Este jueves, casi a la medianoche, el clima estaba exaltado en las inmediaciones del Tribunal Oral Penal N°1 de la ciudad de Corrientes. Un grupo de mujeres, militantes, periodistas y familiares de la denunciante esperaban la sentencia contra el ginecólogo correntino Gerardo Dahse acusado de violación por una paciente que había concurrido a su consulta en mayo de 2021, cuando tenía 20 años.
Luego de dos meses de juicio, a las 22.50, tras los alegatos de las partes y una sumatoria de irregularidades en el manejo con la prensa que cubría el caso, el tribunal integrado por Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín dio su veredicto: el ginecólogo fue encontrado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, siendo condenado a la pena de siete años de presión e inhabilitación especial perpetua. Sin embargo, Dahse no irá de manera inmediata a prisión ya que el tribunal dejó vigente la excarcelación que logró anteriormente hasta que quede firme el fallo dictado.
Mientras se daba a conocer la sentencia, en las inmediaciones del tribunal la situación era tensa. Los alegatos debían iniciar a las 15 horas. El clima se fue caldeando en la medida en que habilitaban y deshabilitaban la presencia de oyentes en el juicio. Familiares de la denunciante, cuya identidad fue preservada bajo el seudónimo de “Violeta”, así como periodistas y fotógrafos entraban y salían del reciento sin instrucciones claras.
Pasadas las 22 horas se produjo un altercado entre quienes esperaban el veredicto y la policía. Una periodista del diario Época, uno de los más populares de la ciudad, fue rociada con gas pimienta en el rostro. Un fotógrafo de Nueva Mirada corrió con la misma suerte, así como una periodista free lance que “se llevó la peor parte”, según testigos del hecho.
Tras la tensión y luego de la lectura del veredicto, la salida del ginecólogo estuvo fuertemente custodiada por decenas de policías que armaron un cordón para que pudiera subirse al vehículo que lo llevó a su hogar en el barrio Aldana, donde está fijo el domicilio legal.
Dahse tiene prohibido ausentarse de la provincia y el país sin autorización judicial. Debe acudir al tribunal cada mes a firmar un comparendo y no puede acercarse a la víctima ni contactarse con ella por cualquier medio.
Mee Too correntino
El largo camino judicial que decantó en la sentencia conocida anoche, empezó mucho antes. Las primeras acusaciones de abuso y violación contra Dahse comenzaron a viralizarse en 2021. Una denuncia anónima encendió una mecha virtual en septiembre de ese año y un mes más tarde, las organizaciones feministas locales contabilizaban 15 casos. Hoy son 22. Las denuncias en el ámbito virtual mostraban un patrón, los abusos ocurrían en el consultorio, luego de un aborto, la colocación de un DIU o un Papanicolaou, en algunos casos con las pacientes sedadas.
Se conoció entonces que el médico había sido denunciado penalmente una década atrás, pero la causa fue archivada por falta de investigación. La sobreviviente contó que luego de la violación y de la inacción judicial sufrió una profunda depresión y atentó contra su vida. Ahora se está solicitando que la causa sea reabierta por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Una tercera denuncia espera el auto de elevación a juicio, que de confirmarse volvería a colocar a Dahse en la situación de someterse a un juicio oral.
Las aristas del caso salpicaron a diversos espacios sociales. Con las denuncias replicadas en el ámbito virtual primero y en el ámbito judicial después, el ginecólogo continuaba al frente de un muy lucrativo cargo público: hasta mediados de este año era auditor de IOSCOR, el Instituto de Obra Social de Corrientes. Según la querella ese cargo fue clave en los abusos. Sofía Domínguez, abogada de la denunciante, indicó en una entrevista ante un canal televisivo local que: “Su modo de operar era ganarse la confianza de las víctimas, les hacía pequeños favores cómo atenderlas sin turno o no cobrarles algunas prácticas”.
Ahora se conoce que no presta más servicios en el instituto, sin embargo, nadie comunicó ni da cuenta sobre la condición de revista del ex funcionario.
Dahse además era socio propietario de una clínica en la ciudad de Corrientes. Desde hace tiempo, incluso antes de su corrimiento de la función pública, su nombre no figura como prestador de la institución privada.
La reacción del médico en todo momento fue desacreditar a las denunciantes.
La sentencia, el alivio
El juicio que finalizó ayer tuvo un sinuoso recorrido desde la denuncia en sede judicial en 2021. Recién en junio del 2022, el médico fue imputado por abuso. Fue detenido por cuatro meses y desde entonces logró la eximición de prisión, que permite que aun con un fallo en contra no sea detenido.
En los alegatos de ayer, jueves, la querella solicitó 10 años de prisión con inhabilitación especial perpetua y prisión preventiva. La abogada pidió que se ordene la inmediata detención y se deje sin efecto la eximición de prisión concedida oportunamente. Por su parte, el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, Jorge Omar Semhan, solicitó la pena de siete años de prisión, con inhibición especial perpetua y al igual que la querella, que se lo detenga inmediatamente y se lo traslade al penal. La defensa solicitó la absolución.
Con el barullo de fondo, el Tribunal lo sentenció a siete años de prisión, que no se hará efectiva mientras continué la eximición. El 12 de octubre se entregarán los fundamentos.
Este viernes por la mañana, la madre de “Violeta” dijo en Radio Continental Corrientes: “Estamos conformes, si bien pedíamos que sean más años, la inhabilitación de por vida es importante porque no va poder ejercer más la medicina. No va a poder molestar a ninguna adolescente, a ninguna mujer”.
“Fue un gran alivio”, agregó y recuperó una sensación que el caso ponía sobre la mesa de manera constante: “Fue un alivio que lo declaren culpable porque es tanta la impunidad que hay en Corrientes. Nosotras no somos personas con poder, ni con plata, ni con doble apellido; no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Estamos muy agradecidos a Dios porque se hizo justicia. La inhabilitación, más los siete años de condena, es lo que pidió el fiscal. Se dio un gran paso”.
Hoy “Violeta” no vive más en Corrientes. Se tuvo que ir, dijo su mamá. Queda la sentencia que confirmó su denuncia y las expectativas abiertas para los nuevos juicios.
ADR/DTC