuanto a la situación humanitaria en Cuesta del Ternero, Riestra se mostró confiada en una inminente intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la que acudieron las organizaciones para presentar el caso, que obligue a las autoridades rionegrinas a garantizar los alimentos y demás elementos necesarios para la subsistencia.
En los últimos días, la comunidad Quemquemtrew recibió el respaldo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien remitió una carta a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, advirtiendo que la comunidad mapuche “se encuentra en una situación de emergencia humanitaria a raíz del accionar de violencia del Estado que no reconoce su derecho al territorio”.
También Nora Cortiñas, titular de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó públicamente su solidaridad “con este pueblo que está sitiado en una privación de su libertad, que no le permiten entrar alimentos”. Advirtió que las Madres Línea Fundadora “lo denunciamos al mundo”, porque “queremos que sean respetados los derechos humanos de estas poblaciones, especialmente en Cuesta del Ternero”.
SR/WC