Diego Lamagna tenía 26 años. Fue herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular. Gastón Riva tenía 30 años. Andaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un balazo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban en la zona, disparando. Carlos “Petete” Almirón tenía 30 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo.
Los tres fueron asesinados durante la represión del 19 y 20 diciembre de 2001 en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por ese caso, dos de los cinco fallecidos sólo en la Ciudad, fueron condenados tres policías de jerarquía y un funcionario público. No fueron los autores de los disparos sino quienes coordinaron la represión. La Cámara de Casación Penal confirmó hoy las penas y Enrique Mathov, quien estaba a cargo de Seguridad en aquel momento, y del exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos. Tienen un plazo de diez días para apelar, pero podrían volver a a cárcel para cumplirlas.
Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a 3 años y 6 meses para Santos, con 7 años de inhabilitación para ejercer como funcionario. El año pasado, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas y la materialidad de los hechos denunciados, pero ordenó revisar el monto de las penas, motivo por el cual el pasado 4 de noviembre se celebró la audiencia a partir de la cual falló este lunes la Sala I. Tienen diez días presentar un recurso ante la Corte Supresa de Justicia de la Nación.
Los otros dos condenados por la Justicia fueron Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en aquel momento, y Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Todos obtuvieron años de prisión efectiva cercanos al máximo que indica la ley, 5 años.
“Este es una antecedente importante en la región porque jamás se condenó a un político ni a un jefe de la Policía por ordenar y coordinar desde el Estado una represión en Democracia”, dijo Rodrigo Borda, abogado del Cels, patrocinante de las familias de Riva y Lamagna en el juicio. Esto sucede a poco más de diez días de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí se comprometió a a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares de la represión, de la que en breve se cumplirán veinte años.
AS con información de Télam.